El sacerdote Apolonio Merino Hernández denunció al arzobispo de Antequera Oaxaca, José Luis Chávez Botello, por encubrir a presuntos pederastas, como el caso del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández quien violó a más de 45 niños indígenas de la sierra norte de las parroquias de Santiago Camotlán, San Idelfonso Villa Alta y San Pablo Huitzo.
En conferencia de prensa, el sacerdote Apolonio Merino dijo que por denunciar las violaciones a menores en Santiago Zoochila Villa Alta el obispo lo destituyó de sus funciones el pasado mes de agosto de este año.
Merino Hernández señaló que luego de denunciar estos hechos el arzobispo ha ejercido sobre su persona y su familia todo tipo de amenazas como violencia institucional; intimidaciones y hostigamientos. Además de que lo ha señalado como una persona que padece de sus facultades mentales, según informa el portal de noticias oaxaqueño Página3.
Por estos motivos, Merino solicitó la intervención del papa Francisco quien en su próxima visita a México solicitará una audiencia para exigir su restitución y aplicar la ley en favor de los niños indígenas victimas de pederastia.
El arzobispo Chávez Botello, lo separó de sus funciones sacerdotales del pasado 7 de agosto, al tiempo que fue amenazado que si hacia algún escándalo público ventilarían que violó el celibato al formar su propia familia y de prefabricarle un delito por el supuesto abuso sexual a una mujer.
De igual forma, dijo, suspendió de sus servicios al diácono Ángel Noguera Nieto, quien conoció directamente del caso de pederastia cometido por del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández.
Merino Hernández relató que “siendo yo párroco de Santiago Zoochila, Villa Alta, circunstancialmente me tocó recibir y oír a algunos menores que fueron ultrajados sexualmente por Gerardo Silvestre. Una vez escuchada su queja les dije que si tenían elementos probatorios contundentes acudieran a las instancias correspondientes, señalando como primera, al Arzobispo y , en segunda, a la Procuraduría General de Justicia.
Silvestre Hernández se encuentra recluido desde 2013 por el delito de corrupción de personas menores de 18 años y hasta la fecha el Poder Judicial no le ha dictado sentencia.
