México.  “Aquí está en juego algo más que dinero. Este es el mejor momento para defender lo que es nuestro. Este no es el `desarrollo´ que nosotros queremos”, declara Marcos Moreno Torres, pescador y miembro del Consejo intercomunitario para el desarrollo sustentable del río San Pedro, del municipio de Ruíz, Nayarit, uno de los cinco municipios afectados de manera directa por el proyecto de presa Las Cruces, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se encuentra en la etapa de verificación del Manifiesto de Impacto Ambiental.

La presa Las Cruces es una de las cinco presas que la CFE construirá sobre el cauce del río San Pedro, el único hasta ahora libre de hidroeléctricas en la Sierra Madre Occidental. Odilón de Jesús López, habitante del municipio Ruíz, sostiene que “el gobierno federal la venia promoviendo como una oferta buena para los pueblos, para su desarrollo económico y el empleo, pero no daba más información”.

La cortina de la presa estará ubicada en la parte alta de la sierra, en el municipio de Ruíz, pero las comunidades que se encuentran río abajo y que dependen de la pesca para subsistir no serían tomadas en cuenta como pueblos afectados. “En este lugar nos dedicamos  a la pesca, pero la actividad fundamental es la ostricultura, cultivamos ostiones, tenemos una producción anual de unas seis mil toneladas y es lo que le da el sustento a la población. Somos el principal productor en México y eso es gracias al río San Pedro”, afirma Marcos Moreno.

Nayarit se ubica en el noroeste mexicano, en el litoral del Océano Pacífico; cuenta actualmente con tres hidroeléctricas: Aguamilpa, La Yesca y el Cajón. Para el pescador y activista Moreno Torres, estas experiencias son importantes para los pueblos que serán afectados por la presa Las Cruces, pues “nosotros empezamos a recabar datos de Aguamailpa y la zona huichola y a simple vista la presa no los ha beneficiado en nada, que fue lo que les prometió el gobierno; al contrario, perdieron el río, un sitio sagrado, el acceso libre al agua. Ellos (los huicholes) nos dicen que protejamos lo que es nuestro, para que su historia no se repita con nosotros”

Académicos y organizaciones sociales ofrecieron información a los diferentes pueblos de Nayarit sobre las implicaciones que puede tener una hidroeléctrica. Las comunidades de la región se organizaron a partir de asambleas donde se debaten las diferentes afectaciones, sobre todo para las poblaciones que serán inundadas en la cuenca alta de la sierra. Odilón López denuncia la inundación de 44 mil hectáreas, además de 18 lugares sagrados y un centro ceremonial de los pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Huichol y Mexicanero.

La CFE tiene contemplado reubicar a 14 familias, pero hasta el momento no ha dado información del lugar,  “ellos dicen que incluso nos pueden mandar para la costa, porque ellos no entienden por qué nos empeñamos en vivir allá arriba , piensan que los sitios sagrados al fin y al cabo son piedras que se pueden trasladar para cualquier lugar. No entienden que estos sitios van más allá de su dimensión espacial”.

La pesca doméstica y libre también se verá afectada en pueblos como Boca de Camichín, donde esta actividad es parte fundamental no sólo de su economía, sino también de su cultura. El pescador entrevistado por Desinformémonos explica que ellos no se encuentran incluidos dentro de los afectados, cuando en este lugar hay más de 25 cooperativas de pescadores: “estamos asentados en un área de Marismas Nacionales, una de las más importantes de Latinoamérica, además es un área protegida Ramsar (se refiere a todos los ecosistemas en los que el agua juega un papel fundamental en su estructura y función). Ellos  no saben que los manglares necesitan esa vertiente de agua para mantener su vegetación”.

El núcleo agrario del municipio Ruíz está conformado por personas mestizas, un sector wixárika (huichol) y otro cora. Jesús López supone que esto dificulta la unida, tomar una decisión y no quedarse sólo otorgando plazos para la documentación del proyecto por parte de la CFE, pues estos argumentan que sólo son estudios de viabilidad del proyecto, aunque Marcos Moreno advierte que el gobierno del estado lo anuncia como un hecho y como una necesidad para los mexicanos, por lo que se debe de construir, incluso, sin el consentimiento de  las comunidades.

“Una vez logramos detener las anuencias, fuimos mayoría en una asamblea;  luego se hizo otra que fue completamente ilegal, el gobierno influyó mucho porque otorgó transporte y comida para que la gente llegara a la asamblea; llegó gente que nunca había ido a una asamblea y nos hicieron mayoría”, denuncia Odilón de Jesús, quién añade que incluso hubo presencia de la policía, las autoridades estatales dirigieron la asamblea y presionaron a la gente para  que se otorgara la anuencia:  “la asamblea perdió la autonomía y autodeterminación. Ahí se aprobó que la directiva agraria, conformada por el comisariado de bienes comunales y sus directivas, tuviera facultades de fallo, es decir, no tienen que convocar a una asamblea para tomar una decisión”.

El 20 de febrero pasado se celebró una asamblea en San Pedro de Ixcatán, donde la CFE y el gobierno estatal al mando del Partido Revolucionario Institucional (PRI), declararon oficial el proyecto Presa Las Cruces. Odilón López explica que fue una asamblea donde las instituciones no dieron argumentos sólidos para defender la posibilidad de la obra, asimismo el MIA no contaba con las normas establecidas en este tipo de estudios.

El proyecto de la hidroeléctrica provocará daños irreversibles para la biodiversidad. Marcos Moreno refiere que el estudio de impacto ambiental está en revisión. El Consejo intercomunitario le entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 16 mil firmas recaudadas de las personas que están en desacuerdo con el proyecto, adjuntado las razones de su rechazo.

Durante más de cuatro años la CFE promovió sólo una idea de proyecto. Heidy Orozco, miembro de la organización civil Nuiwari, expone que “llegaron sin datos precisos de la obra, desde los metros de la cortina, y la extensión de las áreas inundadas; sólo informaron sobre el número de empleos que proporcionarà la construcción de la obra, el número de viviendas y dimos cuenta con el estudio de impacto ambiental que el 90 por ciento de los sedimentos que arrastra el río estarían retenidos por la cortina, mientra ellos decían totalmente lo contrario”.

Recientemente la Semarnat pidió información adicional a la CFE, ya que los estudios de impacto ambiental no cuentan con las características legales requeridas. “Prácticamente deben hacer otro estudio y hacer un seguimiento de más de un año para demostrar verdaderamente si hicieron las consultas a los pueblos”, amplía Heidy Orozco.

El 11 de junio, la CFE ingresó información adicional y de esta manera la Semarnat amplió el plazo para la entrega de más información al Manifiesto de Impacto Ambiental, de tal manera que en septiembre de este año se dará a conocer si la hidroeléctrica las Cruces es un proyecto viable o no.

Marcelina  López de la Cruz, de la comunidad Agua Aseda, del  municipio de Rosamorada, concluye: “como mujer indígena wixárika no queremos a esta presa. Nuestros sitios sagrados son más que una piedra, hacen parte de nuestra identidad y los vamos a defender. No vamos a permitir que se construyan obras que no nos van a beneficiar, no lo vamos a permitir porque tenemos el derecho a la autodeterminación. ¿Qué va a pasar después de la obra?”, se pregunta.

 23 junio del 2014