Ciudad de México, 27 de enero del 2015. “Los estudiantes normalistas fueron incinerados y luego arrojados al basurero de Cocula”, es la reiterada versión del procurador general de la república, Jesús Murillo, Karam, expresó en conferencia de prensa la mañana de hoy, donde presentaron un vídeo que recrea los hechos de la noche del 26 de septiembre, cuando policías municipales de Iguala atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, dejando como saldo seis estudiantes asesinados, 19 heridos y otros 43 desaparecidos.

Cuatro meses de investigación por la desaparición forzada de los normalistas ha podido detener al ex alcalde de Iguala José Luís Abarca y su esposa María de los Ángeles Villa, ésta última acusada de lavado de dinero pero no de desaparición, además de 99 personas, entre ellos a 50 elementos de seguridad municipales. Familiares de varios de los policías detenidos, denunciaron en un reportaje de la revista Proceso, que muchos de ellos no tienen nada que ver en el caso de los normalistas y que los están inculpando para proteger a los verdaderos culpables, pues la noche de los hechos algunos o no estaban laborando o se encontraban fuera de la ciudad.

Según denuncian los familiares de los uniformados  las investigaciones por homicidio, secuestro y delincuencia organizada han estado marcadas por las irregularidades, pues la PGR “fabrica culpables”, también en su afán por acallar las protestas, reporta Proceso.

“Esa es la verdad histórica de los hechos”: PGR

Para Murillo Karam, la conclusión de las investigaciones aportadas gracias a 386 declaraciones de policías y de los responsables materiales, además de otros elementos y de los resultados positivos en la identificación de los restos hallados en el basurero, que la Universidad de Innsbruck logró identificar como el normalista Alexander Mora Venancio, corroboran la versión de que efectivamente fueron incinerados.

Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal, citó un extracto de la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, en la cual dice: “El Chuky me llamó por teléfono y me dijo que iba a entregar paquetes (como les decían a rivales en el negocio de drogas) que eran de Los Rojos y me los entregó en Loma del Coyote. Allí dice que a los estudiantes se les interrogó, se les asesinó y se les incineró”. El detenido miembro del grupo Guerreros Unidos, a quienes los policías municipales les entregaron a los estudiantes esa noche en Iguala, relató en su testimonio que “al llegar al basurero me percaté que todavía estaba prendido el fuego y muchas cenizas… me dan la orden de Gil que fuera a recoger las cenizas para tirarlas al río, por lo que ordené al Pato que fuera a comprar bolsas de plástico y nos regresamos al basurero para recoger las cenizas con una pala que llevaba en la camioneta”.

Según información de la procuraduría el área total de fuego fue de 140 metros cuadrados, en una superficie de 15 por 9 metros cuadrados y añadió que el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, participó en las investigaciones y certificó que el incendio de los cadáveres afectó la biología de la zona, además el crecimiento de la flora en el lugar ocurrió durante 30 días.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, anotó en una declaración pasada que los peritos argentinos les informaron que cuando llegaron a Cocula, los restos de Mora Venancio ya estaban en una bolsa y que ellos no estuvieron presentes cuando se encontraron en el río San Juan y que no les consta que fueron sacados de ahí, aunque el procurador afirma tener fotografías que corroboran la presencia de los argentinos en el lugar.

La investigación debe concluir

A pesar de que una de las exigencias de los familiares y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa es que se investigue al Ejército, por su participación directa en la desaparición de los jóvenes y ante la negativa de abrir los cuarteles militares para que se pueda buscar dentro de ellos alguna prueba, el procurador puntualizó que no hay una sola evidencia de una posible participación de los militares en los hechos ocurridos en septiembre en Iguala.

Ayer 26 de enero al cumplirse cuatro meses de la desaparición forzada de los jóvenes futuros maestros de la normal rural, sus padres y madres aseguraron que las investigaciones de la PGR son inconsistentes y contradictorias y por lo tanto continuarán buscando con vida a sus hijos.