A raíz de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, en el país se han incrementado los actos gubernamentales y proyectos de Ley que buscan acotar el derecho a la protesta y la libre manifestación, de acuerdo con un informe presentado el miércoles 9 de abril por organizaciones de la sociedad civil, a un día de que se celebre una marcha convocada bajo el lema “No más poder al poder”, que señala excesos en la regulación de telecomunicaciones propuesta por el mandatario.

El estudio “Control del Espacio Público” señala: “La protesta social y la criminalización de la misma va en aumento y se han agudizado las medidas para reprimirla. No sólo existen leyes que de manera expresa buscan estos fines, sino que además se adelanta un paquete de legislación local y federal que buscan criminalizar la manifestación pacífica”.

Las organizaciones participantes en el análisis fueron Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Prodh, CAUSA, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Propuesta Cívica, SERAPAZ y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

El diagnóstico de las organizaciones apunta al presidente y al regreso del PRI al Gobierno federal: “Desde la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República, el 1 de diciembre de 2012, hemos observado en México un proceso sistemático de violaciones al derecho a la protesta y contra la libertad de expresión. La lista de agravios es larga y pueden constituir la configuración de un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas”.

El investigador Miguel Moguel, de Fundar, dio a conocer que esta semana el conjunto de organizaciones presentó una carta a la CNDH para solicitarle que ejerza sus facultades para promover una controversia constitucional en contra de la reforma al Código Penal federal en materia de terrorismo.

“Junto con la solicitud presentamos a la Comisión un diagnóstico, pues vemos que bajo el argumento de combatir terrorismo, se mete la protesta y el derecho a la manifestación en el mismo concepto, y al final se criminaliza este derecho”, explicó.

Ayer, el IFAI y la Comisión presentaron impugnaciones en la Suprema Corte en contra de un grupo de artículos del Código Único de Procedimientos Penales, por considerarlos violatorios de Derechos Humanos. Las disposiciones objetadas son todas aquellas que regulan las facultades de la policía en investigación y prevención de delitos, así como las detenciones en flagrancia.

“Los espacios públicos son para debatir los asuntos públicos. Las calles y plazas públicas son de los ciudadanos, no del Gobierno”, señaló Édgar Cortés, del IMDHD.

Durante la presentación del documento, realizado en las instalaciones del Centro Prodh, los representantes de las organizaciones dieron a conocer que la ONU ya ha solicitado información a los Congresos de Quintana Roo y San Luis Potosí sobre las Leyes que analizan para regular las manifestaciones.

Entre los intentos que las organizaciones observan para controlar el derecho a la manifestación en México están, por ejemplo, la llamada “Ley Sotomayor”, que pretende regular las marchas en el DF, así como las Leyes secundarias de Telecomunicaciones que se discute actualmente en el Senado, entre otras.

En redes sociales, los grupos lanzaron la campaña #QueNoTeApaguen para difundir el estudio.

Además, presentaron tres exigencias: al Poder Legislativo federal y de los Estados pidieron no impulsar leyes que limiten la libertad de manifestación; a las Comisiones de Derechos Humanos nacional y estatales piden que impugnen cualquier ley que limite este derecho; y al Presidente,  los Gobernadores y el Jefe de Gobierno evitar el uso de la fuerza pública en contra de manifestaciones ciudadanas.