México. Los comuneros nahuas de Santa María Ostula, Michoacán, después de años de lucha por recuperar su territorio y enfrentarse al crimen organizado, arrastran “exilio, muertos y dolor”, afirma un habitante de este pueblo indígena, que pide mantener su nombre en el anonimato. Sin embargo, poco a poco volvieron a tomar posesión de su territorio y rearticulan su guardia comunitaria en las 23 encargaturas de la comunidad y su cabecera.

Los nahuas están de nueva cuenta en sus casas –aunque algunos todavía no regresan por temor- y su policía comunitaria está funcionando y en plena rearticulación. Se enfrentan ahora al desastre dejado por el saqueo de recursos naturales, especialmente de árboles en peligro de extinción, y la desconfianza ante la idea de que regrese el crimen organizado.

Las prioridades para los comuneros, destaca el entrevistado, son que se desarticule al crimen organizado, “pero no sólo a la mafia, sino que se haga justicia especialmente en los casos donde hubo cooperación de los funcionarios”; que haya garantías de funcionamiento para la Policía Comunitaria “y que no nos desarmen”; y que haya una solución definitiva al problema agrario a favor de la comunidad, “y que respeten el territorio. Si en la comunidad decimos que no queremos carreteras, minas o que llenen nuestras playas de hoteles, que así sea”.

El principal problema, asegura el entrevistado, es el crecimiento del cártel de Los Caballeros Templarios, que se convirtió prácticamente en un gobierno debido a las omisiones delas autoridades oficiales para garantizar la vida y la seguridad de los habitantes de Ostula. Y es que en el territorio de esta comunidad se da todo tipo de recursos que pueden interesar a una organización ilícita: minerales (las denuncias sobre la explotación de las minas de hierro por parte del crimen organizado son ya asunto frecuente en las noticias); maderas preciosas; rutas de flujo de mercancías y tierras.

En este momento, los nahuas están en posesión del territorio, incluyendo el punto más delicado, que es Xayakalan, pero la comunidad recibió fuertes golpes del crimen organizado, incluyendo el saqueo de la madera sangualica. Los comuneros llaman a la solidaridad, pues la labor de vigilancia y rearticulación de su organización exige alimentación y recursos extras para sostenerse. Las primeras aportaciones ya llegaron, a través de un comité de apoyo que funciona en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Breve recuento de un despojo y una organización

La lucha por la reconstitución del territorio de Ostula comenzó en 1964, cuando le fueron reconocidas sus tierras ancestrales por medio de una resolución presidencial, pero por fallas técnicas en los planos, los pequeños propietarios de La Placita comenzaron a invadir porciones del lugar, tanto para cultivos de papaya, mango y tamarindo, como para fraccionar y vender lotes. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula señala que algunos de esos invasores son cabezas del crimen organizado en la región.

El 29 de junio de 2009, después de un litigio judicial que aún no se resuelve y de mediaciones de la autoridad que siempre beneficiaron a los invasores mestizos, la comunidad decidió retomar la totalidad de su territorio, que alcanza las 28 mil hectáreas. Reocuparon el paraje La Canguancera (invadido por seis pequeños propietarios de La Placita) y fundaron el poblado de Xayakalan. En esa misma fecha quedó constituida su Policía Comunitaria, con el objetivo de defender el territorio. Apenas un par de semanas antes, el Congreso Nacional Indígena emitió el Manifiesto de Ostula, enarbolando el derecho a la autodefensa de las comunidades para la protección de su territorio.

En estas tierras indígenas se cruzan intereses mineros (sobre todo de minas de hierro, de gran pureza en esta zona); de trasiego de todo tipo de mercancías, por su posición estratégica; de extracción de recursos naturales y de explotación de playas y paisajes. Desde años atrás, se convirtió en un punto de mayor importancia para el crimen organizado.

La respuesta a la organización de los comuneros fue contundente: comenzó una ola de asesinatos y desapariciones que alcanzó la cúspide en 2011, año en que Ostula se negó a participar en las elecciones oficiales y fueron ejecutados Trinidad de la Cruz, jefe de la guardia comunitaria, Crisóforo Sánchez Reyes y Teódulo Santos, uno de los principales promotores de la recuperación de tierras.

