Argentina. La nueva Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas ilegaliza gran parte de las semillas que forman parte de la diversidad agrícola y a la mayoría de los productores, sobre todo campesinos e indígenas.

El modelo agroalimentario argentino volvió al centro del debate de la mano de algunas muy buenas noticias para Monsanto durante el año 2012: el anuncio de la instalación de una de las plantas “más grandes de América Latina” en la localidad de Malvinas, Córdoba; la presentación de la soja Intacta RR2 (modificada genéticamente para lograr un cultivo resistente al glifosato y tolerante al ataque de insectos); y el anuncio del ministro de Agricultura de la intención de modificar la Ley de Semillas.

Monsanto y el entonces ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación, Norberto Yauhar, anunciaron en una conferencia de prensa conjunta que desde el gobierno nacional se trabaja en una nueva Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el sentido de reforzar los derechos de propiedad intelectual de la biotecnología agrícola. Se trata, sobre todo, de incentivar a que Monsanto invierta en su segunda generación de semillas de soja transgénica.

Sin embargo, los planes no salieron tan simples como pensaban y a fines de 2012, las negociaciones se frenaron y aún no se reanudan. El meollo del conflicto estuvo todo el tiempo centrado en el denominado “uso propio” de las semillas. Hubo algunos indicios de que la discusión pudo haber vuelto a instalarse pasadas las elecciones nacionales de octubre de 2013. Si bien esto tampoco ocurrió, el tema quedó instalado en la agenda y será un eje importante del debate en 2014.

La privatización de las semillas de la mano de Monsanto y la propiedad intelectual

La biotecnología moderna y su inserción en el agro a través de las semillas transgénicas incentivaron la reformulación del sistema de propiedad intelectual en innovaciones vegetales. El asunto fue incluido en las negociaciones comerciales internacionales y regionales a impulso de las empresas con intereses en ese sector (con Monsanto a la cabeza, claro está), que persiguen una profundización de la protección que les garanticen mayor control y seguridad de retorno de sus inversiones.

Este proceso viene de larga data, pero en los últimos años somos testigos de un nuevo estadío de  profundización en los países de América Latina. Entre 2011 y 2012, países como Chile, Colombia y Paraguay tuvieron que adaptar sus marcos legales a los nuevos requerimientos internacionales.

El año 2012 fue un año muy fructífero para Monsanto en Argentina. Por un lado, anunció que se instalará en la provincia de Córdoba, donde prevé realizar una inversión de mil 600 millones de pesos argentinos para instalar una de las plantas más grandes de América Latina en la localidad de Malvinas, a 12 kilómetros de la capital cordobesa. Por otro lado, la misma empresa presentó, junto al por entonces Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación, Norberto Yauhar, la nueva tecnología en soja Intacta RR2, que fue modificada genéticamente por Monsanto para lograr un cultivo que, como su antecesor, será resistente al glifosato (el más popular herbicida) y le agregará resistencia al ataque de insectos. Finalmente, en la misma conferencia, el ministro anunció que desde el Gobierno nacional se trabaja en una nueva Ley de Semillas para reforzar los derechos de propiedad intelectual de biotecnología agrícola. Se trata, entre otras cosas, de incentivar a que Monsanto invierta en su segunda generación de semillas de soja transgénica al país.

En las últimas décadas las empresas biotecnológicas identificaron el enorme valor que tienen las semillas en el control de la agricultura mundial, ya que quien las controle a ellas (primer eslabón de la cadena alimentaria) y a sus paquetes tecnológicos asociados, controlará la alimentación.

Actualmente el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales: diez empresas controlan el 77 por ciento del mercado de semillas; y de esas, sólo tres (Monsanto, Dupont y Syngenta), controlan 47 por ciento del mercado. El 82 por ciento de estas semillas están patentadas.

En América Latina se presiona fuertemente para que se modifiquen las leyes de semillas y se les adecúe a las necesidades de la industria y el comercio, que buscan entregar a un puñado de empresas el control de toda la cadena de la agricultura y la alimentación. Esto incluye la discusión en torno a normas de protección de variedades vegetales y patentes, y el registro y certificación obligatoria de semillas. Lo que se pretende es que las variedades tradicionales no puedan circular libremente, aniquilar la diversidad genética en el mercado y generar pérdida del poder de los agricultores.

¿Qué pasa en la Argentina?

En este país, los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales se ejercen mediante los derechos de obtentor, mediante el cual se les otorga exclusividad a los agrónomos que produzcan variedades mejoradas de semillas agrícolas. La Ley que regula esto es la “Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas” de 1973, cuyo reglamento se modificó en 1991. La legislación nacional reconoce que no lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivo quien reserva y siembra semilla para su propio uso. 

