En el estudio «Nadie garantiza mi seguridad» de Amnistía Internacional (AI), se reveló que cuatro de cada 10 ataques contra periodistas en el país y personal de medios de comunicación probablemente fueron a manos de funcionarios públicos, y además señalaron irregularidades del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es decir, no estaría cumpliendo su función.

Con detalles de Nadie garantiza mi seguridad, basado en información de periodistas, se dijo que el Mecanismo presenta constantes cambios de personal, correos que dejan de funcionar, botones de pánico inservibles, discriminación por ser mujeres y madres, así como falta de seguimiento a reubicaciones y la eliminación de medidas de protección a periodistas, sin analizar la actualización de cada caso.

En 2012, se creó el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. Implementa y opera las medidas de prevención, protección y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo.

El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene irregularidades y fallas, pues comunicadores inscritos, consultados describieron su respuesta como «lenta, burocrática y carente de empatía«, mujeres periodistas señalaron que el personal minimiza los riesgos a los que se enfrentan y no tienen perspectiva de género al atenderlas.

Afirmó que, desde octubre del 2012 a noviembre del 2023, el Mecanismo de Protección registró un total 834 ataques contra periodistas, de los cuales definió que 356, es decir el 43 por ciento, habían sido obra probablemente de funcionarios públicos y 276, equivalente a 33 por ciento de actores no estatales, incluidos grupos de delincuencia organizada.

Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas, realizaron de junio a septiembre de 2023 una recopilación de respuestas a un cuestionario de periodistas inscritos actualmente en el Mecanismo, donde se recibieron 28 respuestas: 10 de mujeres y 18 de hombres, cuyos testimonios plantean «graves motivos de preocupación con respecto al desempeño del programa y ponen en relieve importantes oportunidades de mejora«.

Nadie garantiza mi seguridad, señala la urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas, por ejemplo, entre las respuestas de mujeres periodistas, enfatizaron que el Mecanismo no toma en cuenta que son responsables del sustento y cuidadoras en sus familias, a menudo como madres solteras.

Ocho periodistas han sido asesinados mientras estaban inscritos en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México en los últimos siete años, una cifra que pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer y reformar la institución, afirmaron hoy Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) al publicar una investigación conjunta.

Otras, agregaron: «el personal minimiza los riesgos a los que se enfrentan» y solo una de las 10 mujeres comunicadoras respondió que el Mecanismo tenía en cuenta el género cuando las atendía.

“Son crueles con las mujeres, muchas de ellas desplazadas con hijos pequeños y las tratan mal”, dijo una mujer periodista refiriéndose al personal del Mecanismo. Otra señaló que “no consideran si tienen o no discapacidad y cuál es esta. Les urge un curso de atención con perspectiva de género. Ser sensibles, con eso sería una gran ganancia”, expresaron.

Dijeron que “también se les brinde atención psicológica y de salud integral, a fin de que su estancia en desplazamiento o de riesgo no sea tan traumática y preocupante. Que se les den las facilidades para trámites escolares, administrativos y tributarios. Facilitarles la vida y el cumplimiento de necesidad y responsabilidades cuando sea posible”, dijo otra periodista.

“En mi caso, varios funcionarios han demostrado incapacidad, han sido groseros en el trato, llegando inclusive a abusar de mi condición de víctima, como insultarme, levantándome la voz y pidiéndome las cosas a gritos, literalmente”, decía una respuesta. “La falta de organización, de humanismo, criterios aberrantes, falta de acompañamiento para resolver con justicia expedita cada caso, carencia de coordinación interinstitucional y falta de respuesta rápida”, indicaba otra.

Quién es quién en las mentiras

A su vez, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, opinó que hay un ambiente hostil hacia la prensa, que se ha profundizado en este sexenio, incluso se ha institucionalizado, porque hay una sección llamada «Quién es Quién las Mentiras» en La Mañanera desde Palacio Nacional, diseñada para atacar a periodistas y los pone en riesgo por la narrativa hostil hacia este sector.

Por esa razón, dijo que se ha exigido a la Presidencia de la República que cese esta sección de «Quién es Quién en las Mentiras«, porque pone en riesgo diariamente la vida de los periodistas; además, ahora se incrementa como una escalada haciendo pública la información privada de los periodistas.

“Yo sí creo que desde el presidente (Andrés Manuel López Obrador), sí estamos viendo un gran riesgo para los periodistas, lo que está sucediendo en este país, en un momento donde la violencia se observa en este período electoral. No es un juego atacar a los periodistas en México. Este es un país donde los periodistas los asesinan muchísimos días al año, no es un juego y no hay nadie que esté sobre la vida de los periodistas”, expresó.

