Ciudad de México. La reforma a la ley de telecomunicaciones es parte de la construcción de un andamiaje legal que permite la criminalización, la represión y un excesivo control de la sociedad organizada, porque está ley se entreteje con otras que están impidiendo hacer uso del espacio público, que están limitando la participación de las personas y el derecho a la defensa de los territorios”, advierte Carlos Ventura Calleja, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Por su parte, Carlos Brito Ocampo, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, manifiesta que la libertad de expresión es el libre flujo de información y mensajes y con la ley esto se afectaría; además, advierte, continúan con la idea de marginar a los medios libres y comunitarios con la legalización; mientras que con los medios universitarios se plantea recortarles el presupuesto. Y la libertad de expresión no se puede concebir sin esa diversidad de voces.

Los avances con los medios comunitarios e indígenas han sido prácticamente nulos, expresa Brito Ocampo, pues continúa la idea de querer imponerles una demanda histórica de la reserva del espectro. “Los medios libres no buscan una concesión y han hecho una declaración política al Estado de que no quieren ser regularizados, pero al no querer ‘legalizarse’, son perseguidos y procesados penalmente, por entender la comunicación de otra forma”, indica.

El periodista Jenaro Villamil, experto en el tema, escribió en la revista Proceso que “lo peor de la última versión de este dictamen de telecomunicaciones es que cierra toda posibilidad a que los medios comunitarios e indígenas se vuelvan alternativas viables”, pues, dice, “no habrá una reserva del espectro digna. No habrán condiciones de competencia. Se les restringe a un radio de transmisiones de 20 watts de potencia y torres de 30 metros máximo. En otras palabras, cualquiera radio religiosa o parroquial tendrá más potencia. A las emisoras dependientes de las universidades se les restringirán los recursos. Los medios públicos no serán tales sino extensiones de las oficinas del gobierno federal o de los gobernadores”.

La postura de Desinformémonos, revista electrónica de contenido libre y manejo de temas sociales, definida políticamente como impulsora del “periodismo de abajo”, es que ante el fortalecimiento de los monopolios y las restricciones a las radios indígenas y comunitarias, los medios libres tienen el reto no sólo de permanecer a pesar de la persecución y el hostigamiento en su contra, sino de crecer y fortalecer sus contenidos, pues serán una opción informativa cada vez más importante, y en mucho momentos única, para una audiencia a la que le están coartando sus derechos. Para informar y difundir, señala el equipo del portal semanal, “no se necesita el permiso ni la concesión de nadie”. En coincidencia con las voces de otros medios libres, Desinformémonos centra el reconocimiento de la información en la población de la gente que accede a sus contenidos. Y, en sintonía con las radios libres que se inscriben abajo y a la izquierda, advierte que “las frecuencias tiene que ser recuperadas por la gente, pues la legalidad a veces garantiza la permanencia de las radios o espacios de comunicación, pero esto sólo coarta la autonomía, y la capacidad de alcance e interacción con la sociedad”.

“La reforma a la ley de telecomunicaciones”, afirma Ventura Calleja, “pone en evidencia a un Estado obsesionado con el control de las acciones de la sociedad civil y, aún más, de la sociedad organizada”, expresa el defensor de derechos humanos, sobre el punto que faculta al Estado a acceder, en cualquier momento, a las bases de datos con la información de todas las comunicaciones

Desde la llegada a la presidencia de México de Enrique Peña Nieto, quien dio la orden de un operativo militar en San Salvador de Atenco en el 2006, donde fueron torturados, violentados y apresados cientos de hombres y mujeres por la defensa de su territorio; su gobierno se ha caracterizado por la criminalización de defensores de derechos humanos, luchadores sociales, activistas y periodistas. Ahora, con esta nueva ley, “no hay candados suficientes para detener el poder y el uso discrecional que puede llegar a tener este Estado”, manifiesta el miembro del centro de derechos humanos .

Es imposible desligar el derecho a la información del derecho a la libertad de expresión, manifiesta Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI). En este sentido, indica, la iniciativa de ley de telecomunicaciones violenta estos dos derechos, dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la concentración de los medios de comunicación es una violación directa al derecho a la información, porque impide la pluralidad y diversidad de voces.

La Ley de telecomunicaciones

La ley Telecom, es una ley secundaria que regula una reforma constitucional del año 2013, relacionada con el derecho y servicio de las telecomunicaciones. La ley se hizo pública en abril y pretende regular desde la concentración de los medios de comunicación, hasta temas relacionados con el derecho a la intimidad y el acceso a nuevas tecnologías.

Desde que se presentó la iniciativa en el Senado hasta hoy, hay algunos avances, señala Carlos Brito, pues aunque la ley sigue igual, el tema que implica la neutralidad de las redes y los bloqueos a las señales ya no están contempladas de una manera abierta, pero podría haber una redefinición de la palabra neutralidad y volver a ponerla en marcha.

