México. Normalistas de Ayotzinapa y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos tienen como prioridad la búsqueda en vida de los jóvenes, que haya condiciones para que los peritos forenses independientes intervengan en la identificación de los restos hallados en la fosas comunes, que se garantice la seguridad de ellos y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la instalación de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informa Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Diecisiete días después del ataque policiaco armado contra estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” –que dejó como saldo seis civiles ejecutados extrajudicialmente, 25 lesionados, dos de ellos de gravedad, y 43 jóvenes en desaparición forzada-, aún no hay pistas del paradero de los normalistas. El 4 de octubre se anunció el hallazgo de cuatro fosas clandestinas, que para el 12 de octubre ya habían sumado nueve, con un número indeterminado de restos dentro de ellas. Las autoridades no confirman ni descartan que se trate de los desaparecidos, y los familiares están atentos para que las procuradurías no tengan la tentación de “dar el carpetazo” a las investigaciones.

El Prodh es parte de la comisión civil que, a petición de familiares y estudiantes, dará acompañamiento a los esfuerzos por localizar a los 43 jóvenes en desaparición forzada, pero quienes marcan el rumbo de ella son los normalistas, padres de familia y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aclara el abogado. El objetivo es tener un apoyo para impulsar la búsqueda inmediata, imparcial e independiente de los jóvenes.

Los padres de familia están preocupados, informa el abogado, pues con el hallazgo de las fosas clandestinas, percibieron que la búsqueda de sus hijos perdió vigor y que las autoridades se centraron en identificar los cuerpos encontrados en ellas. Demandan que la búsqueda se haga con la amplitud y los recursos que demanda la gravedad del caso. Aunado a esto, están las medidas cautelares emitidas por la CIDH, que obligan al gobierno mexicano a “realizar todas las gestiones necesarias para presentar con vida a los estudiantes”, explica Aguirre.

“Para los padres ya se agotó el tiempo de la espera. Los días y las horas que han transcurrido ya no permiten más minutos ni segundos de tolerancia. Todas las autoridades tienen que abocarse a la búsqueda con vida de los 43 estudiantes. Así lo exige la Comisión Interamericana, el Comité contra la desaparición forzada de la ONU, un grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas y el parlamento europeo. Todos ellos han manifestado su consternación por la desaparición de los 43 estudiantes. Así lo demanda el mundo entero y todos los movimientos que marcharon este 8 de octubre”, escribió Tlachinollan en un artículo en su página web

La CIDH emitió las medidas cautelares para que el Estado mexicano “haga todo lo que esté a su alcance para que no se afecte el derecho a la vida y a la integridad personal” de los normalistas desaparecidos. Esto quiere decir, detalla el abogado del Prodh, que además de una mesa de seguimiento e información a los familiares, se debe revisar el despliegue policial hecho hasta ahora, ampliar los cuadrantes de búsqueda, cruzar la información obtenida en terreno con información de inteligencia sobre los delincuentes y las autoridades de la zona, y hacer un despliegue que, en número y profesionalismo, sea acorde con la gravedad del caso. “Es inconcebible constatar que todos los aparatos de seguridad y de inteligencia del Estado no puedan ubicar a los 43 estudiantes, después de 17 días, y sobre todo que sus investigaciones no den con los responsables materiales e intelectuales de estas desapariciones”, destacó Tlachinollan.

Los familiares también señalan que su seguridad, la del resto de los normalistas e integrantes del Centro Tlachinollan está amenazada, abunda Aguirre, pues realizar la denuncia de este tipo de desapariciones es exponer la “connivencia entre autoridades y miembros de la delincuencia”. Los propios padres y estudiantes reciben información del posible paradero de los 43 desaparecidos, pero se trata de zonas con una situación política como la de Iguala, y necesitan garantías para poder desplazarse a averiguar, explica el defensor. Además, Tlachinollan, “al ser una organización que habla de frente”, ha recibido numerosas amenazas en los últimos años, detalla Aguirre.

En el caso de la línea de investigación de las fosas, los padres y madres de familia insisten en que solamente la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –organismo creado en la década de los ochenta para identificar restos de desaparecidos durante la dictadura militar argentina- les dará certeza sobre la identidad de los restos hallados en la fosas. “El Equipo tiene mucho reconocimiento y está ya autorizado por los familiares”, declara Aguirre. Aunque ya se habían coordinado con las autoridades estatales, la atracción del caso por parte de la Federación obligará a una nueva coordinación, explica el representante del Prodh.

“En un contexto de tanta angustia y dolor”, explica el abogado, “son importantes los peritajes independientes”, pues solamente la averiguación veraz, objetiva y científica dará certidumbre a las familias. Santiago Aguirre señala que, en casos de desaparición forzada, el Estado es el que está obligado a demostrar si hay o no posibilidad de hallar a las víctimas con vida. Los padres “mantendrán siempre la esperanza con sus hijos ”, sostiene Aguirre, pero además “no ven hoy  elementos objetivos para perderla”.