Uno de los juicios más importantes para la comunidad de Mezcala, en Jalisco, es el de la restitución de tierras comunales en la zona conocida como El Pandillo. En el año de 1999, un empresario de Guadalajara se apoderó ilegítimamente de más de diez hectáreas de bosque de nuestro pueblo, razón por la que las autoridades de ese momento interpusieron un juicio en el tribunal agrario.

Después de quince años de peritajes, careos y absurdos expedientes que alimentaron la demanda, el Tribunal Agrario 16 de la ciudad de Guadalajara, en septiembre de 2014, expuso la necesidad de restituir las tierras invadidas a la comunidad de Mezcala. No obstante, el empresario Guillermo Moreno Ibarra, interpuso un amparo haciéndose pasar por comunero, mediante el uso de un prestanombres (Crescencio Santana) para autodenominarse como tal y así quedarse con las diez hectáreas.

El año pasado, en el mes de octubre, el juez tercero de distrito en materia administrativa y de trabajo en el Estado de Jalisco le negó el amparo a este empresario invasor, por lo que, en resumidas cuentas, la comunidad de Mezcala lleva dos sentencias favorables para recuperar sus tierras invadidas por los grupos neoliberales, sostenidos por los tres niveles de gobierno, para construir hoteles, restaurantes y centros turísticos en la isla.

Ahora, en ese cajón administrativo se encuentra la comunidad, esperando lo que nosotros sabemos: No puede existir propiedad privada en territorio comunal.

Esos son quince años de espera, que en realidad son 17, pues ya llevamos dos años en las sentencias. Y obviamente no sólo hemos tenido que esperar, sino que a distintos miembros de la comunidad de Mezcala ha intentado encarcelar este empresario con ayuda de las autoridades municipales de Poncitlán, con el fin de de privatizar el «corazón del pueblo» que representa la isla.

En el año de 2011, este invasor construyó una represa fuera del área invadida, razón por la que los comuneros en acuerdo de una asamblea general, subieron y desmontaron un panel solar que generaba energía con el fin de llevar agua a la finca invadida. Meses después se giraron once órdenes de aprehensión en contra de pobladores de Mezcala, donde a nadie se le citó en el ministerio público de Poncitlán para declarar y poder defenderse, lo que indica que sin una averiguación previa aparecieron mañosamente las órdenes de aprehensión.

A los comuneros se les acusó de «daños a las cosas», y pasaron más de cuatro años para que la Sexta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, absolviera en noviembre de 2015 a los integrantes de la comunidad.

La realidad es que no sólo ha tenido que esperar la comunidad de Mezcala por estas sentencias “positivas”. La realidad es que han sido más de diecisiete años de confrontaciones con la policía, con el Estado, con los tribunales, con instancias públicas, con jueces, con el empresario Moreno Ibarra y su grupo paramilitar que le resguarda la finca invadida, etcétera.

La realidad es que nuestra comunidad ha resistido y ha fortalecido la idea de seguir nuestra lucha para recuperar nuestras tierras, a pesar del desgaste, del tiempo, de los juicios, del temor y del miedo que inyectan los empresarios y el Estado para obtener nuevos territorios.

La comunidad indígena coca de Mezcala, isla ubicada en el estado de Jalisco, es la única que permanece en resistencia contra la intención del gobierno y los empresarios de construir centros turísticos en la región por medio de invasiones territoriales para la apropiación de las hectáreas. Pero las repuestas del pueblo continúan. Los comuneros reafirman día con día su posición contra la voracidad del neoliberalismo, organizándose y asumiendo la postura de que las tierras son suyas, que lo fueron de sus ancestros y ahora la defensa de ellas es su responsabilidad, tal como lo hicieron en las 25 batallas en la época de la independencia.

Ellos reafirman que, simplemente, no se dejarán.