Monsanto no patentó en Argentina la semilla de soja genéticamente modificada que lanzó hace 15 años. En el año 2002, luego de que se le venciera la patente del glifosato (herbicida al que la soja RR es resistente, y por el cual si tenía la patente y obtenía grandes ganancias), la empresa comenzó a ejercer intimidaciones a los productores por el supuesto uso ilegal de las semillas, amenazando con salirse del mercado argentino y cobrando regalías en los puertos de destino de exportación de la soja de aquellos países donde sí tienen la patente.

El Estado argentino fue a juicio internacional con la empresa y en 2010,  la Suprema Corte de Justicia de la Unión Europea dictaminó a favor de la Argentina. Para entonces, la compañía ya había desistido de presionar a los importadores europeos, pero en cambio presionó por otros medios, al decidir no lanzar en el país su nueva soja transgénica, la RR2, aguardando que se modifique el régimen legal en la Argentina y así poder cobrar mayores regalías.

Más tarde, Monsanto anunció que volvería a vender semillas de soja en el país, por considerar que las negociaciones se estaban encaminando entre las empresas, los productores y el gobierno. Todo esto, en el camino de lograr un acuerdo sobre el régimen de propiedad intelectual, que recorte el denominado “uso propio de las semillas” (milenaria práctica de guardar parte de la cosecha para volverla a sembrar) y brinde mayores certidumbres a las empresas inversoras

Por otro lado, la industria semillera cuestiona desde hace mucho tiempo el denominado “uso propio de las semillas”, una práctica a la que acusan de ser la responsable del incremento de la conocida bolsa blanca (mercado “ilegal” de semillas). Por ello, desde 2003 presionan para que Argentina modifique la Ley de Semillas y se adapte al nuevo marco internacional, que es mucho más agresivo en este sentido.

El año 2012 pareció el año de consumación de las pretensiones de las empresas semilleras, ya que el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, en la misma conferencia en la que presentó junto a Monsanto la liberalización de la soja Intacta RR2, anunció que “el país ha decidido avanzar con un proyecto de ley de semillas como corresponde en un país que aspira a ser líder en la producción de alimentos, y que busca proteger la propiedad intelectual en el proceso de desarrollo”.

De las negociaciones de 2012 en el marco del Ministerio de Agricultura, participaron representantes del Estado Nacional, de las empresas y de las entidades agrarias nucleadas en la “Mesa de Enlace”. El resto de los actores vinculados con la problemática (organizaciones campesinas, indígenas, de consumidores), estuvieron ausentes.

Según se pudo consignar en algunas de las versiones del anteproyecto que lograron filtrarse, una de las consecuencias más importantes que tendrá es el impacto directo en los derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. En este sentido, la nueva legislación apunta a reglamentar y restringir el uso propio remarcando que solo podrán hacer uso de esta prerrogativa los denominados “agricultores exceptuados”, quienes deben estar debidamente inscriptos en el “Registro Nacional de Usuarios de Semillas”. De esta manera, la ley pone a los productores agrarios como simples “usuarios” de sus propias semillas, cuando durante miles de años fueron (y aún lo siguen siendo), productores y reproductores de las mismas.

Asimismo, la ley profundiza la política en torno a la fiscalización de las semillas, y lo más grave es que avanza en torno a la penalización al plantear que alguien que use una semilla sin la autorización de quien detenta el derecho de propiedad intelectual, puede ser penalizado hasta el grado de quedar excluido de la lista de inscripción como agricultor. De esta manera, sólo existe aquello que esté registrado o protegido con derecho de obtentor. No existe la posibilidad de no sólo la comercialización, sino el intercambio de la semilla por fuera de ese circuito. Todo lo que no está registrado es ilegal. Y eso ilegaliza gran parte de las semillas que forman parte de nuestra diversidad agrícola y a gran parte de nuestros productores, sobre todo campesinos e indígenas.

Es importante encuadrar el debate en torno a la Ley de Semillas no como un problema técnico a resolver, sino en el marco de la disputa por el modelo agroalimentario. La privatización de las semillas es un elemento más de un proyecto que atenta contra nuestra autonomía de poder seguir produciendo nuestros propios alimentos. Las semillas deben estar en manos de sus verdaderos productores y reproductores para que se pueda mantener la soberanía alimentaria en manos de los pueblos.

La autora es integrante del Grupo de Estudios Rurales de IIGG – UBA y militante de Marea Popular – Argentina. 

Publicado el 13 de Enero de 2014