Pakistán. Los activistas contra los drones, que incluyen a quienes han perdido a abuelas, padres, hermanas e hijos en los ataques a control remoto de los aviones no tripulados, tienen claro que el gobierno pakistaní sólo condena públicamente los ataques estadunidenses pero en privado los facilita, por lo que iniciaron una serie de actividades judiciales y acciones directas para exigir su fin.
Uno de los críticos más abiertos del programa drone estadounidense en Pakistán fue detenido, torturado e interrogado por las agencias de inteligencia del país durante nueve días en febrero. No se presentó ninguna confirmación oficial o explicación de la detención de Kareem Khan, pero no fue necesario.
Khan irrita a las agencias de inteligencia, tanto paquistaníes como estadounidenses, con un reto judicial. El gobierno de Pakistán denuncia oficialmente los ataques aéreos, pero en privado sus agencias militares y de inteligencia facilitan a la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) en su labor. Más de 3 mil personas fueron asesinadas en este país por los aviones no tripulados desde 2004.
Los ataques suelen tener lugar en las Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA), una región fronteriza con Afganistán, que es parte de Pakistán pero que no se rigen por su constitución. La región se rige por el Reglamento sobre Delitos Fronterizos, una ley que data de la época colonial británica y que permite los castigos colectivos, como la quema de aldeas enteras o expulsar a tribus cuyos miembros actúen contra el gobierno federal. Un funcionario designado por el gobierno federal coordina actividades con las tribus, y tiene la única autoridad para actuar como juez en los casos penales.
El precario sistema legal hace que sea difícil juzgar a las autoridades responsables de las muertes, ya sea las realizadas por militares -hay más de cien mil soldados estacionados en FATA-, o por ataques con aviones no tripulados estadounidenses.
Pero eso podría cambiar, a medida que más y más personas presentan denuncias, tanto contra las autoridades paquistaníes como las estadounidenses, por la muerte de sus seres queridos en los ataques con aviones no tripulados.
Alrededor de las 9:30 de la noche del 31 de diciembre de 2009, la casa de Khan (en Waziristán del Norte, FATA, cerca de la frontera con Afganistán) fue atacada por una serie de misiles Hellfire desde un avión no tripulado estadounidense. El hijo de Khan de 18 años de edad, Zahinuallah, y su hermano, Asif Iqbal, de 35 años, fueron asesinados. Khaliq Dad, un albañil que trabajaba en la construcción de una mezquita local y quien pernoctaba en la hujra, una habitación adjunta, también murió esa noche.
Khan presentó cargos de homicidio contra John Rizzo, ex director de la CIA, y Jonathan Banks, jefe de la oficina de la agencia en Pakistán, como responsables por haber supervisado el programa de aviones no tripulados. El jefe de la CIA en Pakistán es el oficial máximo del país y su identidad es un secreto bien guardado, por lo que cuando su nombre apareció en los documentos judiciales, Banks fue retirado rápidamente.
El ataque aéreo que mató a los familiares de Khan al parecer también asesinó a Hajji Omar, un ex alto comandante de los talibanes. Los informes de la muerte de Hajji Omar fueron sorprendentes -había sido reportado muerto en otro ataque más de un año antes también. Hasta que Khan se presentó con su versión de la historia, los informes de noticias citaron a funcionarios paquistaníes y estadounidenses anónimos diciendo que no hubo civiles muertos en el ataque. Para los activistas anti-drones como Khan, ese es el problema con los aviones no tripulados. Los Estados Unidos insisten en que la tecnología es una mejora respecto a la guerra convencional, ya que puede discriminar entre militantes y civiles.
Los drones pueden flotar en un lugar durante varios días, espiando a las personas mientras realizan sus actividades diarias, a la espera de una oportunidad clara para matar a un blanco sin daños colaterales. Pero aun así, los ataques asesinan a civiles. El hijo de Khan, por ejemplo, trabajaba como guardia en una escuela pública, y su hermano como maestro.
«Ellos [los estadounidenses] simplemente matan y no les importa a quién», acusa Khan. «Después sólo nos ponen en la categoría de terroristas.»
En la tarde del 24 de octubre de 2012, Nabeela, de ocho años, estaba cosechando okra de los campos de su familia con sus dos hermanas y se abuela Mamana Bibi, de 68 años de edad. En ese momento, un avión no tripulado que sobrevoló en círculos durante horas lanzó dos misiles. «La explosión fue muy cerca de nosotros. Fue muy fuerte, me levantó en el aire y me empujó contra el suelo», relató Nabeela a los investigadores de Amnistía Internacional. Cuando volvió en sí, Nabeela encontró a su abuela muerta. «Encontramos el cuerpo mutilado un poco tiempo después. Debido a la explosión, estaba a una distancia bastante grande. Recogimos muchas partes diferentes del cuerpo y las envolvimos en un paño».
