Diversas organizaciones sociales en Guatemala denunciaron que el gobierno del país no ha cumplido con los compromisos y recomendaciones que involucran a las mujeres, los pueblos indígenas y los sectores vulnerables de la población.
El gobierno de Guatemala no garantiza el derecho de la población a la alimentación, sin importar que firmó los convenios internacionales como el el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), denunció la Campaña Guatemala sin Hambre.
Otras organizaciones sociales hicieron un llamado al presidente del país, Jimmy Morales, para que cumpla los compromisos adquiridos desde octubre del 2012, cuando Guatemala recibió recomendaciones para mejor la situación de los derechos humanos en la nación.
Ante el incumplimiento de las obligaciones del gobierno con los sectores vulnerables del país, las organizaciones exhortaron a la población a iniciar un debate nacional sobre los derechos humanos, antes que se realice el Examen Periódico Universal (EPU) llevada a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
Lin Valenzuela, activista de la campaña Guatemala sin Hambre, indicó que el Estado guatemalteco ha violado el derecho a la alimentación de cuatro familias de Camotán Chiquimula, por lo que fue condenado por un tribunal de 2013.
«Para ayudar al país a ir resolviendo éste y otros problemas sociales, el presidente Morales debería hacer un llamado a su bancada en el Congreso de la República para ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC», señaló.
En el marco del último EPU en 2012, 55 Estados Miembros de la ONU formularon 111 recomendaciones referidas a la lucha contra la impunidad, el fin de la violencia contra las mujeres, el derecho a la alimentación y la reducción de la desnutrición, el acceso a la educación, la erradicación de la pobreza, la protección de los derechos de los niños, de las personas con discapacidad, pueblos indígenas, entre otras, que fueron aceptadas por Guatemala pero que hasta el momento, no ha cumplido.
«A partir de que Guatemala asumió voluntariamente estos compromisos, organizaciones sociales de mujeres, personas con discapacidades, pueblos indígenas, niñez, juventud y promotoras del derecho a la alimentación, han venido dando seguimiento al desempeño del Estado y formulando propuestas para que éste cumpla con su obligación de garantizar los Derechos Humanos de todos sus ciudadanos”, indican las organizaciones en un comunicado.
«El presidente Morales debería acelerar el cumplimiento del compromiso de establecer un órgano de seguimiento que esté integrado por el gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y posiblemente representantes de los países donantes que estén de acuerdo, con el fin de aplicar plenamente las recomendaciones internacionales de Derechos Humanos, incluidas las formuladas en el marco del EPU», concluyeron.
Con información de Adital
