México, Distrito Federal. El interés del gobierno federal por asegurar la instalación de parques eólicos en Oaxaca está detrás del proceso penal en su contra, valora la defensora del territorio Bettina Cruz Velásquez, cofundadora de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

Cruz Velásquez está a punto de recibir la decisión del juez Anastacio Ochoa Pacheco, que la puede absolver o condenar hasta a 10 años de prisión, en lo que organizaciones sociales –incluyendo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- califican como un caso emblemático de criminalización de defensores. “Es por mi papel, que ha sido de dar información y capacitar a los pobladores, además de hacer gestoría e incidencia en favor de las comunidades que estamos en lucha contra los proyectos eólicos, que desmiembran nuestro territorio como pueblos indígenas”, señala.

Desde los años noventa, las empresas eólicas se instalaron en el Istmo de Tehuantepec. Los indígenas ikjots y binnizá lograron detener a uno de los mayores proyectos, el de la empresa Mareña Renovables, pero hay más parques esperando para instalarse en estas tierras, que son territorio indígena.

Bettina Cruz Velásquez se encuentra bajo proceso penal desde 2011, acusada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional por su supuesta participación en una manifestación (el 13 de abril de 2011) en la que se llamó a no pagar los recibos de la luz, frente a las oficinas de la ex paraestatal. El 22 de febrero de 2012, el Juez Sexto de Distrito del estado de Oaxaca dictó auto de formal prisión en su contra. La defensora del territorio salió libre bajo fianza, y desde entonces debe firmar cada mes en el juzgado federal, en Salina Cruz. “No me puedo ausentar de Juchitán más de un mes, porque eso representaría la cárcel para mí”, apunta.

Su acusadora, la CFE –cuyos trabajadores la “reconocieron” en un careo, aun cuando está demostrado que el día de los hechos se encontraba en una reunión con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA)-, denuncia la también académica, es punta de lanza para la instalación de los proyectos eólicos en el Istmo, región conocida por sus fuertes vientos durante todo el año. “Ellos fueron quienes convencieron a mucha gente de aceptar, porque les decían que es un proyecto de gobierno y que ya no hay de otra”, abunda.

La defensora del territorio informa que sus abogados “tumbaron” todas las pruebas de los acusadores, además de que las acusaciones no precisan a quién supuestamente privó de la libertad, entre otras irregularidades. Sin embargo, y debido a que es un caso de criminalización de opositores a las eólicas, advierte, el juez puede declararla culpable. “Mantenerme en proceso coarta mi libertad; ni siquiera puedo participar en manifestaciones porque van a decir, miren, ahí está organizando”, detalla.

“Estos proyectos transnacionales de energía están dentro del ¨Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal”, insiste. “Ellos los consideran fundamentales, y más ahora con la reforma energética. Es una cuestión nacional, que está en peligro si la gente dice que no”.

Bettina Cruz advierte que detrás de las empresas eólicas, ya están las mineras, a quienes se les dieron ya varias concesiones en la región del Istmo de Tehuantepec. “Y mi caso es una señal de que eso (la cárcel) le va a pasar a quienes traten de organizarse”, finaliza.