La ley es muy amplia, explica Carlos Ventura, pero lo que más preocupa en materia de derechos humanos es los que tienen que ver con los medios sociales, públicos e indígenas; la neutralidad y el uso de la internet y el título octavo de la reforma, que tiene que ver con la cooperación con la justicia; en pocas palabras, la ley quiere regular todos los servicios de las telecomunicaciones.

En México, la información, el entretenimiento y la difusión de contenidos está en manos de unos pocos, explica el presidente de AMEDI. La televisión, por ejemplo, que es el medio por el que más recibe información la gente, está dominada por las empresas Televisa y Tv Azteca, que básicamente tienen los mismos contenidos por la competencia que las preside.

Del mismo modo, “el acceso a banda ancha e internet en México, también está en manos de un monopolio, y con la reforma iban a permitir que un solo operador tuviera las facultades de limitar los contenidos, atentando contra la neutralidad de la red. Pero esto ya no lo están contemplando por la presión social”, expresa Agustín Ramírez.

Ventura Calleja también señala, que hay todo un apartado sobre el uso de la información. Advierte que “lo que se busca regular en este tipo de legislación, es que el Estado, específicamente el poder ejecutivo, pueda solicitarle a cualquier proveedor de servicios de internet, que retenga los datos de cualquier persona por el tiempo que considere necesario”.

En el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta, que agrupa a diversas organizaciones, entre ellas el centro de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, considera que en aspectos como la geolocalización “no hay en ninguna parte de la ley que permita la intervención del poder judicial para emitir una orden que haga posible que una autoridad del ejecutivo pueda solicitar retener este tipo de datos a las empresas proveedoras del servicio de internet o telefonía”, expresa Carlos Ventura.

La intervención de comunicaciones tiene que ver con el seguimiento en tiempo real, desde un dispositivo móvil, y la detención de datos, que está como tema central en las discusiones sobre la neutralidad de la internet y “aún sigue en debate si el Estado puede o no intervenir o poner filtros para ver qué información fluye o no”, refiere Ventura.

“Hay una especie de intención, por parte de las autoridades, de controlar aspectos relacionados con los servicios de la red, unidos a los de la telefonía y geolocalización, porque están íntimamente relacionados”, expone Carlos Ventura y agrega que la falta de regulación explicita en la ley telecom y los intereses fácticos de por medio, está haciendo que la ciudadanía, las organizaciones y los pueblos se manifiesten en contra, porqué evidentemente es una violación al derecho de la privacidad, de la información y ante la seguridad judicial.

Esta ley es inconstitucional, manifiesta Carlos Ventura, en función de que se están violando derechos humanos fundamentales para un Estado democrático, es decir, se contrapone a derechos reconocidos internacionalmente, que la Constitución mexicana valida en función del artículo primero.

En materia de seguridad digital “vemos que evidentemente el Estado tiene las herramientas y las tecnologías para poder geolocalizar a las personas, y eso ya está reconocido en el Código Penal federal, sólo que ahí sí media una orden judicial, y en esta ley de telecomunicaciones no; Por eso se corre el riesgo de que cualquier autoridad, específicamente la Secretaría de Gobernación, pida información.

Carlos Ventura expresa que por el modo en que este gobierno ha atacado a los activistas, es evidente que sí hay una tecnología para recabar información “en la que Gobernación, con la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública, recaba información de la red. Se trata de tecnologías que no son ajenas a lo que quieren hacer y es una práctica que se hace ya, el riesgo es la legalización”.

En la ley se contemplaba la posibilidad de que por razones de seguridad nacional, se podrían bloquear señales de información y comunicación en una zona determinada, y precisamente “son este tipo de aberraciones las que no nos parecen y se tienen que seguir denunciando”.

En la Constitución está contemplado, explica Ramírez Ramírez, la protección a las audiencias, pero no los mecanismos para ejecutarla. Actualmente son los códigos de ética donde se establecen los derechos de las audiencias y los concesionarios tienen la facultad de definir los códigos de comportamiento de los operadores; con la iniciativa se pretende que la Secretaría de Gobernación, bajo criterios políticos, supervise y vigile los contenidos de la televisión, quitándole esta función al Instituto Federal de Telecomunicaciones que actualmente tiene la regulación.

Las organizaciones agrupadas en el Frente por la Defensa, consideran que es una ley que violenta, restringe y limita derechos de la información, comunicación; la transparencia y la libertad de expresión.

Ventura añade que se han hecho mítines a las afueras del Senado, explicando de manera muy didáctica como el Estado quiere intervenir y controlar las comunicaciones y proteger a las grandes empresas.

Para Agustín Ramírez, falta que se promueva el acceso y la construcción de medios comunitarios y sociales, pues “estos son la verdadera alternativa a los medios comerciales; más del 70 por ciento de la gente se informa a través de la televisión, por eso se necesita fortalecer los medios comunitarios y públicos para tener otras opciones”, y añade que el Estado debe garantizar que cualquier persona pueda acceder al espectro, ya que es un bien de la nación y no debe estar en manos de unos monopolios.

07 de julio 2014