En 1986, una cláusula de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración [Immigration Reform and Control Act] creó una comisión para investigar las causas de la migración mexicana hacia los Estados Unidos.  Al presentar su reporte al Congreso en 1992, descubrió, como era de esperar, que la más grande era la pobreza. Recomendó la negociación de un acuerdo de libre comercio, inspirado por el que se implementó unos años antes entre Estados Unidos y Canadá.  La comisión argumentó que abrir la frontera al flujo de productos y capital (pero no de personas) produciría, a largo plazo, trabajos e ingresos crecientes en México, aun si a corto plazo, producía algunas pérdidas de trabajo y desplazamiento.

La negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) empezó seis meses después.  Al completarse, sus promotores de ambos lados de la frontera lo vendieron al público como una estrategia para prevenir la migración.  Durante el debate, ejecutivos de compañías pertenecientes a USA-NAFTA, el grupo cabildero del tratado, pasaban por los pasillos del Congreso portando corbatas de rojo, blanco, y azul. Hicieron declaraciones extravagantes, como que las exportaciones de Estados Unidos a México producirían 100 mil trabajos en tan solo el primer año.

Algunos escépticos advirtieron que el tratado presionaría a la baja los salarios y alentaría ataques contra los sindicatos, dado que su propósito era crear un ambiente que fomentara inversión y mercados libres.  A sus advertencias les respondieron con otra promesa – que un acuerdo paralelo del lado laboral establecería un mecanismo para proteger a los derechos de los trabajadores.

Veinte años después, los trabajadores pueden ver sus resultados. Se cumplieron las promesas de ganancias, de inversión y mercados más libres.  Sin embargo, las promesas de trabajos y beneficios para la gente trabajadora no se cumplieron.  Tal y como pronosticó la comisión, el TLCAN sí causó desempleo, desplazamiento y pobreza creciente.  Trabajadores en los tres países aún viven con estas consecuencias devastadoras, mientras los supuestos beneficios de largo plazo nunca se materializaron.

El impacto en Estados Unidos y Canadá

El récord de pérdidas laborales en Estados Unidos no es difícil de documentar.  Legislación aprobada por el Congreso al aprobar el tratado incluyó prestaciones  por desempleo para aquellos trabajadores que podían demostrar que sus empleadores habían desplazado sus trabajos a México, y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos llevaba un registro de las demandas.  Cuando el total rebasaba 500 mil, el presidente George W. Bush ordenó que el Departamento de Trabajo dejara de contarlas.  La estadística dio vergüenza a los políticos que apoyaban el acuerdo.

“Para el 2010, el déficit comercial con México eliminó 682 mil 900 trabajos buenos en Estados Unidos, la mayoría (60.8 por ciento) en manufactura,” señaló Robert E. Scott, del Instituto de Política Económica [Economic Policy Institute]. “Los trabajos en la fabricación de autos, aparatos electrónicos, textiles y otros productos se fueron a México, y las pérdidas laborales aumentaron en Estados Unidos sobre todo en la zona del Medio Oest,e en donde antes se fabricaban esos productos”. En un reportaje del 2006, Scott dijo que esos déficits “desplazaron producción que apoyaba a 1 millón 15 mil 291 trabajos estadounidenses desde que el TLCAN entró en vigor”.

En las últimas décadas, la ciudad de Detroit perdió la mitad de su población al irse la industria automóvil, y hoy cada motor en un Ford viene de México.  Áreas enormes de otras ciudades industriales adquirieron ese aspecto abandonado que viene de casas y tiendas cerradas con tablas.  Pero las familias trabajadoras que perdieron esos trabajos desplazados al extranjero no desaparecieron. En cambio, cientos de miles de personas empezaron una migración interna dentro de los Estados Unidos más grande que el desplazamiento que ocurrió durante el fenómeno del “Cuenco de Polvo” en los años treinta.  Ex maquinistas y obreros se pusieron a viajar, empezaron a trabajar en restaurantes de comida rápida o perdieron a sus familias y se vieron obligados a vivir en la calle.

El miedo de perder un trabajo nunca está muy lejos de los pensamientos de cualquier trabajador, pero en algunas industrias, ese miedo se ha convertido en terror. Los patrones decididos a bajar salarios o eliminar seguros médicos rápidamente aprendieron a usar el TLCAN para inspirar ese miedo.  En 1997 (tres años después de que el tratado entró en vigor), Kate Brofenbrenner, profesora en la Universidad de Cornell, descubrió que uno de cada diez empleadores que enfrentaron una campaña sindical dijeron que se mudarían a México.  “En ITT Automóvil en Michigan,” reportó, “la empresa estacionó 13 camiones plataforma ya cargados con equipo de producción empacado en frente de la planta durante la campaña, acompañados de letreros grandes de color rosa fuerte que decían Trabajo de Transferencia a México”.  Para el 2009,  su segundo reporte, “No Holds Barred” [“Sin Restricciones”] encontró que un 57 por ciento de empleadores que se enfrentaban a una votación de sindicalización amenazaron con cerrar sus lugares de trabajo.

