La lucha contra el Tren de Alta Velocidad en Italia llegó a los 20 años, pero esta vez, la represión gubernamental cambió de calidad. Cuatro activistas, acusado de participar en un sabotaje a instalaciones eléctricas, fueron acusados de terrorismo por oponerse a la decisión de construir la megaobra, ya que ésta se considera “democrática”.

El conjunto del movimiento opositor (jóvenes y ancianos, habitantes del lugar y solidarios de otras ciudades) responde otra vez, ante el intento de separarlos entre “pacíficos” y “terroristas”: el bloque negro somos todos.

Italia. Estaba en el aire la operación represiva que llevo a la cárcel a cuatro personas (tres hombres y una mujer) acusados de participar -en la noche del 13 al 14 de mayo de 2013- en una acción contra las obras de construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Chiomonte, Valle de Susa.

Por supuesto no se sabía a quién le tocaría, ni bajo cuáles acusaciones. Pero el coro, repetido de manera obsesiva desde meses por todos los medios de comunicación italianos y por los representantes los más destacados del partido ecumenista de los pro-TAV, no dejó dudas de que sucedería.

El anuncio del jefe de la procuraduría de Turín, Caselli, de que se jubilaría unos meses antes de lo previsto, no escapó a los más atentos, ya que no fue ningún signo de buen augurio: es difícil imaginar que tal personaje abandonaría el escenario en silencio.

Después de revisar el terreno durante el verano, a golpe de investigaciones y de cateos en contra de diversos activistas No TAV bajo la acusación de “atentado con fines terroristas”, el inevitable tándem de procuradores turinenses Padalino-Rinaudo reintentó el golpe unos meses después, con los arrestos de Chiara, Claudio, Mattia y Niccolo, en un último saludo respetuoso a su padrino Caselli, y esperando con eso escalar unos escalones mas en la competencia por su sucesión.

Las otras acusaciones acusaciones son: “acto de terrorismo con el uso de artefactos capaces de engendrar la muerte o artefactos explosivos, degradación por medio de incendio, violencia en contra de agentes de policía, y posesión y transporte de armas de guerra”.

Esas acusaciones impiden cualquier posibilidad de obtener medidas de control judicial (alternativas a la cárcel: arresto domiciliario, obligación o prohibición de encontrarse en un territorio delimitado, etcétera), e implican además un tiempo de encarcelamiento previo al juicio muy largo, así que amenazan transformarse en condenas que pueden superar los 20 años de cárcel, si las acusaciones quedan iguales durante el juicio.

Para ser más precisos, los cuatro encarcelados son acusados, entre otras cosas, de haber participado en grupo y con otras personas “en proceso de identificación”, de haber amenazado la vida y la integridad física de las personas encargadas de las obras de construcción del túnel de exploración, de “obligar a los poderes públicos o a una organización internacional cumplir o abstenerse de cumplir de cualquier acción” (en este caso el financiamiento y la realización de la línea ferrocarril de alta velocidad Turín-Lyon), “causando así un perjuicio grave en contra de Italia y de la Unión Europea” (artículo 270 del código penal).

Una simple constatación que anotar es que nadie, durante esa acción en contra de las obras del TAV, obrero, policía o militar, señaló algún daño físico, ni declaró una interrupción temporal de su trabajo. En cambio, es interesante entrar al detalle del artículo 270.

Incluido en las reformas judiciales llamadas “paquete seguridad Pisanu” (julio de 2005), este artículo debía servir para ampliar de manera significativa la definición de la “actitud terrorista”. Usó la ola de indignación provocada por los masacres de Madrid en 2004 y de Londres en 2005. Esas nuevas normas, aparentemente para aplicarse contra situaciones como la de los bombazos de Madrid (que forzaron al gobierno de Zapatero a retirar sus tropas de Irak), se caracterizaron por ser redactadas de forma deliberadamente vaga.

Activistas y abogados estuvieron conscientes de que diversas luchas sufrirían los efectos de tal reforman La aparición del artículo 270es en una instrucción contra los No TAV no es una anomalía judicial, sino la aplicación de un dispositivo pensado desde el principio en contra del conflicto social.

No es casual que esa carta sea usada por primera vez justamente en defensa de las obras del TAV en Chiomonte, donde ya el alambre de púas israelí, así como los militares y tanques regresados de Afganistán, hicieron cada vez más inexistente la frontera entre guerra interna y guerra externa.

Esa noche, fueron incendiados un generador de electricidad, una caja de alimentación eléctrica conectada a una turbina de aeración, cables de electricidad y canalizaciones de la turbina -materiales que sirven para la realización del túnel de exploración, y cuyo daño retrasa de manera concreta el avance de las obras.

Se trató de un acto muy selectivo, un gesto que afirma directamente su propio objetivo; una acción de sabotaje ejemplar, un sabot lanzado contra las máquinas de construcción para quebrar su funcionamiento. Fue algo muy bien entendido por el movimiento No TAV, como lo demostraron las declaraciones y los comunicados en los días que siguieron a la acción.

Por primera vez en Italia desde hace treinta años, un movimiento de masas reivindicó el sabotaje como práctica de lucha. En la historia real, muy diferente de la escrita por la justicia, la práctica del sabotaje fue asumida públicamente por el movimiento, porque las formas constantes y rotundas de rechazo masivo a esa gran obra fueron sistemática y rotundamente ignoradas. Una prueba de eso es que un túnel de exploración volvió a ser declarado como un “sitio de interés estratégico nacional”, definición retomada por el expediente judicial de los procuradores Rinaudo-Padalino.

