La policía brasileña mata a más jóvenes que la pena de muerte

Gabriela Moncau Traducción: Waldo Lao

Que em algazarra os guris assassinados

Possam voltar e cantar os chacinados

Que nosso sangue escreva nova história

E ocupe o esquecimento com memória

“Mães de maio”, marchinha do Cordão da Mentira 2014

 

Sao Paulo, Brasil. El carro de la Policía Militar pasó muy despacio, en pleno domingo por la tarde, frente a un bar en el Jardín Brasil, periferia de la zona norte paulista. Apoyada encima del parabrisas estaba la pistola calibre .40. El carro pasó y cuando regresó, se detuvo. Del policía no salió ninguna palabra, sólo un disparo. La bala atravesó y partió en dos el corazón del estudiante Douglas Martins Rodrigues, de 17 años, que pasaba por ahí en su bicicleta, acompañado por su hermano de 12 años. Antes de morir, preguntó: “¿Por qué el señor me disparó?”. La calle estaba llena de gente. Era el 27 de octubre del 2013. Poco tiempo después, el barrio fue escenario de una revuelta popular.

“Yo estaba a un lado, vi todo lo que sucedió”, cuenta Adriano*, amigo de Douglas. “Cuando Douglas le preguntó al policía, este se asustó. No supo qué hacer. No quería ni ayudarlo, nosotros fuimos quienes lo llevamos al hospital”. Adriano observa todavía una marca de sangre en el asfalto. “En esa área, ese policía ya estaba provocando. Un día antes se llevó a algunas personas hacia el callejón y les dio de cachetadas”.

Rossana Martins, madre de Douglas, llegó de comer cuando su hijo de 12 años apareció gritando. Eran las 14:30 horas. Dejó a su hijo más pequeño, de cinco años, y salió corriendo. José Rodrigues estaba colocando el asador cuando un carro se detuvo a su lado: “Le dieron un tiro a tu hijo”. En el hospital, más de cien amigos se aglomeraron.

Muy cerca de ahí, centenares de personas bloquearon la carretera Fernão Dias, que une a Sao Paulo con Minas Gerais. La emprendieron a gritos contra la Policía Militar (PM) e incendiaron camiones. Por parte de la policía llegaron las bombas y las balas de goma. “Fue una brutalidad. Después de que confirmaron su muerte, todos nos rebelamos. Si no hacemos nada cuando una muerte de ese tipo ocurre, van a suceder muchas otras”, defiende Adriano. “Aquí eso ya pasa, siempre las muertes son así. El caso de Douglas fue lo que detonó porque era muy querido por todos”.

Pasaron dos días y se realizó una reunión de emergencia con el secretario de Seguridad Pública de São Paulo, Fernando Grella, y el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo. El asunto no fue el caso de Douglas o la letalidad de la PM, que entre 2001 y 2011 tan sólo en el estado de Sao Paulo mató en servicio a cerca de 5 mil 591 personas por año. Lo que salió de la reunión fue la idea de realizar acciones conjuntas para impedir nuevos bloqueos en la carretera federal.

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En el garaje de José está el camión azul que usa para trabajar. Todavía está pagando las mensualidades. En la sala, al fondo, se escucha el noticiero que relata asaltos y asesinatos, mientras las paredes exponen fotos de Douglas: en una su bautizo, en otra con una prima en una pizzería. “No repare en el olor de perro, fue Douglas quien lo trajo hace un tiempo. El animal no para de crecer”, comenta José.

“¿Por qué le disparó? Su familia también quiere saber”, resalta su padre, para quien “el culpable no es sólo el policía; es quien manda: El comandante, el gobernador”. Hasta ahora, ningún representante del Estado ha entrado en contacto con la familia. Por medio de la prensa, la presidente Dilma Rouseff (PT) y el gobernador Geraldo Alckinin (PSDB) ofrecieron “condolencias”.

“Yo no vivo de condolencias, con eso no van aliviar mi dolor”, afirma Rossana -que viste una camiseta con la foto de su hijo- en la sala de su casa, que es también su lugar de trabajo. Rodeada de tejidos y una máquina de coser, habla de sus lágrimas. “El dolor no pasará nunca. Siempre fui una persona alegre, pero creo que voy a llorar por el resto de la vida. Yo siempre reí, pero qué le vamos a hacer. Ahora no puedo reir más”.

“¿Casa de la ensalada, quién es el pepino?”. Así, jugando, Douglas atendía el teléfono de su casa. Comenzó a trabajar con 14 años, lijando carros. Para cuando fue asesinado, había conseguido un puesto en un restaurante, cursaba el tercero de preparatoria y tenía el sueño de que un día tendría un negocio lava autos. Entre las cosas que más le gustaban está el hacer balones con los amigos, jugar al papalote y comprar ropa (en esa época estaba juntando dinero para verse bien en la navidad, relata su mamá).

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El soldado de la PM Luciano Pinheiro Bispo fue detenido en flagracia. Alegó que el disparo fue accidental; acusado por homicidio culposo (cuando no hay intención), es juzgado por la justicia militar. Después de nueve días fue liberado para esperar su juicio. La investigación policial militar, para Benko, camina “a pasos de tortuga”.

“Una cosa que ya debió suceder es la reconstrucción del crimen, la principal prueba para mostrar lo que sucedió realmente. Pero el comandante sugiere que no se haga, porque puede generar una conmoción popular”, relata el abogado de la familia.