Durante este periodo del TLCAN, los salarios estadounidenses permanecieron sin cambios. Mientras factores más allá del TLCAN (como un índice de sindicalización en descenso) han tenido un impacto, los tratados comerciales subsiguientes claramente han contribuido a ello.

“Los salarios de trabajadores de producción sufrieron en los Estados Unidos,” acusó Scott.  En su estudio del 2006, encontró que “hay una pérdida a nivel nacional de 7.6 mil millones de dólares en salarios que se habrían ganado si se hubiera balanceado el comercio exterior”.  Jeff Faux, ex director del Instituto de Política Económica, añade sencillamente que “el TLCAN fortaleció las capacidades de los empleadores estadounidenses para obligar a los trabajadores a que acepten salarios y beneficios más bajos”.

El Presidente de la organización sindical Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales [AFL-CIO, por sus siglas en inglés], Richard Trumka, describió al TLCAN como “tan solo el primero en una serie de acuerdos comerciales que han socavado millones de trabajos de la clase media estadounidense y debilitaron nuestras estructuras democráticas.  Así que es irónico,” dijo, “que este año los que apoyan ese modelo fallido presenten un proyecto de ley que promueve el comercio exterior para traernos más de lo mismo: más acuerdos comerciales que fortalecen el poder de las corporaciones y los sueldos de los ejecutivos, mientras ponen presión a la baja en sueldos y oportunidades para el resto de nosotros”.

En Canadá, que negoció un acuerdo de comercio libre con Estados Unidos unos años antes, los trabajadores no salieron mucho mejor. A pesar de las promesas del incremento en la exportación, que traería ingresos mayores, la pobreza se incrementó en una 12 por ciento en la era del TLCAN, aunque había disminuído los 20 años anteriores.

Bruce Campbell, del Centro Canadiense para Alternativas Políticas [Canadian Center for Policy Alternatives], informa que la porción canadiense de exportaciones estadounidenses en realidad disminuyó después del TLCAN.  Adicionalmente, “el contenido de importación en las exportaciones canadienses se incrementó a un punto en el cual, para 1997, se destruían más trabajos mediante importaciones que los que se creaban mediante exportaciones”, precisó.

Canadá perdió 400 mil trabajos de manufactura en los primeros cuatro años del TLCAN, luego obtuvo los suficientes para reemplazarlos para el 2001, sólo para después perder 198 mil trabajos para el 2006.  Mientras tanto, los ingresos propios crecieron un minúsculo 0.6 por ciento al año.  Además, como en Estados Unidos, las tasas de sindicalización disminuyeron, de 45.5 por ciento en el 1988 a 32.6 por ciento en el 2003, mientras se mandaban trabajos sindicalizados al extranjero.

“Las élites económicas y políticas prometieron que el libre comercio marcaría el inicio de una edad dorada de prosperidad para Canadá.  Obviamente no se ha cumplido lo prometido,” afirma Campbell.  “Ya es hora de reexaminar si el TLCAN en su forma actual va contra el bienestar de los trabajadores canadienses (y de los trabajadores en los tres países del TLCAN) como el marco general para manejar las relaciones económicas de Norteamérica”.

A los trabajadores mexicanos les salió caro

Muchos mexicanos dicen que cuando a los Estados Unidos le da gripe, a México  le da neumonía.  Quieren decir no sólo que las dos economías están ligadas, sino que México sufre cuando la economía estadounidense se cae. En la frontera, eso no es difícil de ver. Cuando la crisis actual empezó en Estados Unidos, los clientes dejaron de comprar los productos que se fabricaban en las maquiladoras al sur de la frontera con Estados Unidos. Como resultado, cientos de miles de trabajadores en estas fábricas perdieron sus trabajos.

Esto es un producto del TLCAN, que aumentó por mucho la integración de las economías de los dos países.  En 1994, el año en que entró en vigor el tratado, México pasó por una crisis profunda, devaluó su moneda y un millón de personas perdieron el empleo.  El Secretario de Tesorería del presidente Bill Clinton, Robert Rubin, viajó a México y le dio al gobierno, que acababa de firmar el tratado, un préstamo de 24 mil millones de dólares, y tomó control de su sistema financiero y requisó sus ingresos petroleros para pagarlo.

