Desinformémonos| Ciudad de México. 29/ 06/2016.- La reportera Gloria Ruíz García del periódico Sin Censura, de Coahuila, recibió amenazas de muerte dirigidas también a su colaborador Jorge Vitales a través de su teléfono celular, por lo que organizaciones civiles y redes de periodistas lanzaron un llamado a la Procuraduría General de Justicia (PGJE) del Estado de Coahuila así como al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que garanticen las medidas de protección y seguridad necesarias.

Este atentado a la libertad de expresión se suma a la ola de violencia registrada por la organización internacional Artículo 19, que en su informe “Cobertura bajo fuego” registra 16 ataques contra periodistas ocurridos durante la represión que el gobierno mexicano ha ejercido contra las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación (CNTE), de las que se han derivado el asesinato de Elidio Ramos del periódico El Sur. 

Salvador Olmos García, locutor de la radio comunitaria Tu Un Ñuu Savi, también fue asesinado presuntamente por elementos de la policía municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, la madrugada del domingo 26 de junio y hay cuatro tentativas más.

El informe afirma que alrededor de los casos de inhibición o silenciamiento de la prensa, impera la impunidad y un nulo reconocimiento estatal de la contribución que el periodismo brinda a la vigencia de la democracia y los derechos humanos, y que tanto las acciones como las omisiones del Estado mexicano son reflejados de modo claro con “serios abusos de autoridad” mediante usos excesivos de la fuerza pública contra el magisterio disidente, periodistas y población civil.

Por su parte la organización Cimac, la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (integrada por 32 países), urgieron al Estado mexicano a ceñirse a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmada y ratificada por México, que afirma que “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores, asegurar a las víctimas una reparación adecuada” ante la amenaza de muerte hecha contra Gloria Ruiz, por lo que se mantendrán vigilantes a la respuesta de las autoridades competentes.