La presente es el fruto de la participación de numerosas organizaciones, colectivos e individuos que en los últimos siete meses han madurado un sentimiento natural de solidaridad activa hacia los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Hacemos público este mensaje en esta importante ocasión en la que tenemos la posibilidad de ser acompañados por una delegación de familiares y estudiantes de Ayotzinapa. Hemos decidido valernos de la complicidad de las mamás del Comité de Madres por Roma Ciudad Abierta (Comitato Madri per Roma Cittá Aperta) para presentar este mensaje, porque en esta ciudad ellas son dignas portavoces de quienes han sufrido por causa de la violencia del Estado, de la represión y del fascismo. Las madres de Roma y las madres de México están unidas por el mismo dolor y por la misma rabia.
Nosotros somos los hijos y las hijas decididos a hacerle justicia a nuestros muertos. Hemos decidido entregar esta carta directamente al embajador mexicano en Roma, porque representa aquí en Italia la voz del gobierno de Enrique Peña Nieto, y por ende es el portavoz de la versión oficial sobre los trágicos acontecimientos en la ciudad de Iguala el pasado 26 de septiembre.
A través de estas pocas líneas y con nuestra presencia el día de hoy, queremos insistir que para nosotros el caso de los 43 desaparecidos no está en absoluto cerrado, como el Gobierno Federal, la PGR y las instituciones mexicanas afirman.
Por ello, nos unimos a los comités de Ayotzinapa en su grito de dignidad y rabia:
¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! (Vivi li hanno portato via e vivi li rivogliamo!)
Recordamos que existe responsables directos de la masacre que permanecen en la impunidad: Felipe Flores Velázquez y Francisco Salgado (secretario y director de Seguridad de Iguala, respectivamente; ambos prófugos de la justicia), el ex gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y toda la cadena de mando que, desde el presidente Enrique Peña Nieto, llega a los presidentes municipales y a las policías locales que, en una trama de impunidad, corrupción y violencia, permiten la repetición potencialmente infinita de estas atrocidades.
Además, sostenemos que existen demasiadas cuestiones por aclarar con respecto al Ejército Federal (implicado en otras violaciones a los derechos humanos como en el caso de Tlatlaya, Estado de México), y su papel en la desaparición de los 43 estudiantes y en el asesinato otros tres de ellos. En cualquier caso, mantendremos alta nuestra atención sobre las graves responsabilidades del gobierno mexicano en lo que se refiere al caso de Iguala, y de las posibles consecuencias represivas che desde hace meses amenazan a los movimientos sociales nacidos en torno a la reivindicación de justicia de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Del mismo modo continuaremos denunciando públicamente todos los acuerdos que la Unión Europea estipula cada año con el Estado mexicano, y que tienen una cláusula de validez basada en el respeto a los derechos humanos. Para nosotros es evidente que el respeto de tales derechos está lejos de ser una de las prioridades de los últimos gobiernos en México (con 130 mil asesinatos violentos y 23 mil desapariciones forzadas reconocidas por el propio Registro Nacional de Personas Extraviadas, desde el 2006 al día de hoy) y que, por el contrario, existe una escalada preocupante en los niveles de represión y violencia hacia el disenso, los movimientos sociales y la ciudadanía en general.
