13 de noviembre de 2014. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) argentina solicitó a España la detención preventiva con fines de extradición de 20 exfuncionarios de la dictadura de Francisco Franco, dentro de la causa abierta en el país sudamericano por crímenes de lesa humanidad conocida como Querella Argentina. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, adelantó que España denegará la entrega de los acusados al amparo de la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos.
Siete exministros, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado figuran ahora en la lista de buscados de la organización policial internacional.
La causa abierta por la jueza argentina María Servini de Cubría en 2010, a pedido de dos familiares de víctimas de la dictadura régimen que produjo, entre otras consecuencias, cien mil desapariciones forzadas sin aclarar hasta el día de hoy-, es la única investigación penal en el mundo sobre los crímenes del franquismo. La solicitud de la Interpol constituye un gran avance hacia el fin de la impunidad, señaló a eldiario.es el abogado Carlos Slepoy, impulsor de la investigación, que agrupa ya a 150 querellantes.
A los exfuncionarios se les imputa por torturas, asesinato premeditado y sustracción de menores en la ejecución del anarquista y antifascista Salvador Puig Antich, los cinco últimos fusilamientos del régimen dictatorial contra tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de Eukadi Ta Askatasuna (ETA) y el asesinato de cinco trabajadores de Gasteiz, entre otros delitos, que constituyen crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles y sujetos a persecución gracias a la jurisdicción universal.
La jueza Servini de Cubría emitió la petición de detención desde el 30 de octubre, y la Interpol le notificó ayer que dio curso a la solicitud. La extradición debe pasar por el Ministerio de Justicia, que tendrá que decidir si el caso llega a la Audiencia Nacional (AN), el máximo tribunal español, descendiente de los Tribunales de Orden Público de la dictadura. En abril de 2014, la AN rechazó extraditar a cuatro acusados de torturas, alegando la prescripción de los hechos. Una de las promotoras de la querella, Isabel García Holgado, pidió «valentía» a los jueces españoles, ante la negativa de Interpol España a detener inmediatamente a los acusados.
El ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, aseguró que la justicia argentina no solicitó una orden de detención, sino que se trata de una diligencia previa de filiación, requisito previo a la emisión de una orden de captura internacional para ser interrogados.
El relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, criticó a inicios del año las «interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía», que «no sólo niegan el acceso a la justicia sino que también impiden cualquier tipo de investigación».
El relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, criticó a inicios del año las «interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía», que «no sólo niegan el acceso a la justicia sino que también impiden cualquier tipo de investigación».
