La delegación de las FARC-EP en La Habana asumió ayer que sus acciones han afectado a la población civil, si bien dejaron claro que «la población no ha sido ni blanco principal ni secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas. Nunca ha existido en las FARC una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada contra la población».

«Somos conscientes de que no siempre los resultados de nuestras acciones han sido los previstos o esperados por las FARC. Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda, que al prolongarse ha generado mayores y múltiples impactos, pero jamás como parte de nuestra razón de ser», manifestó el delegado Pablo Atrato, quien recientemente ha llegado a Cuba como miembro de la subcomisión técnica nombrada por la guerrilla para abordar junto a altos mandos militares del Ejército colombiano el fin del conflicto.

Definió estas afectaciones como «exceso de fuerza, error involuntario o consecuencias no previstas en circunstancias de guerra». La guerrilla se ciñó al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, «teniendo en cuenta las particularidades de los conflictos armados internos y a la existencia de una juridicidad guerrillera».

Sobre este último punto, Atrato remarcó que «en los casos en los que incumpliendo nuestra normativa interna, miembros de la insurgencia han causado daños intencionadamente a la población civil, siempre hemos actuado consecuentemente y adoptado medidas sancionadoras contra los responsables».

Esta declaración se incluye dentro en un paquete de propuestas «mínimas» que las FARC-EP han presentado a lo largo de la semana sobre los derechos de las víctimas, dentro del cual exigen que se reconozca la responsabilidad de partidos y organizaciones políticas en el conflicto y su «prolongación innecesaria, incluida la conformación de una cultura de la confrontación y el exterminio»; la de «latifundistas, empresas, grupos económicos y de poderes corporativos transnacionales sin perjuicio de propietarios de la tierra y del capital nacional o transnacional, que en diferentes momentos del conflicto se han comprometido con la solución política y los procesos de paz», así como la de los medios de comunicación.

Instan, además, a que se reconozcan oficialmente «la responsabilidad central de Estados Unidos en el origen, persistencia, expansión, escalamiento e intensificación del conflicto» y «la permanente intervención de los servicios de Inteligencia israelí y británico, que han estimulado, escalonado e intensificado el conflicto».