Ciudad de México. Sólo después de que alguien murió por la aplicación de la llamada Ley Bala, hubo una reacción del gobierno de Puebla, pero “para nosotros no es suficiente la derogación de la ley, si ésta no se acompaña de un  proceso de reparación de daños que atienda de manera integral a las familias; la sanción a los responsables, a la cadena de mando que participó en el operativo; a la implementación de medidas de no repetición y a la certeza de que estas leyes dejen de ser discutidas al margen de la sociedad civil”, explica Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Proh, en el contexto del asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie, de 13 años de edad, alcanzado por una bala de goma de la policía, durante una manifestación.

El proyectil que mató a José Luis fue disparado por la policía estatal en la carretera Puebla- Atlixco el pasado nueve de julio, mientras los pobladores de Tehuacán y San Bernandino Chalchihuapan se manifestaban por el cierre de la oficina del registro civil. “La gente no quería represión y exigían un diálogo, pero la policía simplemente empezó a disparar. Por eso responsabilizamos al gobernador Rafael Moreno Valle por esta muerte”, denuncia por su parte Misraim Hernández Fernández, activista de Contingente Puebla.

Los pobladores de Tehuacán y San Bernandino ya habían expuesto su inconformidad por la centralización del registro civil que implicaría tener que ir a otro lugar y gastar dinero que no tienen. Afirma Misraim Hernández que el gobierno les negó el diálogo y los reprimió.

En la carretera Puebla-Atlixco la gente que se manifestaba exigía un diálogo con el gobernador, pero la respuesta de los policías fue que ya tenían la orden de dispersarlos por la fuerza. “La policía empezó a disparar balas de goma, gases lacrimógenos; la gente que estaba ahí cuenta que por casi media hora lanzaron penetra barricadas desde un helicóptero. Al dispararse estos proyectiles se expande un contenido que hace que sientas que te quema la piel”, manifiesta Hernández Fernández.

El martes 22 de julio el gobernador Moreno Valle envió la Ley Bala al Congreso para que se derogara. Sin embargo, mientras no exista una ley alterna, seguirá vigente; para Misraim Hernández la ley tiene que ser para regular el uso de la fuerza pública y no para controlar a los manifestantes. Ahora, con la supuesta abolición, las cosas podrían seguir igual.

En México la fuerza pública está totalmente desnaturalizada, expresa el abogado Simón Hernández León. Y el poder legislativo, con  las nuevas reformas, está llevando al país a un retroceso en su historia. En este contexto, hay muchos pueblos y comunidades inconformes con el despojo de sus tierras que se están organizando

Una defensa con ataques

El niño José Luís Alberto fue lesionado durante las protestas en Puebla y estuvo hospitalizado durante varios días. Elia Tamayo, madre del menor, dice no haber recibido ningún diagnóstico del estado de salud de su hijo por parte del hospital. “La madre se enteró de la muerte de su hijo a través de los medios de comunicación, pues los médicos no le proporcionaron ninguna información y se tardaron casi un día para entregarle el cuerpo de su hijo; tampoco le dieron el derecho a un abogado o asesor para que accedieran a información de la necropsia”, demanda el abogado.

“Todos estos elementos hacen suponer que el gobierno de Puebla está tratando de construir una versión en la que sea responsabilidad del propio menor de haber sido herido, y de los mismos manifestantes, cuando el operativo fue desorganizado, muchos de los gases y artefactos no se detonaron y eso demuestra que ni siquiera están capacitados”, expresa el activista.

Elia Tamayo señaló públicamente que Protección Civil la estaba presionando para que declarara que su hijo fue utilizado como escudo humano por los manifestantes, señala Simón Hernández, e informa que muchos policías resultaron heridos por un mal manejo de los proyectiles, que no son usados conforme a los protocolos, sino que los disparan directamente al cuerpo de las personas.

