De manera paulatina, la información sobre la represión gubernamental en San Salvador Atenco fue desnudando los aspectos más horrendos del protofascismo mexicano. De la mano de una guerra antisubversiva que no se atrevía a decir su nombre, irrumpió en México la tortura sexual; una doble tortura. Los testimonios de las presas políticas del penal de Santiaguito, en el Estado de México, no dejaron lugar a duda: revelaron que sus captores-violadores tuvieron un mismo patrón de conducta sádica y lasciva. Señalaron que fueron encapuchadas o les cubrieron la cara con su propia ropa; las desnudaron de manera violenta; las sometieron al peor trato verbal y a insultos sexistas (“putas”, “perras”, “hijas de la chingada”, “pendejas”) mientras las golpeaban con saña en todo el cuerpo; tocaron sus genitales y su ano con brutalidad; en muchos casos las penetraron con sus dedos y con diversos objetos, y en alguno con el pene; varias fueron obligadas a hacer sexo oral, en algún caso de manera tumultuaria; durante varias horas fueron sometidas a tortura física, psicológica y moral; las amenazaron de muerte para que no denunciaran las vejaciones; las mantuvieron incomunicadas y en un estado de indefensión física y mental. A todas se les negó asistencia médica y legal de su confianza, lo que aumento su vulnerabilidad.

En Atenco fue evidente que hubo un cambio en la modalidad represiva del régimen de Vicente Fox y los organismos de seguridad del Estado. Con un antecedente: las técnicas de “interrogatorio” utilizadas contra los altermundistas detenidos en el marco de la Cumbre de Guadalajara, en 2004, ya combinaban distintas formas de tortura con la desnudez de la víctima, la humillación, el ataque lascivo. Las mujeres fueron violadas y ultrajadas de manera intencional, como un medio de degradación humana y desmoralización, de aniquilación y desvalorización. En ese sentido, como dijo la dirigente del Grupo Eureka, Rosario Ibarra, fue “una violación de Estado”. Y como apuntó Adolfo Gilly, “se violaron mujeres, seres humanos, no [sólo] derechos humanos”. Pero además es necesario inscribir los hechos como parte de otra cuestión: la de Atenco fue una acción de tipo contrainsurgente. Y en ese marco, la tortura buscaba generar un sentimiento de terror en el resto de la población.

Los mandos del operativo contrainsurgente, vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, jefe de la ASE, y el general de brigada Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la PFP –apoyados en Atenco por el experto en contraterrorismo Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigaciones-, dijeron a la opinión pública que actuaron en contra de un “grupo violento”, constituido por “secuestradores, “homicidas” y “delincuentes”. En ese contexto hay que analizar los hechos, incluida la tortura con su componente sexual.

Cabe destacar que la tortura es un instrumento político de la dominación violenta ejercida a través del Estado que busca crear un clima de miedo en la población. Es una actividad intencional y premeditada, programada de manera sistemática y científica para la producción de dolores físicos y psíquicos, que, además, constituye un asalto violento a la integridad humana.

LOS POLICIAS NO VIOLAN POR QUE NO SON TONTOS: W. ROBLEDO

Durante una entrevista al vicealmirante Wilfrido Robledo, el director del semanario Milenio, Carlos Marín, y el reportero Ciro Gómez Leyva, le preguntaron:

– ¿Tus policías violaron a tres mujeres?

No, no. No, hombre, olvídate. Los policías no son tontos. Es falsa la versión de las violaciones […] Sus abogados tienen que salir a la ofensiva […] A veces dicen que hubo tortura. Ahora sacan lo de las violaciones. Es parte de su estrategia […] No hubo ninguna violación.

En declaraciones posteriores, el comisionado de la ASE afirmó que durante el traslado de prisioneros y prisioneras de Atenco a Santiaguito “no sucedió absolutamente nada” y que ocho policías que fueron investigados por actos de violencia “están limpios”. Cinco días después, Robledo, quien asumió su responsabilidad como jefe del Operativo, informó que se había aplicado “la prueba del polígrafo” a 50 policías que participaron en los traslados y que, con base en los exámenes realizados, “no se han encontrado indicios de responsabilidad en actos de abuso sexual o violaciones contra las detenidas”. Las aseveraciones del funcionario fueron refutadas por organizaciones humanitarias, que cuestionaron ese método y adujeron que el jefe de la ASE “busca darle valor definitivo al polígrafo y fundamentar una autoexculpación, negándose a la posibilidad de una investigación rigurosa e imparcial”.

Con un negro historial en su haber – a sus antecedentes represivos por la intervención en la UNAM Robledo sumaba, en 2012, una investigación en su contra de la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) por la adquisición ilegal de dos aeronaves y la adjudicación directa de varios contratos cuando se desempeñaba como comisionado de la PFP, y en 1977 el periódico The New York Times publicó su nombre en una lista de funcionarios mexicanos “que no deberían ocupar cargos jerárquicos en un régimen nuevo y honesto”-, en la coyuntura de la toma de Atenco el comisionado de la ASE se autoerigió en paladín del Estado de derecho. Sin embargo, tras asumir que el operativo del 4 de mayo lo había coordinado él, cayó en algunas contradicciones con respecto a la capacitación profesional de sus subordinados. Declaró: “Tampoco tenemos al mejor policía equilibrado psicológicamente. Ahí tenemos que hacer mucho trabajo, pero en el momento de los trancazos, las cosas también dependen de los perfiles. Tenemos que ir platicando del uso y el abuso de la fuerza del servidor público “.

Un par de días después se divulgó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República sobre los maltratos, vejaciones, violaciones y abusos sexuales que sufrieron 23 de 47 mujeres detenidas, en particular siete de ellas. El representante legal de las ofendidas, Juan de Dios Hernández Monge, señaló que “al menos 23 tiene el problema de haber sido violadas por penetración de pene, con los dedos u otros objetos”.

Añadió que “un hombre fue violado con un tolete”. A su vez, en una carta a la opinión pública las 47 denunciantes acusaron: “Fuimos tocadas, pellizcadas, pateadas, golpeadas con puños, toletes, macanas y escudos en senos, nalgas y genitales. Mientras seguían amenazándonos, fuimos mordidas en senos, pezones, orejas, labios y lengua. Penetradas con dedos y objetos, algunas obligadas a hacer sexo oral mientras se burlaban de nuestra condición de mujeres”. Se quejaron, también, de negligencia médica; algunas padecieron infecciones vaginales o en las heridas.

Según un reportaje periodístico, la noche del 3 de mayo el vicealmirante Robledo le planteo una disyuntiva al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto: “Me dejan hacer el operativo o de lo contrario renuncio ahorita”. Después, “con el procurados estatal Abel Villicaña dijo que se iba a ver en la necesidad de ‘freír judicialmente a unos cuantos policías’, Wilfredo le advirtió ‘que ni se le ocurriera tocar con el pétalo de un citatorio a cualquiera de sus muchos, pues había actuado tal como la situación ameritaba’”.