La justicia militar, cuya existencia es criticada por defensores de la desmilitarización de la policía, es tema de un grupo de trabajo en el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Desde 2013, cuando se realizó un proceso contra dos jueces del Tribunal de la Justicia Militar (TJM) del estado de Minas Gerais (MG), la entidad estudia la posibilidad de proponer al Legislativo la extinción de los tribunales militares de Rio Grande del Sur (que consume 30 millones de reales en recursos públicos al año), de Sao Paulo (40 millones de reales), de Minas Gerais (30 millones de reales) y también del Supremo Tribunal Militar (STM). El STM consume 322 millones de reales (un tercio del presupuesto del STJ) y juzga cerca de 600 procesos al año.

Para el Coronel de la PM Glauco Carvalho, de la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo, “los críticos de la justicia militar deberían investigar cómo anda la justicia común. La justicia militar y las instancias internas de la PM son extremamente rigurosas en relación a la conducta de nuestros profesionales”, defiende.

El 2013 fue un año marcado por la confrontación entre la PM y manifestantes; las denuncias contra policías militares en el TJM de Sao Paulo crecieron 28 por ciento en relación al año anterior, de acuerdo con el Ministerio Publico Estatal. La Corregidora de la PM, sin embargo, alega que el número de averiguaciones cayó en 12por ciento. De junio del 2013 a enero del 2014, se abrieron 21 averiguaciones en la Corregidora, de acuerdo con un reportaje de la BBC. Ninguno ha sido todavía concluido.

“No hay forma de entender, comprender o aceptar que haya sido un disparo accidental”, resalta Rossana. Dejando claro que no acompaña la averiguación y no sabe detalles sobre el caso de Douglas, el coronel Glauco recuerda que la PM tiene “un problema bélico en relación a a un importante lote de material proporcionado por la Taurus (fabricante de armas). Estamos en una disputa casi judicial. Tuvimos decenas de problemas con la pistola .40, que dispara sin que el policía apriete el gatillo. Las estamos recogiendo, así como algunas ametralladoras y hasta chalecos a prueba de balas porque se estaban deshilando”, relata.

“Esa arma tiene tres trabas”, argumenta José, que descarta la hipótesis de que el arma se haya disparado sin querer. “Si acaso tuviera un defecto, ¿por qué el policial la estaba usando? ¿Quién la compró? El Estado es responsable por el arma y por el policía. ¿Y por qué estaba apuntando al corazón del joven?”

En 2012, de acuerdo con informaciones de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, fueron ejecutadas 682 personas en 21 países que adoptaron la pena de muerte. En Brasil, donde la ley no da al Estado el derecho de quitarle la vida a nadie, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública registra, para el mismo año, mil 890 víctimas mortales de acciones policiacas.

José y Rossana quieren la condena del policía y la indemnización por parte del Estado. “Yo trabajo con costura, si hago algo equivocado, puedo deshacerlo y hacerlo de nuevo para que quede perfecto. La policía trabaja con vidas. ¿Sólo porque tiene aquella placa, le da el derecho a matar?”, cuestiona Rossana, que en seguida es complementada por su ex-marido: “La ley no es igual para todos. Nosotros somos de la clase trabajadora”.

Datos del Ministerio de Justicia indican que entre 1992 y 2012, la población carcelaria brasileña creció 380 por ciento. Hoy, de los casi 600 mil presos que colocan al país con la cuarta mayor población carcelaria en el mundo, 60 por ciento son negros y jóvenes, y 90 por ciento no terminó la secundaria.

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Apenas amanecía cuando el 9 de diciembre comenzó una operación de la Policía civil con 80 agentes en la región de Jardín Brasil. A patadas en las puertas, revisaron las casas de los 22 jóvenes detenidos, acusados de haber participado en la protesta de la carretera Fernão Dias. Entre ellos están cinco menores de edad, incluyendo un niño de 11 años. Los adultos fueron señalados por asociaciones criminal, daño al patrimonio, robo e incendio. En la prensa, el delegado de la cuarta Seccional de la Policía los clasifico de criminales que se aprovechan de protestas para robar.

Drogas, ropas y cuadernos fueron colocados encima de una mesa para ser fotografiados y justificar las detenciones. Muchas de las familias quedaron indignadas con la operación. La madre de uno de los detenidos alega que las ropas con etiqueta que fueron sustraídas las compraron en un bazar de la iglesia para revenderlas. Incluso se llevaron el papel con la lista de las ropas. En el periódico O Globo se puede leer: “Fue localizado un cuaderno con anotaciones de los productos robados, que eran revendidos en la región”.

“Como madre, creo que hicieron eso para denigrar la imagen de Douglas. Cuatro o cinco de los jóvenes que fueron apresados eran amigos suyos y tenían fotos en el face con él”, precisa la costurera. “No tienen cómo probar que los muchachos estaban en la Fernão Dias, y no se puede distinguir por los videos de la televisión”, opina. “Y todavía tomaron la camisa con la cara de Douglas que uno de los jóvenes tenía, y la expusieron junto con las otras cosas que fueron decomisadas”. Los chicos estuvieron presos cinco días. Algunos perdieron su trabajo y las familias están pagando fianza. Continúan respondiendo al proceso.

¿Represalia? Los padres de Douglas se miran y dicen que a veces tienen miedo. “Pero mucho más que eso”, afirma José, “tenemos la conciencia tranquila y la cabeza en pie”

*El Nombre es ficticio. El anonimato fue pedido por el entrevistado por cuestiones de seguridad.

04 de mayo 2014

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