México, 27 de noviembre de 2014.

Es una burla y un insulto el mensaje presidencial enviado hoy, en respuesta a la masacre y desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa, consideran el analista Gilberto López y Rivas y la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Karla Micheel Salas.

Las medidas “son el cinismo, el descaro total frente a la masacre de Ayotzinapa, donde se ha mostrado la total incapacidad del gobierno para encontrar con vida a los 43 estudiantes”, exclama el analista Gilberto López y Rivas.

“Por un lado, este señor quiere enviar un mensaje de institucionalidad, y por el otro, envía uno de uso arbitrario del derecho penal y de la fuerza”, resalta la abogada. “Hay once personas en penales de máxima seguridad, detenidas arbitrariamente después de la marcha del 20 de noviembre y a las que se pretendía acusar de delitos gravísimos, como delincuencia organizada; no lo hicieron pero sí vulneraron sus derechos y están gravemente lesionados física y sicológicamente, pues fueron torturadas por elementos policiacos”, acusa Salas, defensora de dos de los once jóvenes detenidos. Se trata de una acusación política, completa, pues quieren enviar un mensaje de que esto le sucederá a quienes tomen las calles para exigir justicia.

Los entrevistados acusan un “desdoblamiento” del presidente y el procurador. “De pronto, Peña Nieto se puso la camiseta y dijo ‘todos somos Ayotzinapa’. Y pues no, ¡no todos somos Ayotzinapa! ¡Él, el mayor criminal,  no lo es!”, insiste López y Rivas. “Jesús Murillo Karam, durante su conferencia del 7 de noviembre, se bajaba y se subía de la institucionalidad, y daba su opinión personal”, recuerda Micheel Salas.

Las diez medidas

La primera, una reforma constitucional para impedir infiltración del crimen en los municipios. Como segunda medida, se definirán las atribuciones de cada autoridad en el combate al delito. La tercera medida plantea la creación de policías estatales únicas. La cuarta medida es la creación de un teléfono único para emergencias a nivel nacional. La quinta medida es la creación de una clave única de identidad.

La sexta medida es un operativo especial en la región de Tierra Caliente, ampliando el despliegue de las fuerzas federales en Guerrero y Michoacán, Jalisco y Tamaulipas. Como séptima medida se propondrá una serie de iniciativas de ley para mejorar la justicia cotidiana. Como octava medida, se pondrán al día los instrumentos para derechos humanos, como el reglamento a la Ley de Victimas. Se creará un sistema de búsqueda de personas no localizadas.

La novena medida plantea promover en el Congreso leyes de combate a la corrupción. La décima medida es un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la administración pública federal.

La culpa, en los municipios

De los anuncios de Enrique Peña Nieto, la mayor burla, de acuerdo con la presidenta de la ANAD, es que se asume que solamente las policías municipales están infiltradas por el narcotráfico, cunado “justo con el caso Iguala se desprende que es lo contrario”, explica Salas, pues la Procuraduría General de la República (PGR) fue omisa en investigar al alcalde y su esposa, a pesar de la existencia de información sobre su vinculación con el crimen organizado.

Para López y Rivas, el pretender aplicar todas las medidas a los gobiernos municipales es para tratar de justificar la “coartada del gobierno federal, que no cuadra ni es justificable”, en el sentido de que a ese nivel son las únicas responsabilidades den la tragedia de Iguala, en la que el 26 y 27 de septiembre, fueron ejecutados seis civiles y desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía de Iguala.

En realidad, detalla el entrevistado, “hay una simbiosis no sólo de los tres niveles de gobierno, las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos con el crimen organizado, sino que hay amplias franjas del empresariado directamente conectadas en el lavado de dinero y en la parte financiera del crimen”.

En el caso de Iguala, coinciden los entrevistados, falta por aclarar la participación de la Policía Federal, el ejército y la marina, “lo que es altamente extraño porque hay graves omisiones de la autoridad federal”, explica la defensora.

El también antropólogo cuestiona que no hay ninguna verdad en las explicaciones dadas por las autoridades federales sobre la suerte de los normalistas, y resalta que ninguno de los detenidos en el caso Iguala está inculpado por desaparición forzada. “Y qué con el ejército, qué con la armada, con la nueva gendarmería, con el CISEN (inteligencia), dónde estaban, cuál es su papel exacto en la masacre de Ayotzinapa. Hay una absoluta falta de verdad en las palabras de Peña Nieto. No hay ni siquiera un pequeño reconocimiento a la responsabilidad de todo tipo en todas las masacres”.

Otro elemento preocupante dentro de las medidas anunciadas es la competencia de autoridades en la investigación del delito, cuando “hay una negativa sistemática a investigar, no se quiere asumir la responsabilidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos en los que solamente gracias a la movilización y la presión internacional, la Procuraduría investiga”, completa la abogada.

Salas, quien es parte del equipo jurídico que ganó al Estado mexicano el caso de Campo Algodonero, señala que es “extraño” que la medida anunciada que tiene que ver con el modelo único policial no incluya a lugares como el Estado de México y Veracruz, donde la “altísima criminalidad es clara y visible para la sociedad mexicana”.

Otra serie de medidas anunciadas son obligación del Estado, ya sea por sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero o por  la Ley General de Víctimas, como lo relacionado con el sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas y el banco de información genética. “No es novedoso, sólo reafirma que se tiene que cumplir la ley”, lo que no ha sucedido por falta de voluntad política, sostiene Salas.

“No es un problema de leyes, sino de autoridades que no las aplican. Lo que hicieron fue ver solamente qué pendientes había y utilizarlos para intentar acallar las protestas; creen que nos vamos a quedar conformes”, resume  la presidenta de la ANAD. “Lo que se les está exigiendo es una redefinición del rumbo de este país”.

“Un estado criminal que se pone la bandera de las víctimas es no sólo absurdo sino grotesco, un insulto a la inteligencia, a la ciudadanía y a los padres y los muchachos asesinados y desaparecidos de forma forzada. Son las palabras más cínicas que he escuchado”, finaliza Gilberto López y Rivas.