Cuando los hermanos de Nabeela acudieron al lugar para ayudar, el drone disparó otra andanada de misiles contra ellos.
El ataque tuvo lugar en una zona rural, cerca de la casa de Mamana Bibi, y a más de mil metros de la carretera más cercana, por lo que es difícil entender cómo un operador de aviones no tripulados, que observó a la abuela por horas, de repente decidió atacarla.
En ese momento, las noticias citaron a funcionarios paquistaníes anónimos que declararon que tres militantes habían sido asesinados en esa operación.
«Incluso antes de nacer, ya nos colocaron en la categoría de terrorista», advierte Khan.
El ataque que mató a la abuela de Nabeela llevó a otra demanda en los tribunales paquistaníes contra personal estadounidense, y en 2013 Nabeela viajó a Washington para testificar ante el Congreso acerca de los drones.
En mayo de 2013, un tribunal superior de Pakistán emitió un fallo histórico, al señalar que el gobierno federal era cómplice o no quería detener los ataques. La Corte ordenó al gobierno plantear la cuestión en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, si el programa continúa, a tomar medidas aún más fuertes, como el bloqueo del suministro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o incluso disparando a los aviones no tripulados. Pero el gobierno de Pakistán no cumplió la sentencia.
Los drones vuelan desde bases en Afganistán y son controlados por pilotos en sillas en los Estados Unidos. Cámaras sofisticadas recogen enormes cantidades de datos -incluyendo conversaciones de los teléfonos celulares que se utilizan en la zona- que se transmiten a través de las redes en los países europeos. Se necesita más de un centenar de personas para coordinar el vuelo de un solo avión no tripulado, que incluyen a expertos de inteligencia que analizan el video en vivo desde los drones, y lo relacionan con lo que se ve en las conversaciones telefónicas interceptadas. Muchos de ellos trabajan en estrecha colaboración con las agencias de inteligencia en Europa, por lo que las víctimas de los ataques presentaron denuncias también en países europeos.
Noor Khan (sin relación con Kareem Khan), cuyo padre fue asesinado en un ataque en Waziristán del Norte en 2011, presentó un caso en el Reino Unido. Pidió una explicación a las agencias de inteligencia del país por su apoyo logístico para el programa de aviones no tripulados de Estados Unidos. Alrededor de las 10:45 de la mañana del 17 de marzo de 2011, aviones no tripulados comenzaron a disparar contra una reunión de más de un centenar de ancianos de las tribus que mediaban en una disputa sobre una mina local de cromita.
Los periodistas de la Oficina de Periodismo de Investigación, con sede en Reino Unido, recogieron los nombres de 42 civiles que murieron ese día, pero los funcionarios estadounidenses siguen reclamando que todos los muertos fueron militantes talibanes. «Estas personas no estaban reunidas para una venta de pasteles», alegó un funcionario estadounidense al The New York Times en 2011. «Eran terroristas».
Ya que los casos judiciales contra los ataques con aviones no tripulados se alargan, otros activistas comenzaron a utilizar otros métodos para presionar a los estados Unidos.
Treinta kilómetros al este de la frontera con Afganistán, en una caseta de una autopista, los voluntarios como Nazzar Muhammad, de 55 años de edad, toman turnos para revisar los contenedores de carga con destino a Afganistán. Cientos de camiones pasan por la caseta todos los días en su camino al paso fronterizo de Torkham. Los manifestantes ocupan la caseta desde hace diciembre de 2013, en un esfuerzo por cortar una ruta de abastecimiento crucial entre la ciudad portuaria sureña de Karachi y tropas de la OTAN en Afganistán.
Afganistán no tiene salida al mar, por lo que todo lo necesario para las tropas estadounidenses y de la OTAN tiene que llegar por aire o por medio de camiones. Durante la última década, la mayoría de los insumos utilizados por las tropas estadounidenses en Afganistán -desde comida hasta Humvees blindados – llega a través de la carretera que está bloqueada por los manifestantes cerca de Torkham, o por otra carretera al suroeste de allí, en otro cruce fronterizo de Chaman. «No vamos a parar hasta que los drones se detengan», explica Mohamed. Se pone de pie al lado de un flujo constante de camiones profusamente decorados y autobuses llenos que se dirigen hacia la frontera, muchos tocando sus cláxones o gritando consignas de apoyo a los manifestantes.
Con el cierre de una ruta de suministro, Estados Unidos tendrá que gastar más dinero en las alternativas, más de cien millones de dólares al mes, de acuerdo con funcionarios estadounidenses. A medida que la guerra en Afganistán termine en 2014 y las tropas y el equipo tengan que ser transportados, las rutas de suministro serán cada vez más importantes.
«No estoy seguro de si los ataques de los drones se detendrán», valora Kareem Khan. «Pero incluso si no se detienen, seguiremos haciendo lo que podamos».
10 de marzo 2014
