Aunque la represión en contra de los manifestantes del Paro Nacional Agrario, Étnico y Popular de 2014 en Colombia se agrave cada día, el movimiento se fortalece. De acuerdo con las denuncias de los movimientos que participan en el Paro, las fuerzas militares del Estado colombiano continúan utilizando mecanismos de intimidación hacia la población insurgente, haciendo requisas, fotografiando a los manifestantes y hasta lanzando disparos con armas de fuego. Ahora, estarían amenazando también a los campesinos de desalojo y criminalización del movimiento.
Durante la marcha pacífica realizada el 1º de mayo, Día Internacional del Trabajador/a, en Villavicencio, capital del Departamento de Meta, a 86 kilómetros de Bogotá, hubo conflicto con la policía, protagonizado por personas ajenas al movimiento, durante el cual habrían sido lanzadas bombas de gases lacrimógenos, además de que jóvenes y una mujer embarazada fueron heridos por la fuerza policial.
Aún así, en la región de Araura, norte colombiano, se está realizando un paro total en el comercio, transporte, educación y agropecuaria, principalmente en municipios como Fortul, Tame y Saravena, concentrando a más de 6 mil personas en el movimiento. En este último municipio, los habitantes de la región afirman que miembros del Ejército nacional están aterrorizando a los campesinos movilizados con sobrevuelos permanentes de helicópteros. Continúan también fotografiando a los manifestantes y haciendo requisas injustificadas, impidiendo la adhesión de las personas a las actividades del Paro.
Hasta ahora, siguen concentrados en Saravena más de 2 mil campesinos, indígenas y afrodescendientes en instituciones educacionales del municipio, aunque con amenazas de desalojo con armas del Estado. El 1º de mayo, más de mil manifestantes salieron a las calles de la ciudad para protestar en contra de la privatización de la educación, las deficiencias en el sector de salud y la violación de derechos humanos de las fuerzas militares del Estado en contra de la población civil. Se sublevaron también en contra de la presencia de empresas multinacionales en territorios ancestrales de pueblos afrodescendientes e indígenas de Colombia.
Además, existen denuncias de disparos hechos por el Ejército Nacional en contra de los campesinos. Los militares habrían disparado indiscriminadamente en contra de personas que se encontraban cuidando animales en una hacienda del área. Los hechos se suman a una serie de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares del Estado colombiano durante toda la jornada popular.
En los municipios de Líbano y Tolima, agentes de la Policía Nacional, en ropa de civil y conduciendo motocicletas sin placas de identificación, fotografiaron a participantes y líderes del movimiento durante la concentración que discutía los problemas de la región, en especial la contaminación del agua por las actividades mineras. Mientras tanto, los días 2 y 3 de mayo, campesinos de Catatumbo se reunieron en cinco audiencias populares, deliberando la pauta de cuestiones que se suman a la jornada, como el cumplimiento de derechos territoriales y la reparación a familias desalojadas, las garantías de movilización y la no impunidad por graves violaciones a los derechos humanos de los sectores populares.
El paro es una decisión de la reunión de la Cumbre Agraria, realizada en marzo de este año. El objetivo del Paro Nacional es presentar una pauta de reivindicaciones unificada que debata las actuales políticas agrarias implementadas por el Estado y que ha debilitado al sector rural colombiano. Desde el 28 de abril, las actividades de varios sectores están paralizadas y se realizan actos públicos en todo el país organizados por la clase trabajadora urbana y campesina.
* Con informaciones de la Red de Medios Alternativos (REMA), Agencia Colombiana de Prensa Popular (ACPP),Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol) y Colombia Informa.
