Ciudad de México, 25 de mayo del 2015. Miles de indígenas en Simojovel, Chiapas, salieron a marchar este fin de semana, cansados del desprecio, el racismo y la violación a sus derechos humanos, que se evidenció aún más el pasado ocho de mayo, cuando dos bebés de un mes de nacidos, murieron luego de ser vacunados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Indignación es el sentimiento presente en las comunidades de Simojovel, primero cuando el gobierno de Chiapas regaló dos féretros a las familias de los bebés muertos; después por las declaraciones del IMSS, en el que argumentaron que la muerte de los recién nacidos y la hospitalización de otros 29 no fue por las vacunas sino por contaminación de estas a la hora de la manipulación y tercero, cuando el gobernador de la entidad Manuel Velasco Coello, ofreció a las familias cinco mil pesos como reparación por la muerte de sus bebés.

El sacerdote de la comunidad, Marcelo Pérez, quien actualmente tiene solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por amenazas de muerte y hostigamiento derivados de su labor en la defensa de derechos humanos en las comunidades, manifestó que la mayor indignación de la población es el maltrato sistemático en los centros de salud.

“¿Será que a las autoridades y a los ricos, se les ha muerto algún hijo por estas vacunas del IMSS? ¿Será que el trato déspota hacia los pueblos pobres es el mismo que hacia las autoridades y los ricos?”, cuestionó el sacerdote durante una ceremonia después de la marcha del fin de semana.

Pérez agregó que “¿Por qué los pobres no tienen el acceso digno a la salud? ¿Por qué a los pobres se les margina y se les dan tratos inhumanos cuando llegan a los centros de salud?”.

En un comunicado del pueblo creyente de Simojovel, los habitantes denunciaron que hace seis años en el municipio de San Fernando fueron vacunados 18 niños y empezaron a vomitar sangre y hasta la fecha no saben cuántos murieron. Ahora su pregunta es: “¿Quién nos garantiza que estos 29 bebés van a quedar bien?, que tal que en cinco años presentan cáncer o algún otra enfermedad incurable, seguro el gobierno dirá que por falta de alimentación y de cuidado, y eso nos preocupa a todos, que no queden bien y que más adelante tengamos que salir a buscar a hospitales gastando nuestro poco de dinero”.

La comunidad indígena manifestó que no permitirá que este caso quede en la impunidad, para que no sigan muriendo más niños. “El gobierno no es la primera vez que mata niños; en la administración de Pablo Salazar se murieron varios bebés en el hospital en Comitán, en Acteal para acabar con la lucha indígena, el gobierno organizó a varios paramilitares que mataron a 45 indígenas y cuatro no habían nacido, les abrieron el vientre y les sacaron el bebé para matarlo. En la guardería ABC en Chihuahua, murieron 49 bebes, los culpables están libres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos su silencio significa complicidad. Vamos a seguir luchando. Queremos justicia incluyendo los daños que nos hicieron a todos, o sea a todos”.