Los agentes son parte de la Policía Nacional de España y fueron encarcelados preventivamente según el dictamen del juez Emilio Lamo de Espinos, titular del juzgado número 2 de Melilla, la ciudad autónoma española en el norte de Africa, según publicó el diario.es

Los agentes explotaban sexualmente a jóvenes vulnerables a cambio de dinero y regalos. Aunque aún no han sido condenados, fueron enviados a prisión de manera preventiva por el temor de que intenten escapar o destruir las pruebas que maneja la causa, fotos sobre todo.

Uno de ellos está acusado de abuso y prostitución de menores y posesión de material pornográfico infantil. El otro de favorecimiento de prostitución de menores y elaboración de material pornográfico. El muchacho abusado testimonió incluso que uno de los policías lo mantuvo cautivo durante casi una semana en su casa, hasta que finalmente logró escapar. Según el relato de eldiario.es una vez que logró salir, el niño contó lo sucedido en la Conserjería de Bienestar Social de Melilla, lo que ocasionó la detención de los agentes.

El muchacho está a cargo de esta consejería, ya que es un migrante menor de edad que viajó solo y quedó a cargo de la tutela del Estado español. A comienzos de este año, según cifras publicadas por el diario.es, había más de 200 niños y adolescentes en los centros de acogida de Melilla, que estaban funcionando con su capacidad superada. El hecho fue admitido por el gobierno.

Melilla es una ciudad autónoma española, situada en el norte de Africa que tiene sus orillas en el mediterráneo. Es una de las puertas de entrada a Europa sobre todo de quienes vienen de Marruecos. Melilla funciona como una frontera sur de contención de la entrada de migrantes africanos a Europa, en dónde también hay una valla custodiada por soldados y policías.

La situación es más preocupante tras la puesta en vigencia de la nueva Ley de Seguridad ciudadana aprobada en España el 1 de julio pasado, que dio cobertura legal a las devoluciones en caliente. La enmienda modificó la Ley de Extranjería, decretando que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». Esta legislación fue observada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Según alertó el diario.es, la política de la ciudad autónoma de Melilla difiere en su trato a los migrantes según se trate de niños o adultos, aunque ambos sistemas de recepción y acogida públicos de migrantes estén saturados. Mientras sí se traslada a los adultos hacia el territorio de la península española, no se toma la misma determinación con los niños, que viven hacinados y como demuestra el caso del joven abusado, expuestos al peligro de la calle y de los propias fuerzas del Estado.