Los mercados en México se abrieron a las grandes corporaciones, sobre todo las estadounidenses. Una víctima fue la industria nacional de autopartes de México.  El país tenía una ley de contenido nacional que obligaba a las fábricas extranjeras de ensamblaje a que compraran de proveedores nacionales.  Después de que lo eliminaron, muchos productores nacionales ya no tenían clientes garantizados y cerraron.  Los productores que sobrevivieron produjeron para exportación a Estados Unidos, mas no para el consumo interno. México se convirtió todavía más en una plataforma de exportación, pero eso no trajo consigo los salarios altos prometidos para los trabajadores.

El TLCAN creó un incentivo para que el gobierno mexicano mantuviera ingresos bajos para la gran mayoría de la gente, como una estrategia para alentar la inversión corporativa en fábricas exportadoras.  Este modelo se inventó en las maquiladoras de la frontera durante las tres décadas anteriores. Bajo el TLCAN, se convirtió en lo normal a lo largo de todo el país.

En una fábrica de Tijuana en dónde se ensamblan televisiones de pantalla plana para exportación a Estados Unidos, una mujer que trabaja en la línea tiene que laborar medio día para comprar un galón de leche para sus hijos.  Los trabajadores de las maquiladoras viven en casas construidas de palos y otros materiales desechados por las fábricas, en barrios sin alcantarillado ni agua corriente o redes eléctricas.

“Los funcionarios y empresarios promueven a México como una fuerza de exportaciones, pero esto no ha disminuido los salarios bajos ni la inequidad social,” advierte Arturo Ortiz Wadygmar del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “En cambio, los beneficios se concentran en unas 500 corporaciones transnacionales y no en los bolsillos de los mexicanos.  Dicen que México tiene mano de obra que es competitiva en precio, pero es simplemente una manera elegante de decir que es barata”.

Para hacer cumplir este nivel de vida, los sindicatos corruptos políticamente aliados al gobierno firman contratos llamados “de protección” con los patrones, quienes les pagan “cuotas”. Cuando los trabajadores intentan organizarse independientemente, estos contratos se aplican para evitar que consigan el derecho a hacer huelga y negociar. Si los trabajadores de todas formas se organizan y hacen huelga, se enfrentan a las fuerzas combinadas del empleador y el sistema gubernamental de controlar sindicatos y trabajadores, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

En los 20 años desde que se firmó el TLCAN, las protecciones laborales en México, las cuales en papel eran más fuertes que las de Estados Unidos, fueron reducidas.  La última administración, la del presidente Felipe Calderón, forzó unas “reformas laborales” para legitimar el trabajo temporal y mermar los derechos de trabajadores, y vienen aún más cambios. Los sindicatos que han intentado prevenir estos cambios sufrieron ataques por parte de una alianza entre el gobierno y patrones.

El líder de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, se vio obligado a huir a Canadá cuando el gobierno amenazó con arrestarlo después de que condenó una explosión en una mina que pertenecía a una de las familias más ricas de México, llamándola “homicidio industrial”.  Mientras tanto, una nueva ley de minería permitió la venta de concesiones mineras, principalmente a enormes empresas canadienses, extendiéndose sobre más de un tercio del territorio Mexicano.

Los 44 mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas fueron despedidos, y se disolvió la compañía estatal de electricidad en donde trabajaban.  Ahora la nueva administración del presidente Enrique Peña Nieto forzó una nueva “reforma energética” que prepara a las industrias petroleras y eléctricas del Estado para su venta a inversionistas privados.

Mientras el TLCAN abrió las puertas a una inundación de inversión privada en México, las reformas de mercado privatizaron otras industrias también. Una sola familia se convirtió en la dueña de las vías férreas más importantes, y otra se adueñó de la planta acerera nacional. Carlos Slim compró la compañía telefónica a precio de ganga y aparentemente ya es el hombre más rico del mundo, además del segundo accionista más fuerte del periódico The New York Times. Elizabeth Malkin, la corresponsal en México para el Times, habló efusivamente de él, diciendo que “convirtió una monopólica y moribunda compañía telefónica en un gigante continental de las telecomunicaciones”.

La revista Forbes informa que en estos últimos 20 años del acuerdo, México creó por lo menos 15 multimillonarios.  En un telegrama diplomático publicado por Wikileaks, el gobierno estadounidense admite que “la riqueza total de las 10 personas más ricas en México – un país en dónde más del 40 por ciento de la población vive en pobreza – representa aproximadamente un 10 por ciento del Producto Interno Bruto del país”.