Todo eso creo un desorden al partido pro-TAV, vista la influencia adquirida por la lucha en el Valel de Susa. De igual forma sucede en la lucha No Muos [contra la instalación de antenas militares estadunidenses en Sicilia], donde la palabra sabotaje está de nuevo en el orden del día, preocupando aún mas a la “madre de todas las preocupaciones” (es decir a la democracia italiana), como lo expresó la señora Cancellieri-Ligresti, encargada de la Secretaría de Justicia.

Es con esa luz que hay que leer el expediente judicial.

Después de los arrestos del 9 de diciembre, muchos subrayaron que las acusaciones de terrorismo, retomadas en coro por toda la prensa, intentaban dividir una vez más al movimiento. Después del “ somos todos bloque negro”, gritado por miles de personas el 3 de julio, el nuevo intento por aislar a los cuatro encarcelados por medio de la división del movimiento entre buenos y malos, entre habitantes del valle pacifistas y extremistas llegados de afuera, fracasó rotundamente.

El 3 de julio de 2011, miles de personas se manifestaron contra el desalojo del campamento de la Maddalena, con el resultado de varias horas de enfrentamientos y mostrando una clara determinación para retomar el lugar desalojado. Vinieron loa arrestos, y el Estado y sus medios de comunicación intentaron dividir al movimiento. Un lema fue entonces gritado y retomado por el conjunto del movimiento en lucha: “ todos somos bloque negro ”.

En asunto de divisionismo, ya pocas personas pudieron todavía tener dudas, y los mismos investigadores no se hicieron muchas ilusiones. A través de esas acusaciones de terrorismo, el objetivo buscado por las autoridades parece ser muy diferente.

En el expediente judicial, los investigadores, insistiendo en el mero plano jurídico, sostienen una tesis claramente política. Basándose en un breve historial de los actos legales y las cumbres internacionales que permitieron la instalación de las obras de Chiomonte en el Valle de Susa, los magistrados defienden la tesis de que se trata de una elaboración democrática.

La acción en contra de las obras – vinculada a la enumeración de prácticas de oposición, cuyo voluminoso expediente abarca una larga descripción- fue definida como “terrorista”, no tanto por sus características específicas, sino por el hecho de oponerse a lo “democrático” de una decisión gubernamental. Sigamos esa lógica: Todas las decisiones impuestas por el Estado tienen un fundamento legal, lo que quiere decir que están formalmente basadas en el Derecho. Todo lo que pone en discusión un proyecto estatal puede ser entonces acusado de “terrorismo”, con lo que solamente nos queda el desacuerdo platónico.

Dar un carácter concreto a su propio “No”, que en el fondo es la característica esencial del movimiento No TAV, se vuelve antidemocrático. Benito Mussolini hubiera dicho: “Nada fuera del Estado, nada en contra del Estado”. El totalitarismo habla hoy con un lenguaje diferente: “¿Nuestras decisiones democráticas no te gustan? Eres un terrorista”.

La democracia es una puerta blindada contra todo tipo de desacuerdo (aparte del concedido, de la denuncia); el desacuerdo no se detiene, la puerta se encuentra entonces blindada con alambre de púas y militares; el desacuerdo se vuelve sabotaje, y eso revela las “finalidades terroristas” de la lucha No TAV. De una manera, los dos procuradores turinenses dicen explícitamente lo que hasta entonces era implícito: las decisiones de un Estado democrático son incontestables. En cualquier lucha que sea, incluso un conflicto sindical, intenta siempre llevar el partido adverso a “cumplir o abstenerse de cumplir con un acto cualquiera” (como lo escribe el artículo 270).

El bien nombrado pacto social, o la dialéctica entre los cuerpos sociales, se fundaba sobre eso: lo que hoy es ilegal puede ser mañana un derecho. Era la época, empezada en la posguerra, durante la cual se intentaba integrar a los campesinos y los obreros al Gran Compromiso: si me dan su fuerza de trabajo, les concedo derechos. Bueno, esa historia se acabó. Eso es la democracia. Fuera o en contra de eso, está el Mal, está el terrorismo. Decir que todo eso puede apuntar contra cualquier movimiento de lucha es una banalidad. Lo que lo es menos es sacar las consecuencias de eso. Según las épocas, la clase dominante ataca frontalmente los movimientos en sus puntos fuertes, no los más débiles. El uso de la categoría de terrorismo en contra del movimiento No TAV – por lo que expresa y por su símbolo- es en este sentido una advertencia para todos.

Si seguimos hasta su final la lógica de los procuradores Rinaudo y Padalino, la naturaleza “terrorista” de la lucha en contra del TAV no se caracteriza tanto por un supuesto “salto cualitativo”, sino por sus mismos fundamentos: este “No”, con 20 años de experiencia, de saberes, de enfrentamientos y de acciones que no son mas que su desarrollo consecuente.

No haberse resignado ante las macanas, los gases lacrimógenos, las máquinas de obra, los informes económicos y comerciales, los encarcelamientos y el terrorismo mediático, eso es el crimen.

En este sentido, la defensa de los encarcelados y acusados de “terrorismo” no es sólo un deber solidario, sino la reivindicación de la lucha y de sus propias razones.

24 de febrero 2014