México, 28 de noviembre de 2014. La finalidad de las 10 medidas de Enrique Peña Nieto anunciadas ayer, en conjunto con la conferencia de prensa de la Procuraduría General de la República (PGR) del 7 de noviembre, es silenciar mediáticamente la exigencia de familiares y ciudadanía de hallar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como justificar el endurecimiento de las acciones contra la protesta social, acusa Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La búsqueda con vida de los 43 estudiantes (de los que no se ha vuelto a saber desde el 26 de noviembre en un ataque donde también resultaron asesinadas seis personas y lesionadas 25 más), está estancada, informa el defensor de derechos humanos. El anuncio de la presidencia de la República no sólo trata de desviar la atención de esta búsqueda, sino que no reconoce el grave problema estructural del sistema político mexicano que le impide dar con el paradero de los desaparecidos, indica Abel Barrera.

La primera “vuelta a la página” del gobierno, señala el antropólogo y defensor de los derechos humanos, fue el anuncio de la PGR sobre el supuesto paradero de los jóvenes, atacados y desaparecidos por la policía de Iguala el 26 y 27 de septiembre. La hipótesis de que habrían sido asesinados y calcinados por miembros del crimen organizado en un basurero de Cocula, “la transformaron como si fuera la verdad absoluta, lo que fue una decisión política más que de compromiso con la verdad”, explica Barrera, acompañante de los pueblos indígenas y las organizaciones sociales en Guerrero por más de 20 años.

La presión social en demanda de resultados efectivos de la búsqueda, “obligó a la Procuraduría a armar esta versión a partir de tres testimonios, y con esto dar casi por cerrada la investigación”. Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos rechazaron la hipótesis de la Procuraduría por su carencia de pruebas contundentes, y exigieron que el gobierno federal cumpliera su compromiso de buscarlos con vida. Sin embargo, “el gobierno apuntala esta línea de investigación para poder reducir el tiempo  de tensión con la sociedad y tener argumentos para decir que el caso está cerrado”, apunta el director de Tlachinollan.

Una segunda forma de dar vuelta a la página la constituyó el anuncio  de las 10 medidas, en un mensaje donde se invisibilizó a los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada. “No se habló de un avance sustantivo; al contrario, el presidente se dedicó a hablar de otras situaciones”, resalta Barrera. Los padres y madres de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos no hallaron ningún mensaje de esperanza o compromiso del ejecutivo, “como responsable de garantizar el acceso a  la justicia y a la verdad”.

Las diez medidas anunciadas

La primera se trata de  una reforma constitucional para impedir la infiltración del crimen en los municipios. Como segunda medida, se redefinirán las atribuciones de cada autoridad en el combate al delito. La tercera plantea la creación de policías estatales únicas. La cuarta medida es el 911 como teléfono único para emergencias a nivel nacional. La quinta medida es la creación de una clave única de identidad.

La sexta medida es un operativo especial en la región de Tierra Caliente, ampliando el despliegue de las fuerzas federales en Guerrero y Michoacán, Jalisco y Tamaulipas. Como séptima medida se propondrá una serie de iniciativas de ley para mejorar la justicia cotidiana. Como octava medida, se pondrán al día los instrumentos para derechos humanos, como el reglamento a la Ley de Victimas, y se creará un sistema de búsqueda de personas no localizadas.

La novena medida plantea promover en el Congreso leyes de combate a la corrupción. La décima medida es un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la administración pública federal.

Desaparecidos en México, ignorados

Las víctimas de desaparición en México solamente son buscadas por sus familiares, sostiene el antropólogo, y sus reclamos no son tomados en cuenta cuando las autoridades implementan medidas. A los familiares de los normalistas, ahora, “tratan de silenciarlos mediáticamente para justificar el endurecimiento de acciones contra la protesta, y opacar el legítimo reclamo de que sean hallados con vida”.

Lo que busca el gobierno, remata Barrera, es dar vuelta a la página con acciones que no contemplan a las víctimas y no rendir cuentas sobre sus compromisos con la población agraviada.