Autodefensas peruanas para proteger la vida y las tierras de los de abajo

Hugo Blanco Galdos

La existencia de grupos de autodefensa en el Perú data por lo menos de cincuenta años atrás, y da cuenta de procesos de defensa frente a la clase dominante y las agresiones violentas.

Su creación respondió a la necesidad de los campesinos por defenderse de los abusos de los hacendados y el ejército; y, en otros casos, a la de enfrentar al abigeato. Hugo Blanco Galdos, el más emblemático luchador social de la historia peruana contemporánea, recuerda que “el ejército creó rondas contra los grupos armados. Algunas eran grupos paramilitares al servicio del ejército. Otras fueron realmente organismos  de autodefensa campesina contra los ataques de Sendero Luminoso a las comunidades campesinas”, y señala que actualmente, esos grupos juegan un papel destacado en la defensa del territorio frente a las mineras.

Perú. En la sierra peruana, hasta la década de los sesenta del siglo pasado, el sistema agrario era el de haciendas. El hacendado era dueño de la tierra. Daba pequeñas parcelas a los campesinos indígenas para que ellos trabaran para sí. En  pago de esas parcelas, los campesinos debían trabajar para el hacendado sin recibir ni un centavo de él. Además, el hacendado usaba sexualmente a las mujeres y utilizaba a campesinos y campesinas para el servicio doméstico. Otro servicio obligatorio era la conducción de las cargas de los productos de la hacienda en acémilas a la ciudad, lo que en ocasiones significaba varios días, implicaba dormir a la intemperie y el peligro de ser asesinado por asaltantes.  Era el hacendado quien impartía justicia en su territorio.

Además de las haciendas había comunidades indígenas, cuyo territorio era permanentemente mermado por las haciendas.

Este sistema se desplazó a la selva alta de la provincia de La Convención y una fracción de la provincia de Calca (El Perú se divide en departamentos, éstos en provincias y ellas en distritos). En esa zona se cultivaban productos de exportación, como café y cacao, de elevado valor económico.

El Estado otorgó grandes sectores de terreno selvático a los latifundistas. Esos territorios, que habían sido ocupados por indígenas selváticos libres, tuvieron que ser abandonados por éstos, que no estaban dispuestos a ser siervos de las haciendas. Los hacendados se vieron obligados a ocupar indígenas serranos, venidos de haciendas serranas o de comunidades, interesados en ganar más dinero.

Los indígenas que abandonaban su zona fría sufrieron mucho, ya que no estaban habituados a los alimentos ni a las enfermedades de clima cálido. Hubo gran mortandad indígena. El campesinado era originario de diferentes lugares del Cusco y de otros departamentos.

Las extensiones eran más grandes que en la sierra. El campesino que entraba a trabajar era denominado «arrendire», pues se le daba la parcela en «arriendo» que debía pagar con trabajo. Él tomaba a otros campesinos para que le ayudaran a trabajar para la hacienda o que trabajaran en los cultivos del “arrendire”, dándoles el derecho de cultivar una pequeña parcela dentro de su «arriendo», que era la denominación del territorio dado a él por el hacendado. A estos campesinos se denominó «allegados».Los «allegados» no tenían relación con el hacendado sino con  los «arrendires».

Los «arrendires» no estuvieron conformes con las obligaciones impuestas por los hacendados y se organizaron en sindicatos por cada hacienda para reclamar por vías legales contra la imposición; los «allegados» también formaban parte del sindicato. Cada parte nombraba su abogado y al final el funcionario del ministerio de Trabajo fallaba otorgando una ligera rebaja a las obligaciones del «arrendire», luego de lo cual era firmado el acuerdo por ambas partes.

Algunos hacendados de mentalidad más conservadora se negaron a reconocer a los sindicatos, y decían: «¡A quién se le ocurre que yo voy a discutir con mis indios la forma en que ellos deben servirme! Lo que hay que hacer es meter presos a los cabecillas». Y realmente hacían eso, ya que el poder judicial y la policía estaban a su servicio.

Alfredo Romainville, una de cuyas haciendas era Chaupimayo, metió presos a tres dirigentes de ese sindicato. Fue entonces cuando entré como «allegado» a ese sindicato.

