Después del levantamiento  armado  del EZLN en  1994, el gobierno mexicano implementó inmediatamente  una  política de contrainsurgencia  de manera  deliberada y encaminada a exterminar al EZLN, a  sus bases de apoyo y a cualquier persona u organización de la  sociedad civil cuyas  demandas incomodaran  al gobierno. El  gobierno  mexicano, para poder  exterminar al EZLN,   utilizó las  mismas estrategias  de guerra, utilizadas en centro-américa en  los  años 80s para combatir   a la guerrilla, es decir  quitar su fuerza o base  de apoyo, dicho  de otra  manera,  “envenenando  el  agua  al pez”.  Al  gobierno mexicano   no  le  convenía masacrar con  el  ejército   directamente al EZLN,  ésta,  sola  se  acaba  quitándole su fuerza: la población  civil.
En la implementación de  esta   política  de contrainsurgencia (iniciada en la Zona Norte-Selva de Chiapas), el Estado Mexicano creó, financió, entrenó y encubrió  a grupos paramilitares que cometían ataques sistemáticos contra la población, consistentes principalmente en ejecuciones, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, privaciones arbitrarias de la libertad y tortura. Es bajo este contexto y este mismo patrón de conducta, que ocurre la Masacre en Acteal, de manera similar,   se da  la  masacre de Viejo Velasco,  el 13  de  noviembre de 2006. El  gobierno utiliza  a las  comunidades indígenas  para generar  un  conflicto y luego  convertirlo  en un conflicto intercomunitario, en vez   de  resolver el conflicto agrario ancestral  y asumir  su responsabilidad en  el cumplimiento  de los  Acuerdos  de San Andrés, el Convenio 169 de la OIT “. Los pueblos  indígenas y  tribales  tienen  el  Derecho al Territorio, la  Libre  determinación….”
La masacre  de Viejo Velasco, se dio en un contexto de reivindicación del derecho al territorio en el ámbito de Derechos de Pueblos Indígenas y de violaciones sistemáticas por el Estado mexicano, en cuanto a la implementación de políticas agrarias y ambientales, que han generado procesos de despojo territorial, despojos  de los  recursos naturales codiciados por las  grande empresas trasnacionales  y  la guerra  de exterminio de los pueblos indígenas, mediante  el  desplazamiento forzado o reubicación   condicionada  de 20  comunidades tzeltales y  choles entre el año 2003 y 2004, previo a la  masacre de Viejo  Velasco. Durante  todo este  periodo,  las amenazas de desalojo violento continuaron  sobre 10 comunidades choles,  ubicadas en la llamada  zona  el Desempeño  dentro  de la   zona  lacandona. Durante  el 2005,  solamente  6  de las 10 comunidades mencionadas  logran  su  certeza  jurídica,  4 quedan  sin  protección,  en este caso, la agresión y el desprecio continuaron  contra estos  cuatro poblados: Viejo Velasco, Flor de Cacao, Ojo de Agua Tsotsil y San Jacinto Lacanjá.

A lo largo del año 2006, diversas ONG´S, entre ellas el Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi´nich, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Maderas del Pueblo y Global Exchange entre otras, emitieron diversos comunicados y alertas, advirtiéndole a los Gobiernos Federal y del Estado el temor de que se hicieran realidad las amenazas de agresión violenta por parte de los habitantes de las comunidades de Nueva Palestina, de corte paramilitar   pertenecientes  a la OPDIC, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab, quienes  han sido protegidos  y beneficiarios  eternamente de los recursos  del  estado, con el argumento  de que son los  cuidadores  de la  Selva Lacandona. Por lo tanto, concluimos:

El Estado es responsable por los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2006 ya que creó una situación de incertidumbre jurídica por la tenencia de la tierra en una zona rica en biodiversidad y con un fuerte atractivo turístico. Además, el gobierno, incumplió  la palabra empeñada  en la mesa  de El Limonar en  donde se  comprometió a poner fin el conflicto agrario ancestral que llevaba más  de  30 años sin resolver, no otorgó   certeza jurídica y regularización de   tierra  El desempeño a cuatro comunidades, de las 28 presentes en la Mesa Interinstitucional El Limonar, entre éstas la de Viejo Velasco.

Ell Estado es responsable por acción ya que, con fecha 2 de abril de 2007  en respuesta a una solicitud de información por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado relató que el 13 de noviembre de 2006 hubo un operativo policiaco en la comunidad de Viejo Velasco:

“El 13 de noviembre del 2006, se llevó a cabo un operativo en el Ejido Viejo Velasco, en el que participaron  5 Fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación, 7 elementos a su mando, así como 300 elementos de la Policía Sectorial, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.”

De acuerdo con la lógica en que el Estado Mexicano narra los hechos en su informe, todo parece indicar que dicho Operativo fue producto de la Averiguación Previa ZS96/012/2006 por privación ilegal de la libertad, e iba encaminado a la liberación de algunas personas retenidas. Es decir, se trataba de una acción planeada por las autoridades.

Los responsables materiales: Un grupo de sub-comuneros  de Nueva Palestina, de la OPDDIC, grupo paramilitar.
Los responsables intelectuales: Los  3 negociadores  de la   mesa El  Limonar,
Gabriel Montoya Oceguera, Delegado Regional de Benemérito  de las Américas,
Rafael Arellanes,  Operador Político del gobierno  del Estado.
Arturo Márquez, Delegado Agrario del Estado  de Chiapas.
Martha Cecilia  Díaz Gordillo, Representante  Especial  de la Reforma  Agraria  Federal y del Grupo Operativo para la atención de la Reserva de Biósfera  Montes Azules y la  Zona Lacandona.
Pablo Salazar Mendiguchía, Exgobernador  del Estado  de Chiapas.
Vicente Fox Quezada; Expresidente   de la  República Mexicana.