La empresa dijo que no iba a inundar el área anexa pero ahora quiere desalojar a la población indígena.

Servindi, 13 de febrero, 2014.- El Agua para el pueblo Ngäbe – Buglé, localizado al noroeste de Panamá, es Dios y les da vida. Pero para otros se escribe con minúscula y si se le exige, brinda luz eléctrica. No importa que en el proceso se tenga que desplazar a más de 3 mil familias indígenas.

El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, cuyo comienzo se remite al 2010, consiste en represar el río Tabasará, lugar sagrado para los habitantes de la comarca Ngöbe-Buglé, quienes viven en las riberas del mismo.

Pese a que la figura jurídica de Comarca reconoce el derecho de propiedad de los indígenas, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) ordenó el desalojo de los indígenas del lugar quienes en conjunto son más de tres mil familias.

“La empresa dijo que no iba a inundar el área anexa, y por qué ahora la autoridad nos quiere desalojar”, declaró Silvia Carrera, cacique general, para el noticiero panameño Telemetro.

“La ley se hace para cumplirla, no para que la violemos”, señala frente a la vulneración de la zona por parte de la empresa que cuenta con el resplado del gobierno de Panamá.

Silvia Carrera puntualizó que existe una evidente alianza y un mismo objetivo entre el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli y el proyecto en cuestión.

El Centro de Incidencia Ambiental y la organización comunitaria Ngabe-Buglé Movimiento 10 de Abril anunciaron que pronto harán público los atentados contra los derechos humanos y ambientales en la comarca.

“La ASEP fija montos preliminares de compensación para que la empresa pueda entrar con autoridades de policía a las tierras, aún cuando no hayamos sido consultados y no exista acuerdo con sus dueños” aseveró.

Antecedentes

El proyecto Barro Blanco desde su origen en el 2010 ha sido criticado por su impacto ambiental y cultural en el área. Incluso James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, comentó el conflicto social que viven los Ngäbe – Buglé, durante su visita el año pasado.

“De mi visita a la Comarca Ngäbe Buglé y de mis diálogos con representantes ngäbes resulta evidente que aún existe una fuerte oposición al proyecto Barro Blanco, así como una falta de claridad y de información adecuada sobre los impactos del mismo” dijo en aquella oportunidad.

Panamá es uno de los países que no ha ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ya en noviembre del 2013 los pobladores de la ribera del río Tabasará protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se pronuncie por el recurso de nulidad del proyecto presentado meses atrás.

Existe una total ignorancia del Gobierno hacia los indígenas enfatiza Carrera, “tuve que dar cara por mi pueblo, pero el Gobierno no quiso dar cara por su país” indicó.

La desatención también proviene del sector empresarial. “La empresa no me he dicho nada, no me ha llamado. La empresa se está reuniendo con dirigentes que no son de la zona”, manifestó.

Pese al conflicto desarrollado y al reclamo general, el proyecto está avanzado en un 64 por ciento.

Silvia Carrera no rechaza la idea que los Ngäbe – Buglé vuelvan a salir a las calles alzando su voz de protesta si continúan la ignorancia y el atropello de sus derechos.