Cuando hubo ocho sindicatos, se organizó la federación provincial de campesinos. La federación realizó mítines, marchas y «paros» que consistían en la paralización del tránsito vehicular en la provincia. Con esas acciones se logró la liberación de los presos.

Loa pequeños éxitos conseguidos en las reclamaciones legales y los conseguidos con las movilizaciones hicieron crecer rápidamente a la federación provincial. Aumentaron los triunfos legales, cada vez mejores.

Sin embargo, estaban muy atrás aquellos sindicatos a los que no reconocía el patrón y que por lo tanto no discutían el pliego de reclamos. Tres de esos sindicatos acordaron declararse en huelga exigiendo conversar con el patrón. La huelga consistió en dejar de ir a trabajar para él.

A diferencia de una huelga de obreros o de empleados, en las que los trabajadores sufren por falta de remuneración, la huelga de arrendires era disfrutada por éstos ya que tenían más tiempo para atender sus propios cultivos. Como en los sindicatos estaban arrendires y allegados,  estos últimos, durante la huelga, tampoco iban a trabajar para los arrendires.

Así, quienes estaban peor por no haber firmado un pacto con el patrón, pasaron a estar mejor, pues no trabajaban ni un día para éste.

Para detener el movimiento, el gobierno militar sacó una “Ley de Reforma Agraria” que no pensaba cumplir. Los dueños de las haciendas en huelga estaban rabiando, andaban armados y daban disparos al aire, gritando: “¡Indios ladrones, me están robando la tierra, los voy a matar!” Los campesinos comunicaron esto a la federación, que dispuso que denunciaran esto ante las autoridades policiales. Los campesinos lo hicieron y la respuesta de la policía fue: “¡Tienen la desvergüenza de venir a quejarse, verdaderamente están robando la tierra al patrón y él tiene derecho a matarlos como a perros!” Frente a esto, a la federación no le quedó más opción que aprobar la organización de la autodefensa.

Como sabían que nuestro sindicato era el más amenazado y el que estaba preparando la autodefensa, la asamblea de delegados de la federación me encomendó por unanimidad, la organización de los comités de autodefensa, lo que cumplí. Posteriormente hubo orden de captura para mí y ya no pude recorrer las bases campesinas, por lo que compañeros de los otros sindicatos debieron venir a Chaupimayo a realizar prácticas de autodefensa.

Los hacendados, al enterarse de la preparación de la autodefensa, dejaron de amenazar a los campesinos y lograron que se encomendara a la policía la represión.

El jefe nacional de la policía declaró que la represión del movimiento campesino del Cusco la iniciaría en la parte de sierra, donde la organización estaba más débil, que continuaría con la provincia de La Convención, sin tocar Chaupimayo, y que finalmente aplastaría este bastión. Las autoridades declararon ilegal a la federación y prohibieron las reuniones sindicales. Disolvían a culatazos las asambleas de campesinos.

Entre otros atropellos, un  hacendado, que fue con un policía a capturar al dirigente campesino de su hacienda y encontró sólo a un niño de once años, le pidió al policía su arma. Con ella disparó al brazo del niño y se lo rompió. Ante eso, la asamblea de cuatro sindicatos  nos ordenó entrar en acción, lo que hicimos.

La federación, antes de ser disuelta, declaró la huelga en toda la provincia mientras no se aplicara la ley de reforma agraria dada por el gobierno.

Dos hacendados llamaron desesperadamente a las autoridades del ministerio de Agricultura para que hicieran la reforma agraria en sus haciendas. Así se hizo, y se dejaron las mejores tierras en manos del hacendado y se entregó en propiedad a los campesinos las tierras que ocupaban. Luego de la muerte de algunos campesinos y policías, los grupos de autodefensa fueron disueltos por la represión y algunos de sus miembros fuimos encarcelados. Sin embargo, el móvil de la autodefensa quedó cumplido a cabalidad.