Por ello, hizo un llamado contundente a la Presidencia de la República para que deje de atacar a la prensa, que cuide su narrativa y para que proteja los datos personales de periodistas, porque asisten a la conferencia mañanera y son parte de la prensa que está registrada o de alguna u otra manera tienen información sensible.

Revelación de datos del Mecanismo

En esta investigación conjunta de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas se informó que, desde octubre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2023, el Mecanismo de Protección recibió un total 943 solicitudes de protección de periodistas y otro personal de los medios de comunicación. Sin embargo, no todas han sido aceptadas, pues el Mecanismo, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación (Segob), aprobó 762 de estas solicitudes y rechazó 181.

Algunas de estas solicitudes no procedían de personas a título individual, sino de colectivos, y hasta noviembre de 2023 el Mecanismo había acordado medidas de protección para un total de 931 periodistas: 666 hombres y 265 mujeres, se abundó en el documento.

De acuerdo con el análisis de las organizaciones, el número de rechazos ha aumentado notablemente en los últimos años, pues en el 2020 se registró uno, para el 2021 se documentaron 14. En el 2022, la cifra se disparó hasta 49 casos y para los primeros 11 meses del 2023, las organizaciones documentaron un total de 49.

A pesar del elevado número de ataques contra la prensa, desde 2012 hasta diciembre de 2023, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) logró que se dictaran únicamente 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas, incluidas amenazas, robos, tortura y homicidios, con condenas de entre 2 días y 50 años de prisión, añade el informe.

De ese total, las organizaciones manifestaron que la FEADLE sólo logró ocho condenas por asesinatos de periodistas en ese periodo, y reflexionaron sobre el hecho de que la impunidad es un factor clave en la violencia contra periodistas en México, pues la inmensa mayoría de los ataques quedan sin castigo. 

“En las contadas ocasiones en que las autoridades logran que se dicten sentencias condenatorias, suele ser contra quienes llevaron a cabo los ataques, pero no contra quienes los ordenaron”, se puede leer en el informe.

Sobre el total de asesinatos de comunicadores, el informe Nadie Garantiza mi Seguridad, se indicó que las cifras varían notablemente entre las autoridades federales, pues la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, tenía el registró de 86 asesinatos de periodistas desde 2012 hasta diciembre de 2023, de los cuales consideró que 30 guardaban relación con el ejercicio de la profesión periodística.

En cambio, la Secretaría de Gobernación registró 166 asesinatos de periodistas, sin especificar cuántos estaban vinculados al trabajo de las víctimas, desde 2012 hasta octubre de 2022, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), ha registrado 88 asesinatos de periodistas y otro personal de medios de comunicación en nuestro país desde 2012 y ha verificado que el asesinato de 37 de esas personas guardaba relación con su trabajo.

En el análisis de la organización se establece que las diferencias entre estos conjuntos de cifras pueden deberse, en parte, a que la Feadle no incluye las cifras de las fiscalías estatales.

También se informó sobre el hecho de preguntar las fortalezas del Mecanismo, donde varias periodistas precisaron su mera existencia y al enumerar sus debilidades, muchas expusieron que el Mecanismo era «lento y excesivamente burocrático, su personal insensible y adolescencia de falta de empatía«.

No obstante, revelan una falta de claridad y coordinación entre las instituciones federales y locales que podría menoscabar los esfuerzos para diseñar e implementar medidas de protección efectiva.

Estigmatización contra la prensa

Hay que recordar que el pasado 28 de febrero, en una sesión pública con la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la consejera consultiva del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, Lucía Lagunes Huerta, aseguró que las estigmatizaciones que ha ejercido el presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigidas hacia periodistas y defensoras de derechos humanos son propiciadoras de «ataques letales» contra estos sectores.

También expresó que desde la llegada del actual gobierno federal, desde 2018, ha sido una constante la estigmatización a periodistas y personas defensoras que han manifestado una posición crítica ante el Ejecutivo federal o alguna de sus acciones.

La periodista criticó la mirada sexista de las autoridades que impide un verdadero acceso a la justicia, pues los aleja de su labor y esta investigación se sustituye, por supuestos actos personales o de venganza pasional, lo cual incrementa la desconfianza hacia los organismos impartidores de justicia e inciden en la revictimización.

Citó como ejemplo lo ocurrió el pasado 22 de febrero, cuando el Ejecutivo federal dio a conocer el número celular de la corresponsal en México del diario New York Times, Natalie Kitroeff, tras un reportaje publicado en el diario estadounidense, donde se denunció presuntos vínculos entre el mandatario federal y el narcotráfico. 

Publicado originalmente en CIMAC Noticias