Escucha la intervención del vocero yaqui Mario Luna [podcast]http://desinformemonos.org/Audios/128MarioLunaSEGOB.mp3[/podcast]
México. Mesas de diálogo, intentos de negociación, la mediación del gobernador de Sinaloa y un bloqueo carretero que dura ya ocho meses no logran que el gobierno mexicano acate la legalidad en Sonora. El Acueducto Independencia sigue extrayendo agua ilegalmente del río Yaqui, y la tribu anuncia que sus movilizaciones seguirán y que confía en que se impondrá la justicia.
La mesa de diálogo entre las autoridades de la tribu yaqui y las dependencias federales -involucradas en el trasvase de aguas del río yaqui a la ciudad de Hermosillo- no concretará la suspensión del Acueducto Independencia, como lo marca la ley y de acuerdo a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, los pueblos yaqui-yoeme resaltan la debilidad de los argumentos del gobierno federal para sostener una obra que atenta contra la vida de toda una región en beneficio de la acumulación de capital y de la riqueza de muy pocos personajes de la política económica y política.
La mesa de diálogo se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación (Segob) y respondió al Acuerdo de Vícam, firmado entre la tribu yaqui y el gobernador del vecino estado de Sinaloa, Mario López Valdez, quien se asumió como mediador. La neutralidad del sinaloense quedó entredicha con su participación durante la reunión, en la cual estuvieron presentes por parte del gobierno, Jesús Miranda Nava, subsecretario de Gobierno (en lugar de Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob), Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa, Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como otros funcionarios de estas entidades a nivel federal y estatal y representantes agrícolas de Sinaloa.
Por parte de la tribu yaqui estuvieron los gobernadores de los pueblos de Cocorit, Bácum, Vícam, Potám, y Bélem, así como una comitiva compuesta de habitantes de cada uno de los pueblos. Fueron acompañados por integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, compuesto por asociaciones agrícolas y ganaderas del Valle del Yaqui, así como por la sociedad civil del sur de Sonora.
La voz la tomaron los opositores al Acueducto Independencia, quienes señalaron las consecuencias del funcionamiento de la obra y el conflicto que por ello se vive en Sonora desde 2010. También denunciaron la situación que guarda el Estado de Derecho en Sonora y en México ante la reiterada violación de los amparos en contra del trasvase de agua otorgados por la SCJN. Agregaron además las afectaciones directas e indirectas para la población si continúa el despojo de aguas, principalmente en cuanto a la legitimación de éste, a partir del proceso de consulta, que presenta serias irregularidades en su etapa informativa. También cuestionaron las acciones de las dependencias ambientales ante las denuncias legales, lo que pone en evidencia el desinterés por acatar la legalidad y promueve la desigualdad en cuanto al acceso a la información y a los bienes naturales.
Los asistentes calificaron de pocos y pobres, tanto legal como políticamente, los argumentos de los representantes de las dependencias federales para mantener la operación del Acueducto Independencia y las respuestas, poco fructíferas para solucionar el conflicto por el agua. Además de señalar sus buenas intenciones con la tribu yaqui y la población del sur de Sonora, no hubo aportes significativos por comprender las necesidades de fondo que afectan a los pueblos yaquis y se limitaron a dos aspectos enfocados únicamente a la consulta.
En primer lugar, se dio un resumen de la participación gubernamental en la consulta, a cargo del titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, cuya interpretación del fallo de la SCJN es que el Acueducto Independencia siga funcionando hasta que la consulta termine y sólo así se pueden tomar acciones adecuadas, apelando al mandato de la Corte. El mandato, en su aclaración del 7 de agosto de 2013, establece: Aunque el efecto del juicio de amparo no es que de inmediato se suspenda la operación del Acueducto Independencia, deberá hacerlo en cualquier momento, aun cuando no esté concluido el procedimiento de consulta, en caso de que advierta que la operación llegue a causar un daño irreparable a la comunidad yaqui.
Un texto de José Ramón Cossío Díaz, ministro de la SCJN, titulado Derecho al agua y el conflicto Yaqui, señala: La concesión del amparo ( ) necesariamente tenía el alcance y efecto de que dejara de operar el acueducto hasta que no se les restituyera el derecho violado, ya que de otro modo se hacía nugatoria esta concesión. En la propia sentencia de amparo se estableció de manera clara que la operación del acueducto era susceptible de afectar el derecho de disposición que le fue reconocido a la Tribu Yaqui en relación al recurso natural que se encuentra almacenado en la presa denominada La Angostura, que deriva de la dotación del 50% del almacenamiento de dicha presa. Adicionalmente, en otro lugar de la sentencia se sostuvo que el derecho de disposición del recurso natural que le fue reconocido a la Tribu Yaqui es susceptible de ser afectado por la autorización de la operación del Acueducto Independencia; igualmente se precisó que la susceptibilidad de afectación a los derechos de la Tribu Yaqui, más que derivar de la autorización de la construcción y de las demás obras que integrarán el Acueducto Independencia, podría generarse en la operación del mismo, pues el derecho que pudiera afectarse es la disposición del recurso natural vital con el que cuenta la Tribu.[1]
Las autoridades yaquis denunciaron el daño irreparable consecuencia de la operación de Acueducto, y solicitaron conocer ese proceso llevado a cabo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sin que hasta el momento fueran notificados del avance en dicha denuncia. La respuesta de Abud fue la misma: hay un mandato de la Corte.
El segundo alegato gubernamental estuvo a cargo de Jesús Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, quien reiteradamente preguntó a los representantes yaquis: ¿Cuánto tiempo tardarían ustedes en realizar la consulta para tener certeza de cuándo pueda resolver la unidad administrativa?.
Tal pregunta, ejercida como medida de presión, condiciona la acción del gobierno a una fecha que violenta los tiempos de la tribu yaqui para revisar y sistematizar la información inconclusa y hasta distinta de la oficial- que les proporciona Conagua. La respuesta de los representantes yaquis señaló que la velocidad del término de la consulta depende de que las propias dependencias ambientales proporcionen la información completa de acuerdo a la solicitud de cantidad, calidad y confiabilidad que hicieron los yaquis.
No llegó la solución para evitar el despojo de agua, al no existir la voluntad política del gobierno para suspender temporalmente el Acueducto Independencia, pero se acordó realizar una mesa de diálogo no de negociación- el martes 21 de enero, en la que se tocarán puntos para el beneficio de todo Sonora. La tribu yaqui señaló que se suma a esta mesa por el bien del país y de la sociedad sonorense, pero su postura es clara: Un proceso de consulta debe de ser adecuado a los mecanismos y tiempos de la tribu, como lo ratificó la SCJN, y no puede ser sólo un procedimiento que avale el despojo de agua perpetuado desde 2010, momento en que iniciaron las obras sin la existencia de ninguna consulta. El bloqueo continúa, pues la condición para quitarlo es la suspensión del Acueducto Independencia y su futuro desmantelamiento.
Los pueblos yaquis señalaron que confían en que la justicia llegará y la legalidad será acatada, aún si es el mismo gobierno de México a quien se le tiene que ordenar. Por lo pronto, anuncian, su milenaria lucha continuará.
Publicado el 20 de Enero de 2014
