Ciudad de México. 30 de enero de 2015. El pasado 26 de enero un juez federal le concedió un amparo a Marco Antonio Suástegui Muñoz, uno de los opositores a la presa La Parota ubicada a 30 kilómetros de Acapulco, Guerrero, en el que obliga a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a trasladar de forma inmediata del penal de máxima seguridad en Nayarit al Centro de Reinserción en La Unión, Guerrero, pues éste fue inconstitucional e ilegal e implicó una violación a sus garantías legales, señaló su abogado defensor.
Suástegui Muñoz fue detenido el pasado 17 de junio del 2014, acusado de tentativa de homicidio, robo, despojo, lesiones simples, ataques a las vías de comunicación, lesiones agravadas y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit. Rogelio Teliz García, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que el encarcelamiento de luchadores sociales en penales lejanos de sus lugares de origen, es una estrategia política utilizada por el gobierno de Guerrero para violentar e interferir con un debido proceso legal.
Esta misma estrategia fue utilizada en el proceso de la defensora de derechos humanos Nestora Salgado García, quien también se encuentra recluida en Tepic y que en de 17 meses de aprehensión muy pocas veces ha podido ver a sus abogados.
Presa la Parota
A unos 30 kilómetros de Chilpancingo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno federal quieren imponer un proyecto hidroeléctrico para represar el cauce del río Papagayo. Con una inversión alrededor de mil millones de pesos, la cortina de la presa será de unos 200 metros de altura y que inundará a unos trece poblados y perjudicará a unas 47 comunidades y ejidos, además de las afectaciones ambientales en una zona que es altamente sísmica.
En un informe expuesto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, destaca la biodiversidad de esta zona en el estado de Guerrero y resalta que el proyecto afectará de manera directa a por lo menos 95 especies endémicas, 113 en peligro de extinción y alrededor de 40 plantas endémicas; además de los daños a cauces de ríos y cientos de áreas de bosques no intervenidos.
Más de una década de lucha
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la hidroeléctrica La Parota (CECOP), del cual es miembro Marco Suástegui, ha ganado durante casi doce años de resistencia cinco denuncias ante el Tribunal Único Agrario (TUA), pero el gobierno de Guerrero ha hecho caso omiso de las diferentes sentencias y aunque reconoce la anulación del proyecto emitido por el TUA interviene sistemáticamente en las asambleas electorales del comisariado ejidal para la aprobación del proyecto por parte de los pueblos.
La CECOP actualmente mantiene una lucha no sólo por la defensa de su territorio, ahora se ha sumado a la lucha por el caso de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, y exige la presentación con vida de los estudiantes.
Para el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, la voluntad política del gobierno estatal con los presos políticos se medirá con el regreso a Guerrero de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Marco Antonio Suástegui.
Con información de Alaíde Martínez desde Chilpancingo, Guerrero.
