ACTUALIZACIÓN: JUEZ DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA LOS TRES EJIDATARIOS Y RECLASIFICA EL DELITO DE LESIONES A UNO GRAVE: HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA.

El abogado defensor de los tzeltales, Ricardo Lagunes Gasca, calificó el hecho de «vergonzosa actuación del juez, completamente sometido a los intereses del ejecutivo», ya que replicó laspruebas «ilícitas» del ministerio público. 

México, DF. Detrás de la aprehensión de tres ejidatarios de San Sebastián Bachajón –acusados de lesionar a un policía municipal del Chilón, Chiapas-, está no sólo la mano del presidente municipal, Rafael Guirao Aguilar, sino los intereses de los gobiernos estatal y federal por entregar las tierras comunitarias a empresas turísticas privadas, considera el defensor Ricardo Lagunes Gasca. Dentro de unas horas se vence el plazo constitucional para que el juez del caso dictamine sobre la posible libertad de los detenidos.

Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández fueron detenidos el 16 de septiembre, mientras caminaban rumbo a su comunidad, por la policía del municipio de Chilón. De acuerdo con denuncia pública de los ejidatarios de Bachajón, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de los zapatistas, los tseltales fueron torturados por Rodolfo Gómez Gutiérrez, Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena con sede en Ocosingo, para que firmaran una confesión autoinculpatoria. El abogado defensor de los tzeltales indica que el policía acusador resultó herido pero durante los festejos patrios en la cabecera municipal.

Habitantes de Bachajón señalaron que la detención puede ser una venganza por el encarcelamiento de Sebastián Méndez Hernández, agente de dicha policía, acusado de asesinar a Juan Carlos Gómez Silvano (coordinador regional de la Sexta en Bachajón) el 21 de marzo de 2014. El asesinado era originario de Virgen de Dolores, comunidad fundad en 2010 por los ejidatarios sobre tierras recuperadas. El presunto responsable del asesinato fue entregado a las autoridades por un grupo de ejidatarios de Bachajón, y un amigo y vecino suyo fue reconocido por los detenidos como parte del grupo que los agredió.

Los detenidos pasaron nueve horas en poder de los policías, quienes debieron entregarlos al ministerio público más cercano, situado a máximo una hora de distancia. El 19 de septiembre, el juez mixto de primera instancia de Ocosingo, Omar Heleria Reyes, caso pidió una caución de 300 mil pesos a cada detenido para seguir su proceso en libertad, lo que, de acuerdo con el abogado defensor, es anticonstitucional  pues es desproporcionado respecto de la situación económica de los indígenas detenidos y los dejó sin posibilidad de acceder al beneficio.

Lagunes Gasca señala que no es la primera vez que los policías municipales de Chilón actúan con tal “impunidad” con la intención de tomar represalias contra los de Bachajón. Recuerda que elementos de esta misma corporación detuvieron al asesinado Juan Vázquez Guzmán en 2011, quien fue liberado el mismo día al no existir elementos en su contra. Agrega que el presidente municipal de Chilón, perteneciente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es señalado como suministrador de armas del grupo paramilitar Los Chinchulines y tiene gran cercanía con el gobernador Manuel Velasco Coello.

 “El compañero Juan Carlos Gómez Silvano”, informaron los ejidatarios en un comunicado del 31 de marzo, “es parte de la fundación y la construcción de autonomía en la comunidad Virgen de Dolores, su participación y trabajo por la organización y comunidad nunca se va olvidar porque lo llevamos en nuestros corazones. Desde que fundamos las comunidades de Nah Choj y Virgen de Dolores en el año 2010, nuestra organización ha sido hostigada en diversos momentos por el Ejército y la policía estatal preventiva, amenazándonos con hacer desalojo”.

Los ejidatarios acusan que “el mal gobierno quiere acabarnos completamente, asesinando a nuestros compañeros, utilizando a sus sicarios paramilitares que en completa impunidad, ya sea de noche o a plena luz del día, son capaces de asesinar vilmente a nuestros compañeros que trabajan y luchan por construir un mundo en el que quepan otros mundos”.

Fundada en 1980 por los habitantes originales tzeltales, el ejido San Sebastián Bachajón se encuentra en el municipio de Chilón, Chiapas, en el sureste de México. El ejido, uno de los más grandes de México, cuenta con 70 mil hectáreas en una zona de gran biodiversidad y belleza natural, en la que se encuentran las cascadas de Agua Azul. Los gobiernos estatal y federal tienen proyectada la construcción  de un gran centro turístico, por lo que los ejidatarios adherentes a la Sexta comenzaron una resistencia.

El 19 de marzo de 2007, muchos de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón se declararon adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, una iniciativa promovida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Decidieron ejercer su derecho a la libre determinación sobre sus tierras y sus recursos como pueblos originales, y construyeron una caseta de cobro en su territorio, donde los turistas pagarían su visita a las cascadas de Agua Azul. La caseta se convirtió en un punto focal para el conflicto.

En diversas ocasiones, los ejidatarios denunciaron el desalojo de la caseta y el intento de imposición de autoridades afines a los partidos políticos. En este contexto, Juan Vázquez Guzmán – vocero del ejido San Sebastián Bachajón – fue asesinado de seis disparos en la puerta de su casa el 24 de abril de 2013, en lo que fue ampliamente interpretado como un asesinato político. Sus asesinos materiales e intelectuales permanecen en la impunidad.