México, 30 de octubre de 2014. La realización de una audiencia especial para el caso México, muestra que hay una preocupación de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las leyes que recortan las libertades de manifestación y expresión, además de la legalización del uso de la fuerza contra manifestantes, sostiene Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Las organizaciones civiles que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social solicitaron una audiencia que se llevó a cabo ayer, 29 de octubre, para hacer del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, la violencia constante contra las voces de disenso, notorio a través de las leyes creadas desde diciembre de 2012 a nivel estatal y federal, que también abren la posibilidad para que las autoridades hagan uso de la fuerza pública para reprimirlas, fuera de los estándares internacionales, informó el Prodh en boletín de prensa.
Las organizaciones que conforman el Frente vieron signos de alarma a partir de 2013, cuando aumentaron no sólo la criminalización, descalificación y agresión policiaca contra manifestantes, sino que vino una cascada de iniciativas de ley cerca de 20 a nivel estatal y federal en tan sólo un año- para regular las manifestaciones, introducir la obligatoriedad del aviso previo, restringir las libertades asociadas e incluso habilitar el uso de fuerza letal contra las protestas, explica el abogado. Entre ellas destacan la Ley Bala de Puebla, y las legislaciones de Quintana Roo, Chiapas y el Distrito Federal.
La audiencia ante la CIDH pone a debate los marcos que legalizan la criminalización y el uso de la fuerza, incluyendo el uso de figuras utilizadas para ello aunque no estén en legislaciones exprofeso, aclara el abogado del Prodh. Un ejemplo se encuentra en la Ley de Telecomunicaciones, que permite la suspensión de señales y datos y la geolocalización durante situaciones de emergencia social.
En el informe que presentaron las organizaciones, se señalan las responsabilidades de los tres poderes: el legislativo por promover las normas restrictivas, el ejecutivo por los operativos represivos, y el judicial por su actuación discrecional contra los aprehendidos durante las manifestaciones, como en los casos del 1 de diciembre de 2012 y el 2 de octubre de 2013, detalla Hernández León.
Una de las mayores preocupaciones de las organizaciones, resalta el defensor de derechos humanos, es que el organismo que debería ser garante de las libertades de los mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no protege de forma efectiva los derechos de las víctimas y es omisa ante estas legislaciones, las convalida y tiene una actuación discrecional frente a ellas. Por ejemplo, impugnó la geolocalización de personas en la modificación al Código Penal de 2012, pero no lo hizo cuando lo mismo se incluyó en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. La Comisión defiende la posición del Estado y respalda sus leyes, define.
La audiencia interamericana obligó al Estado mexicano a presentar argumentos a su favor a través de la Cancillería, y posteriormente la CIDH presentará un documento con su posición ante la denuncia, explica Simón Hernández. Los Comisión lee el caso dentro de una tendencia regional a criminalizar la protesta, explica el abogado, pero a México le dio una audiencia específica, lo que da esperanza a las organizaciones de que se pronuncie a su favor.
Las organizaciones que conforman el Frente son Artículo 19; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP; el Centro Prodh; el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad); el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios (Causa); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Propuesta Cívica; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); y la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT).
