México, DF. A sesenta días de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de una cascada de movilizaciones exigiendo justicia, “hay mucha voluntad de cambio en el país”, pero el rumbo debe ser consensado por todos, valora el estudiante Omar García. El objetivo principal, insiste, es la presentación con vida de los jóvenes a los que el 26 de septiembre se llevaron los policías de Iguala, Guerrero. “Está claro que el gobierno no quiere esclarecer lo que pasó ese día, y la verdad es que nuestros hijos están vivos”, insiste por su parte Nardo Flores, padre de uno de los desaparecidos.

Sobre el paradero de los muchachos “no hay respuestas: hay pura burla, mediatización y politización”, resume el normalista. Los familiares de los 43 desaparecidos ya no confían en el gobierno, pues “solamente simula que los está buscando. O le falta inteligencia o sabe dónde están”, cuestiona Nardo Flores, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, quien anuncia que la búsqueda la harán por sus propios medios. “Vamos a tener una reunión para organizar cómo le vamos a hacer para llegar a donde están nuestros hijos, porque tenemos pistas de que están vivos”.

Los dos meses de búsqueda de los detenidos-desaparecidos son también sesenta días de movilizaciones solidarias continuas en centenares de ciudades de México y el mundo. Durante el mitin del 20 de noviembre en el Zócalo capitalino, después de la caravana en la que familiares y estudiantes recorrieron diez estados del país, los normalistas anunciaron que se retirarían a reflexionar los pasos siguientes. Sin embargo, considera Omar García, “la gente no tiene que preguntar qué sigue, como espectadora de una contienda. Hacia dónde, cómo y hasta dónde vamos tenemos que consensarlo todos”.

De Enrique Peña Nieto, padres y normalistas ya no esperan nada, a pesar de la promoción desde el gobierno del anuncio de “cambios” que se hará mañana, 27 de noviembre. “Irá hacia cambios superficiales, a paliativos a la legislación, al poder judicial, quizá un funcionario público removido a otro puesto, y ya”, predice el estudiante.

Nardo Flores agrega que “Peña Nieto siempre ha defendido el papel del ejército, dice que está al servicio de la comunidad, y nosotros le preguntamos dónde estaba cuando pasaron los hechos en Iguala. Ahí nos queda claro que tienen que ver con la desaparición de nuestros hijos, y de ahí la represión que han hecho contra nosotros”, pues, informa, varios padres acusan amenazas en su contra, por lo que  “hacemos responsable al gobierno federal de lo que nos pueda pasar”.

Dos apuestas: La organización y el desgaste

El ataque de la policía de Iguala contra el convoy de estudiantes que regresaban de una colecta de fondos, que dejó seis civiles asesinados además de los 43 desaparecidos y 25 lesionados, dos de ellos de gravedad, ha traído como consecuencia la petición de licencia del gobernador perredista, Ángel Aguirre; la detención de alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, acusados de nexos con el crimen organizado; la aprehensión de un número indeterminado de supuestos sicarios del cártel Guerreros Unidos -que han confesado tres formas distintas en que habrían acabado con la vida de los normalistas-, y el descubrimiento de medio centenar de fosas clandestina en los alrededores de Iguala, donde las primeras hipótesis de las autoridades estatales y federales ubicaban a los estudiantes.

Las explicaciones de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que hay fuertes indicios de que los estudiantes fueron asesinados, quemados y arrojadas sus cenizas a un río, no calmaron la exigencia de justicia de la sociedad civil, que se manifiesta en las calles un día sí y otro también, mientras el equipo de antropólogos forenses argentinos –que coadyuva en el caso a petición de familiares y centros de derechos humanos- entrega poco a poco los resultados que desmienten las primeras hipótesis del gobierno, pues los cuerpos hallados en las fosas hasta el momento no corresponden a los 43 desaparecidos.

Los videos que presentó el procurador Jesús Murillo Karam “fueron montados por la presión que estamos haciendo para que encuentren a nuestro hijos y por su ineficiente trabajo, para decirle a la sociedad que ya está resuelto. La verdad es otra, y es que nuestros hijos están vivos y vamos a seguir luchando hasta que aparezcan”, afirma Nardo Flores. En distintas entrevistas, los familiares anunciaron que, apoyados en las policías comunitarias y las autodefensas de Guerrero, comenzarán la búsqueda de los estudiantes.

“El gobierno le apuesta a que el movimiento se desgaste con el tiempo, pero nosotros estamos determinados a encontrar con vida a nuestros compañeros y a no dejarnos llevar por las versiones del Estado y de los medios de comunicación a su servicio”, sostiene Omar García. “El gobierno creyó que no iba a crecer la protesta y la organización social, pero va en ascenso”, sostiene el normalista.

Todos los días hay noticias de marchas, bloqueos, performances y diversas formas de protesta que se dan cita en calles, embajadas y, de forma destacada, en instituciones escolares. La respuesta gubernamental a las protestas tiene a 11 jóvenes en cárceles de máxima seguridad y a 15 más bajo proceso legal, además de acciones como el fin adelantado del semestre escolar en universidades de Chihuahua o incluso el encierro de estudiantes hidalguenses bajo llave para impedir su asistencia a marchas.

“Lamentamos la represión que ha hecho el gobierno contra la gente que nos apoya, y con eso lo que queda claro es que no quiere esclarecer lo que pasó en Iguala con nuestros hijos”, interpreta el padre de familia.

“El gobierno nos estigmatizó tanto, que su policía, esos perros, pudieron incurrir en una desaparición forzada; ahora quieren criminalizar la solidaridad que se está dando hacia nosotros y hacia los padres”, señala Omar García, lo que se demostró “claramente el 20 de noviembre, cuando metieron provocadores y luego se llevaron a gente que no tenía nada que ver, que estaba actuando pacíficamente; en Hidalgo, apresaron a más personas, y en todas partes están golpeteando al movimiento porque nos quieren restar fuerza, no atacándonos a nosotros directamente –el golpe ya nos lo dieron el 26 de septiembre-; ahora están tratando de golpear y encarcelar a los que nos apoyan, le están apostando por meterle miedo a la población y hacer valer el discurso de Peña Nieto de actuar con la ley en la mano y practicar el Estado de derecho”.

El normalista sostiene que “ahora es cuando tiene que empezar a verse la organización que hemos construido durante dos meses, porque tampoco estuvimos dormidos, estuvimos llamando a gente, y colectivos donde había 15 personas ahora tendrán 30; Facultades que no participaban lo harán y no precisamente en marchas, sino en espacios de discusión reales donde se empiece a forjar una nueva forma de organización entre la sociedad, entre nosotros como jodidos, los que siempre ponemos los muertos”.