A mediados de 2012, el crimen organizado afianzó su poder en la zona, que no se explica “sin, al menos, la complicidad de las instituciones”, puntualiza el comunero, testigo del proceso de organización desde sus inicios.

Los asesinados sumaron 32 en tres años y la violencia llevó a muchos comuneros a abandonar sus casas. Xayakalan quedó “casi despoblado”, recuerda el entrevistado: de 40 familias asentadas, quedaron diez, “pero la comunidad siempre mantuvo la posesión del territorio, aunque en una situación muy precaria y difícil”, precisa el nahua. Sin embargo, hubo un retorno hormiga, y para 2014, las 40 familias ya estaban de vuelta en su poblado.

Hubo una consecuencia más del dominio de los cárteles que preocupa profundamente a los indígenas: aprovechando el desplazamiento de familias y la desarticulación de la guardia, miembros del crimen organizado vendieron madera preciosa a empresas chinas, especialmente sangualica (protegida por la Norma Oficial Mexicana 59-Semarnat 2010). El árbol “casi se acabó”, denuncia el comunero. Y la preocupación ya no es tanto por una afectación al patrimonio de la comunidad, exclama, sino porque es “la extinción de una especie. Es contra la naturaleza”. El comercio ilegal de esta madera protegida sucede también en las costas de Jalisco y Nayarit.

El entrevistado apunta que un saqueo de estas proporciones sólo pudo ser posible con la complicidad de las autoridades. Detalla que las autoridades del ayuntamiento de Aquila (municipio al que pertenece Ostula) abrieron caminos que facilitaron la salida de la madera preciosa, y que los talamontes tuvieron que pasar por retenes de la marina y el ejército, además de las aduanas de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, “que tenían que haber hecho imposible que eso sucediera”.

Afortunadamente, puntualiza, no se abrieron minas clandestinas, lo que sí sucede en poblados vecinos.

De regreso a casa

El 8 de febrero de 2014, acompañados grupos de autodefensa de los poblados vecinos de Chinicuila, Coahuayán y Coalcomán, un primer cuerpo de guardia comunitaria (integrada sobre todo por los exiliados) reingresó al territorio. Los nahuas hicieron una asamblea, en la que decidieron reconstituir su Policía Comunitaria. “Poco a poco se fue recuperando la confianza. Otras familias retornaron a la comunidad, aunque algunos de plano no han querido regresar, pues arrastran además del exilio, la muerte de su padre, de su madre, de su hermano, de varios integrantes de su familia, y se sienten mal”, valora el comunero.

Aunque no se registraron contraataques del crimen organizado, sí hay quien se opone al regreso de la organización comunitaria. Los nahuas denuncian que desde el mismo 8 de febrero, elementos de la Policía Ministerial Federal y el Ministerio Público de Coahuayán hostigan a los comuneros y los presionan para que desalojen Xayakalan, e incluso hubo un intento de desarme de los comunitarios por parte del ejército.

A un mes del retorno de la policía comunitaria de Ostula, la comunidad ya cuenta con 26 guardias rotativas –tanto de la cabecera como de las encargaturas-, y los comandantes electos en la asamblea del 13 de febrero están en coordinación con los jefes de tenencia, que son las autoridades civiles. Los 2 mil comuneros realizan faenas colectivas en Xayakalan, y cada encargatura está en el proceso de nombrar a quienes integrarán la guardia.

Los nahuas no se confían. Están alertas ante las empresas mineras –revelan que cerca de 8 mil hectáreas de su territorio están concesionadas-, un posible retorno de los cárteles y el conflicto con los pequeños propietarios de La Placita, que no se ha resuelto. “Hay buen ánimo porque cambió el infierno en el que vivimos, pero sigue la desconfianza. Tenemos en el pensamiento que pueda regresar el crimen organizado de forma todavía más violenta si no se les desarticula y se castiga a los funcionarios coludidos. Y no hay ningún signo, desde los comisionados del gobierno, de que esto vaya a suceder”.

17 de marzo 2014