Atlixco, Puebla. Enedina Rosas Vélez, es comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco. Privada de su libertad acusada de robo agravado, habla desde la cárcel: «mi delito fue haberme negado a firmar los documentos donde, como ejido, le vendemos los terrenos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para darle paso al Proyecto Integral Morelos (PIM),  y concederle el  derecho de paso de los tubos del gasoducto». Su libertad, dice, vale esa firma.

Enedina Rosas es una campesina de sesenta años y se encuentra detenida desde el seis de abril en el Centro de Readaptación Social, un lugar que se camufla entre la arquitectura y las montañas del zócalo de Atlixco. Ahí pasa el tiempo en una celda de casi tres metros de ancho, vestida con el paso de cientos de mujeres privadas de su libertad. Casi veinte mujeres, todas de blanco, arman en un ambiente tranquilo a pesar del hacinamiento.

En el poco tiempo que le permiten de visitas, Enedina narra sus días eternos, estáticos entre las pocas actividades que se pueden hacer en la celda: «A veces bordo, pero yo soy una mujer del campo, de la tierra y no me dan ganas de hacer nada. Yo no tengo porque estar aquí».

«Es una injusticia lo que quieren hacer con los terrenos, el gas explota y nos engañan con que no va a pasar nada, pero miren hasta dónde han llegado con tal de hacer lo que ellos quieren. Esto es una cobardía», sentencia la comisariada ejidal

El gas explota y ese es un argumento suficiente para oponerse al proyecto, pero, explica en entrevista con Desinformémonos, la imposición fue suficiente para que comenzará esta lucha: «nosotros no compramos estas tierras, nos la dejaron nuestras familias, es nuestro único patrimonio, así somos felices, sembrando, y eso lo vamos a defender hasta con nuestra propia libertad».

La CFE llegó aproximadamente hace tres años a la comunidad con un proyecto que es una bomba de tiempo, «nos plantearon que iba a beneficiarnos, que era amigable con el medio ambiente, pero está cerca de un volcán activo y eso no va a terminar bien».

El ejido San Felipe Xonacayucan está rodeado de montañas y afluentes de agua, y está habitado por no más de 160 personas que cultivan la tierra a unos cuantos kilómetros de sus viviendas. En este lugar  la maleza empieza a devorar algunos terrenos que ya vendieron otros ejidos a las empresas encargadas de la obra, por unos cuantos  centavos.

«Una bomba de tiempo»

El Proyecto Integral Morelos (PIM), es una obra que atraviesa ochenta pueblos de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Prevé la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW), ubicadas en Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al día en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, actualmente activo; y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos.

La responsable del PIM –que contempla una inversión de mil 600 millones de dólares- es la CFE; las concesionarios son las empresas transnacionales Elecnor, Enagas y Abengoa.

A pesar de la resistencia de muchos pueblos a vender sus tierras, Lucina Quintero Rosas, hija de la comisariada, relata que los tubos ya parecen un espiral, cuando el trazo de en principio era recto. Ante la negativa de muchos ejidatarios de vender, la empresa parece improvisar con al afán de hacer los trazos hasta meterse a los terrenos como si fueran unos ladrones.

«El pasado 11 de marzo llegaron con maquinaria para medir los terrenos por donde van a pasar los ductos, nosotros les dijimos que ellos no tenían permiso de estar ahí, que esas tierras son propiedad de la comunidad. No hubo ninguna agresión física como dicen, sólo no permitimos que entraran esas maquinarias porque esas tierras no son de ellos, y ellos no tiene por qué estar ahí», reclama Quintero Rosas.

La detención

«Nosotros salimos de una junta y un coche nos cerró el paso, luego llegaron más y preguntaron que quién era Enedina. Me bajaron a jalones  y me subieron a otro coche, a  los demás compañeros los dejaron en el vehículo y les dijeron que no podían ver, que agacharan la cabeza. Los que nos detuvieron no se identificaron, ni mostraron orden de aprehensión. A dos compañeros que me iban a ayudar a bajar del coche les pegaron. Me dijeron luego que me llevaban a la cárcel. Nosotros éramos unos diez y ellos como veinte, como si fueran a atrapar a alguien muy peligroso», recuerda la ejidataria.

A Enedina Rosas se le acusa de obstrucción a una obra pública, pero para ella la acusación es absurda, pues «ellos ni siquiera tiene permiso para hacer nada en nuestros ejidos, entonces ¿qué estoy obstruyendo?”.

