Chiapas, México. El caso de la comunidad tzotzil de Los Llanos –a quien las autoridades estatales no le conceden otra opción que permitir el paso de una carretera o ser reprimidos por el ejército-, ilustra la política neoliberal de avasallamiento de territorios sin respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada. Pero los tzotziles decidieron defenderse de una imposición que, consideran, afectará su soberanía alimentaria y vulnera sus derechos al territorio, autonomía, a la no discriminación y a la protección de su medio ambiente y recursos naturales.

La obra, que de acuerdo con los tzotziles desplazará a más de 860 personas de Los Llanos, constará de 185 kilómetros que cruzarán los municipios de San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Chilón y Palenque. Es parte de la Política Nacional Turística del presidente Enrique Peña Nieto.

El anuncio de la reforma al marco jurídico agrario que realizó Enrique Peña Nieto a principios de 2014, retomando así la propuesta de Felipe Calderón Hinojosa, representa un atentado contra las comunidades y pueblos indígenas, y una gran oportunidad para los intereses privados que esperan no tener más obstáculos para la política privatizadora de los territorios indígenas.

Se complementan así las mal llamadas reformas estructurales, en aras del supuesto “desarrollo” o “progreso”. Con estos conceptos vacíos de significado, el discurso político y jurídico del poder capitalista justifica los proyectos de despojo del territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas.

Esta política va tomando forma en los actos de gobierno que pretenden la implementación de proyectos de alta escala sin la consulta libre, previa e informada de las comunidades. Tal es el caso de la comunidad indígena tsotsil de Los Llanos, ubicada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que decidió resistir la imposición en sus tierras de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque.

La comunidad considera que la obra carretera pone en riesgo su soberanía alimentaria y vulnera sus derechos al territorio, autonomía, a la no discriminación y a la protección de su medio ambiente y recursos naturales, previstos en la Constitución mexicana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y en los estándares de protección desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la observancia del Derecho a la Consulta obliga al Estado a tomar en cuenta a las comunidades desde el diseño de la medida que se pretende implementar; a brindar toda la información con suficiente anticipación y en los términos de su lengua y cultura; a ser respetuoso de los tiempos y las autoridades de las comunidades y pueblos indígenas; y a no hacer uso de ningún tipo de coacción y violencia en dicho proceso.

Para hacer valer estos derechos reconocidos, el 6 de enero de 2014 la comunidad de Los Llanos inició un juicio de amparo en contra de cualquier permiso y licencia otorgada por autoridades de nivel federal, estatal y municipal para la implementación dentro de su territorio de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque sin consulta libre, previa e informada de la comunidad. El juicio de amparo fue admitido por el Juez Sexto de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en el mismo se concedió la suspensión de plano de todos los permisos y licencias que hayan sido otorgados.

Casos como el de la comunidad de Los Llanos se repiten en todo México, lo que demuestra la falta de voluntad y compromiso de las autoridades en materia de derechos de los pueblos indígenas –ya que les representan un obstáculo para la privatización de su territorio y su incorporación a la dinámica del mercado.

La determinación de la comunidad de Los Llanos para acudir a las instancias judiciales en la defensa de sus derechos como pueblo indígena, tuvo como antecedente que el 16 noviembre de 2013, el sexto regidor del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fidencio Pérez Jiménez, los amenazó con que la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque pasará sobre sus tierras de uso común, y en caso de que hubiera oposición, las autoridades comunitarias serán privadas de su libertad y se echará mano del Ejército mexicano para el inicio de las obras de construcción.

Aunado a lo anterior, el 26 de noviembre de 2013 el secretario general de Gobierno del estado de Chiapas, en declaraciones públicas realizadas a los medios de comunicación locales y nacionales, manifestó que “no hay marcha atrás” en relación a la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque, ya que la misma se realizará aún a pesar de la oposición de las comunidades indígenas, entre ellas Los Llanos.

Las amenazas directas de ejercer represión contra la comunidad de Los Llanos, así como las declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno estatal –que dan por hecho que no existe alternativa para las comunidades que manifiestan inconformidad, más que ceder el paso para la autopista, soslayando sus derechos como pueblos indígenas-, constituyen en sí mismas violaciones al derecho de la comunidad a la consulta, a la libre determinación, a la autonomía y a su territorio.

*Abogado defensor de derechos humanos

Publicado el 10 de febrero de 2014