Según los defensores del TLCAN, sobre todo en la administración de Clinton, esta violación sistemática de los derechos de trabajadores se evitaría con el Acuerdo Norteamericano de Cooperación Laboral.  Se usó esta promesa para apaciguar a los demócratas en el Congreso – que estaban bajo presión de grupos laborales para votar en contra del TLCAN.

Después de 20 años, la trayectoria de este acuerdo es deprimente.  En su último reporte de estatus, el Departamento de Trabajo enumera 37 casos presentados durante ese tiempo – 24 en contra de México, 13 en contra de Estados Unidos, y dos en contra de Canadá.  Casi todos los casos contra México tenían que ver con violaciones al derecho de libertad de asociación, de huelga y de negociación. Los casos contra Estados Unidos tenían que ver con violaciones a derechos sindicales y a los derechos de trabajadores migrantes. Los dos casos contra Canadá se trataban de violaciones al derecho a un contrato colectivo.

Lo máximo que ha logrado cualquier sindicato o grupo de trabajadores al presentar un caso han sido “consultas” entre los gobiernos y audiencias públicas. No hay un procedimiento en el acuerdo para sancionar las violaciones a los derechos sindicales.  Y aunque hay sanciones menores por violar leyes de trabajo infantil o leyes sobre salud ocupacional, nunca se han aplicado.  No se firmó ni un solo contrato como resultado de este acuerdo, ni se volvió a contratar a ningún trabajador.

El dumping agrícola crea migración

En el campo mexicano, el impacto del TLCAN fue todavía más fuerte.  México importó 30 mil toneladas de cerdo en 1995.  Para el 2010, las importaciones de cerdo, casi todas de Estados Unidos, aumentaron a 811 mil toneladas, más de 25 por ciento de una empresa – Smithfield Foods –, la procesadora de carnes más grande del mundo.  Como resultado, México perdió 4 mil granjas porcinas y más de 120 mil trabajos en total.

También se incrementaron las importaciones de maíz, de 2 millones 14 mil toneladas a 10 millones 330 mil toneladas del 1992 al 2008. Productores estadounidenses como Archer Daniels Midland, subvencionado por leyes agrícolas estadounidenses, vendieron maíz a precios artificialmente bajos para tomar el control del mercado mexicano. Pequeños agricultores de Oaxaca, Chiapas y el sur de México no pudieron vender sus cosechas a un precio suficiente para pagar los costos de cultivo.  Al mismo tiempo, las ventas al público se monopolizaron, y el vendedor minorista más grande ahora es Wal-Mart

En un estudio del 2005 hecho para el gobierno mexicano, el Banco Mundial descubrió que la tasa extrema de 35 por ciento de pobreza rural entre 1992 y 1994, antes del TLCAN, se disparó al 55 por ciento entre 1996 y 1998, después de entrar en vigor el tratado. Esto se puede explicar, afirmó el reporte, “principalmente por la crisis económica del 1995, el mal desempeño del sector agrícola, salarios rurales estancados y precios reales agrícolas en descenso”.   Para el 2010, 53 millones de mexicanos vivían en pobreza, según el Instituto Tecnológico de Monterrey –la mitad de la población del país.  Aproximadamente 20 por ciento vive en pobreza extrema, casi totalmente en zonas rurales.

Según Fernando Ortega, el coordinador estatal del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, “no hay nada que festejar en el acuerdo de comercio libre. Nos empobrecimos y nos desplazaron, y el gobierno nos abandonó y nos excluyó del desarrollo”.  Ortega afirma que el TLCAN también produjo pobreza en el campo porque obligó a que pequeños agricultores y productores comunales competieran con empresas agroindustriales enormes de México, Estados Unidos, y Canadá, que reciben subvenciones enormes.  “Al abandonar el campo y negociar el tratado, el gobierno promovió la violencia y el crecimiento del crimen organizado en todas las zonas rurales de México”.

El crecimiento de la pobreza, y ahora la violencia, provocó más migración.  En 1990, 4.5 millones de personas nacidas en México vivían en Estados Unidos.  Una década después, esa población creció a más del doble (unos 9.75 millones), y en el año 2008 llegó a la cima de 12.67 millones.  Alrededor de 11 millones de todos los mexicanos ya viven en Estados Unidos.  Alrededor de 5.7 millones lograron obtener algún tipo de visa, pero otros 7 millones no pudieron y vinieron de todas formas.