El uso de la fuerza excesiva legitimada con la Ley Bala, hecha por el gobernador Moreno Valle, dejó como saldo alrededor de 62 personas heridas, algunos en cuidados intensivos; uno de ellos perdió un ojo, otro menor de 16 años perdió su dedo, a otra persona uno de los proyectiles le destrozó la mejilla. Para Misraim Hernández, el gobernado tiene pleno conocimiento de esto, pues los policías deben dar un informe detallado de los proyectiles usados, tipos de armas, personas heridas e incluso muertas.

Ley Bala

Después de un proceso irregular en el que el Congreso votó la aprobación de la ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, y después de que el gobernador Moreno Valle hizo pública una ley diferente, “incurrió en una falta, porque un gobernador no tiene la facultad para modificar una ley”, sentencia Hernández León.

La ley plantea que para realizar un operativo en una protesta, la fuerza pública debe analizar el tipo de demanda y el contexto político en el que se inscribe. “Que los policías analicen si son o no manifestaciones violentas y que por lo tanto están habilitados para usar la fuerza letal, desde ahí ya es una ley que atenta contra los derechos humanos”, indica Simón Hernández.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) avaló la ley del gobierno de Puebla, argumentando que no violentaba ningún derecho, pero “después de la lamentable muerte del menor, la Comisión intervino y ahora dice que está haciendo una investigación, cuando evidentemente hay responsabilidad no sólo del Estado, sino también del gobernador y del poder legislativo de Puebla, que crearon esta ley;  del  secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosa  y de la CNDH”, denuncia Hernández León.

Aunque la ley se derogue, el decreto que se envió al Congreso dice que en tanto no exista una ley nueva ésta va a seguir vigente. Lo que ocurre es que “están condicionando la permanencia de la ley y esto permite que se siga utilizando. Pero con ley o sin ley el uso de la fuerza pública es desproporcionado y no está encaminado a proteger los derechos humanos, ni a garantizar el derecho a la protesta”, refiere Hernández Fernández.

En las manifestaciones en Puebla se han usado balas de goma y cartuchos de gas,  advierte Simón Hernández, aunque el secretario Facundo Rosas diga lo contrario. Los pobladores de las dos comunidades manifestantes han recabado estos elementos como prueba;  la única justificación que tiene la secretaría para negar estas acusaciones,  es que la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) les envió un oficio donde dice que ellos no le ha vendido a esa administración balas de goma, pero para nosotros eso no es ninguna prueba, advierte el abogado.

El secretario Facundo Rosas, tiene un antecedente por violación grave a los derechos humanos en un operativo que dejó como saldo la muerte de dos normalistas en Ayotzinapa,  Guerrero. “Con estos antecedentes lo que vemos es que hay una determinación política de los mandos para hacer frente a las manifestaciones de inconformidad con mano dura y represión”, evalúa Hernández.

“Estamos frente a un gobierno estatal  autoritario, que no acepta las disidencias, que ataca a los que lo critican; que ataca a los que lo critican; que fabrica delitos;  agrede a periodistas y controla los medios de comunicación. Actualmente tenemos alrededor de 37 presos políticos, un ejemplo es el caso de doña Enedina Rosas, a quien por oponerse al gasoducto la acusaron de robo para contener su inconformidad”, sentencia el activista Hernández Fernández.

La revocación de la Ley Bala se debe a la presión ejercida por la gente, manifiesta Simón Hernández, y es importante resaltarlo en un contexto de reformas, pues demuestra que si la ciudadanía se organiza y reivindica sus derechos, es posible revertir este tipo de legislaciones.

“Ahora Puebla está en un contexto de megaproyectos y es preocupante que la gente no pueda manifestarse, también con una criminalización muy fuerte, con varios presos políticos y eso es aún más peligroso, en un país donde crea figuras jurídicas para desmovilizar a las organizaciones y comunidades”, concluye Simón Hernández.

“La gente tiene mucha rabia por la muerte del niño José Luis, queremos que se castigue a los responsables. Estamos hartos de este clima de represión en el estado, nos quieren infundir miedo, pero la gente ya se cansó”, finaliza Misraim Hernández, y agrega que también exigen que liberen a los presos políticos y que no se continué con el despojo de tierras para los proyectos extractivistas.

       28 de julio 2014