El robo de dos celulares al ingeniero José Reyes Méndez, responsable de la obra, es otra de las acusaciones que recae en ella. «Yo ese día estaba con bronquitis y me fui a mi casa, pero mis compañeros se quedaron en la milpa porque estaban con el capricho de hacer unos trazos. La gente no estaba armada con palos, como dicen ellos. Unos dizque testigos señalan que junto con mi hermano y otra persona sujetamos al ingeniero, le quitamos su celular y lo retuvimos durante tres horas, pero nosotros para que lo vamos a retener si lo que queríamos es que se fueran de ahí», recuerda la comisariada de  Xonacayucan.

Tres días antes de la detención, en la noche, llegaron unos ministeriales buscando a Enedina, pero no comentaron nada sobre la orden de aprehensión, menciona su hija Lucina Quintero, supuestamente querían investigar si la CFE estaba haciendo bien el trabajo, pero «de alguna manera la estaban cazando, pues no se identificaban, y casi siempre llegaban en las noches. Nos preguntaron que si nosotros queríamos una carretera, que desde hace muchos años la estamos pidiendo al ayuntamiento pero nunca cumplieron, y ahora el gobierno y la CFE nos prometían  que para mañana mismo traían la maquinaria y empezaban a hacer la carretera, a cambio de que firmáramos. En ese momento supimos que a cualquier costo harían esa obra».

«Nosotros no queremos esa carretera a costa del único patrimonio que tenemos,  para que las empresas se hagan más millonarias. Yo como comisariada lo único que podía hacer era apoyar al pueblo y corresponder a la confianza que depositó la gente en mí. Entonces mi delito es haber negado una firma», manifiesta Enedina Rosas.

«Cuando detienen a mi madre violan todos sus derechos, casi fue un secuestro, porque la llevan a jalones, sin identificarse ni mostrar orden de aprehensión. En ese momento nadie quería asumir la responsabilidad del supuesto caso, ni el Ministerio Público, ni en el centro de detención. Además la trataron como a una sentenciada, pues la llevaron directamente al reclusorio femenil», denuncia su hija.

Siempre presionaron a Enedina por ser la comisariada, explica Lucina, pues sólo su firma les bastaba para empezar a cavar los terrenos: “le decían que ella tenía que ver cómo le hacía, pero tenía que convencer a la gente como fuera, pero mi mamá nunca cedió ante las amenazas».

No hay pruebas sólidas que sostengan los delitos que hoy le roban la libertad a esta campesina de Puebla. Lo único que existe hasta ahora, son los testimonios de siete personas, uno es el del ingeniero al que supuestamente le quitaron el celular, y los demás son de los trabajadores que presenciaron el supuesto robo. Lucina menciona que los han citado tres veces y nunca se han presentado para que la parte defensora los interrogue, «sus declaraciones son exactamente iguales y seguramente tienen miedo de que vayan a salir todas las mentiras, pero al no presentarse consiguen que se alargue todo el proceso».

Hasta agosto es el próximo interrogatorio. De acuerdo a la ley su periodo de comisariada terminó el pasado 13 de julio, pero para la gente, menciona su hija, “ella sigue siendo su comisariada”. Ahora, dice, “lo que pensamos es que la van a dejar a un lado, porque su firma legalmente ya no sirve y ahora siguen con el próximo comisariado.

Van a querer involucrarse en la elección, pues ya se ha visto en otras partes. Algunas personas del ejido ya vendieron, pero la gran mayoría va a seguir defendiendo sus tierras y no se van a dejar comprar por ellos».

Lo que sigue con la comisariada Enedina, sentencia su hija, es que van a seguir sosteniendo que ella es una delincuente y que su detención no tiene nada que ver con su cargo, ni con el conflicto que generó la CFE y mucho menos van a reconocer que es un problema político.

«Yo siempre he estado orgullosa de ella, desde que hizo el papel de padre y madre, de cuidar a su familia e irse a trabajar todos los días a la milpa. Y aún más al ver que su honestidad estuvo por encima de todo, incluso de su libertad; ella siempre dijo que nunca se vendía por dinero y hasta el día de hoy lo afirma», expresa Lucina Quintero.

Desde las cuatro paredes que hoy detienen su lucha, Enedina confirma su amor a la tierra. “Nosotros”, dice, “no vamos a negociar mi libertad a cambio de entregar lo que nos pertenece. ¿Dónde van a quedar todo este tiempo de lucha, todos estos meses en la cárcel? Nosotros esperamos que esto no sea en vano, el gobierno ha pisoteado los derechos de todos los que se le han atravesado en su camino y nosotros no estamos esperando si ganamos o no. Esta obra no la hacen porque nosotros lo decidimos así. Ahora fue la libertad, pero daremos hasta la vida por defender lo nuestro».

14 de julio 2014