Las dos haciendas en las que, a solicitud de sus dueños, los funcionarios hicieron la reforma agraria gubernamental, fueron las únicas en que se cumplió la ley de reforma agraria. En el resto se hizo la reforma agraria determinada por el campesinado, en que no se dejaba ni un palmo de tierra al hacendado.

El lema que gritaba la autodefensa era “¡Tierra o Muerte!” “¡Venceremos!”, fue cumplido a cabalidad por disposición y acción del propio campesinado: La tierra pasó a ser de quienes la trabajaban.

Como la ley fue sólo para la provincia de La Convención, el resto de indígenas y campesinos del país protestó y en muchas haciendas se produjo tomas de tierras de las haciendas por los campesinos. Estas tomas fueron respondidas a balazos por el gobierno de Belaúnde, sin embargo, las tomas continuaron.

Los militares se sintieron preocupados de que esto estimulara un levantamiento revolucionario general, y decidieron tomar en sus manos el gobierno y extender la reforma agraria mediatizada que hicieron en La Convención. Lo cumplieron con el golpe de estado de Velasco Alvarado en 1968, que extendió la reforma agraria al resto del país.

El Perú se convirtió en el país de América Latina con mayor porcentaje de la tierra cultivable en manos de pequeños propietarios, ya sea en comunidades campesinas o campesinos individuales. Desgraciadamente eso se está revirtiendo con el avance de la agroindustria y la minería a cielo abierto.

Rondas campesinas

Se iniciaron en la provincia de Chota del norteño departamento de Cajamarca a mediados de los años setenta del siglo pasado. Ahí el campesinado no está organizado en comunidades.

Los ladrones de ganado actuaban con la complicidad de las autoridades judiciales y policiales. A veces, los propios jueces o policías eran los organizadores y jefes de las bandas de abigeos.

Los campesinos se reunieron y acordaron que ellos, por turno, se quedarían despiertos por la noche caminando por las calles, haciendo “ronda”, que nadie más caminaría por las calles a partir de cierta hora, salvo por un motivo grave de salud.

A esa organización se denominó “Ronda”, y su tarea era capturar a los ladrones de ganado o abigeos y detectar si había ganado sin dueño en su zona, lo que era indicativo de que había sido robado de otro lugar. Como se organizaron rondas en varios poblados, estaban conectadas entre sí.

Los castigos a los ladrones capturados eran hacerles trabajar en obras de beneficio colectivo o hacerles pasear por varios poblados con un cartel en el pecho que decía “Soy ladrón”.

Las autoridades locales y nacionales, incluyendo el parlamento, condenaron a las rondas calificándolas de organismos delincuenciales que cometían los delitos de secuestro y de usurpación de funciones. Los ronderos eran capturados y encarcelados.

Sin embargo, en vista de su eficacia para el combate al abigeato, se extendieron por el resto del departamento de Cajamarca y otros departamentos de la zona: Lambayeque, Piura y La Libertad. Como en la zona eran muy pocas las comunidades indígenas y el campesinado estaba disperso, la ronda se convirtió en la organización campesina que no sólo se ocupaba de la tarea de seguridad sino también de justicia interna, organización de los trabajos comunales, vigilancia de la salud y educación, etcétera.

En el sur del país, donde existían las comunidades indígenas, las rondas campesinas eran parte de las comunidades encargadas de seguridad y justicia interna.

Ante la extensión de las rondas, las autoridades nacionales tuvieron que retroceder y el parlamento nacional emitió una “ley de rondas”, en la que reconoció su legalidad y sus funciones de vigilancia pero también determinó que se debía pasar la relación de los ronderos al ejército.

Durante la guerra interna entre el Estado y Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el ejército creó rondas contra los grupos armados. Algunas eran grupos paramilitares al servicio del ejército. Otras fueron realmente organismos  de autodefensa campesina contra los ataques de Sendero Luminoso a las comunidades campesinas.

Posteriormente se emitió una nueva ley de rondas que reconoce el derecho de éstas para ejercer justicia interna en delitos menores, aplicando los usos y costumbres culturales. Ahora las rondas campesinas cumplen un rol fundamental en Cajamarca en la defensa contra la minería a cielo abierto.

Publicado el 27 de Enero de 2014

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