Eso también beneficia a los empleadores estadounidenses, quienes tienen acceso a una reserva enorme de gente desplazada y desesperada por trabajar.  Al mismo tiempo, la política migratoria estadounidense criminaliza el trabajo para la gente indocumentada, haciendo que sea aún más fácil que los empleadores ofrezcan salarios bajos – inclusive salarios ilegales.  Una encuesta reciente entre trabajadores agrícolas indígenas de México en California descubrió que un tercio trabaja por menos del salario mínimo estatal. Al mismo tiempo, el dinero remitido por los mexicanos que trabajan en Estados Unidos –más de 25 mil millones de dólares al año –es crucial para la supervivencia de los que se quedan en su país.

En el 2009, Ken Georgetti, presidente del Congreso Canadiense del Trabajo, y John Sweeney, entonces-presidente de la AFL-CIO, escribieron al presidente Obama y al Primer Ministro canadiense, Stephen Harper, para recordarles que “el fracaso de las políticas neoliberales en crear trabajos decentes en la economía mexicana en el TLCAN significó que muchos trabajadores desplazados y nuevos participantes se vieron obligados a entrar en una búsqueda desesperada para encontrar empleo en otros lugares… Creemos que todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio, deben gozar de derechos iguales… También apoyamos un programa inclusivo, práctico y rápido de ajuste de estatus, que creemos que elevará los estándares laborales para todos los trabajadores”.

Solidaridad, el producto más importante del TLCAN

En muchos casos, la gente trabajadora en Estados Unidos – sobre todo si pertenece a sindicatos que hicieron campañas fuertes contra el TLCAN – empezó a abrir los ojos a las condiciones reales de sus compatriotas y compañeros trabajadores en México. Pudieron ver que todo eso se encaminaba al desplazamiento de sus trabajos. Y en respuesta, trabajadores y sindicatos, sobre todo los progresistas de los dos lados de la frontera, conjuntaron fuerzas.

Por ejemplo, cuando el gobierno mexicano intentó cambiar la ley laboral mexicana o cuando aprobó una reforma educativa corporativa con evaluaciones estandarizadas, o cuando empezaron a privatizar las industrias eléctrica y petrolera, los sindicados estadounidenses cooperaron con los sindicatos mexicanos para luchar contra estos cambios. Muchos sindicatos estadounidenses hoy entienden que el impacto no se sentirá sólo en México; se sentirá en el desplazamiento de gente y su migración hacia Estados Unidos y Canadá.

En muchos casos, los sindicatos estadounidenses, canadienses y mexicanos se enfrentan a las mismas políticas económicas, las mismas políticas comerciales y hasta a los mismos empleadores. Aun antes de aprobarse el tratado, activistas en los tres países armaron redes como la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras, el Comité Fronterizo de Mujeres Obreras y el Centro de Apoyo al Trabajador. Los Trabajadores Acereros Unidos [United Steel Workers] se convirtieron en una crucial base de apoyo para los mineros en su huelga por cuatro años en Cananea, una de las minas de cobre más grandes del mundo, y dieron asilo a Gómez Urrutia cuando se vio obligado irse de México.  Algunos sindicatos, como los Trabajadores Electricistas Unidos [United Electrical Workers] y el Frente Auténtico del Trabajo desarrollaron una alianza estratégica permanente.

Este tipo de cooperación transfronteriza y solidaridad es un hecho en nuestros movimientos laborales en los tres países.  Ciertamente no fue la intención de los autores del TLCAN, pero nació a pesar de eso, a medida que los trabajadores aprendieron que los efectos del acuerdo se sentían por igual en la  gente trabajadora de los tres países, y de formas muy negativas.

María Elena Durazo, secretaria ejecutiva de la Federación de Trabajo del Condado de Los Angeles, enfatiza que la solidaridad internacional no es sólo una relación entre sindicatos y organizaciones de trabajadores, sino también un movimiento de gente. Hace una conexión entre el desplazamiento y desalojamiento causados por el TLCAN y el flujo de migrantes de México a Estados Unidos y Canadá.  “Aún estamos pagando el precio por el TLCAN y por el hecho de que empezamos tarde a oponernos a ello. Necesitamos estrategias para lidiar con su impacto y para crear coaliciones. Hemos tenido bajas, y como sindicatos, nos hemos visto obligados a comunicarnos”.

Para Durazo y otros, construir movimientos de trabajadores de los tres países es la clave en la lucha contra los acuerdos comerciales.  Y por doloroso que sea el desplazamiento, también señala el papel histórico que han tenido las personas migrantes, sobre todo en Estados Unidos: “Los inmigrantes construyeron el movimiento sindical en Estados Unidos y lo volverán a construir, y lucharemos dentro del AFL-CIO en este mismo tema”.

Publicado el 10 de febrero de 2014