Guerrero, México. Quince luchadores sociales ejecutados extrajudicialmente, dos ecologistas y un periodista desaparecido, cuatro dirigentes y 13 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC PC) detenidos de manera arbitraria, es hasta ahora el saldo de la gestión del perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero. Organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales manifestaron ya en diversas ocasiones su preocupación.
Todo parece indicar que en Guerrero, la pobreza, los servicios de salud y la educación no son para todos, pero la represión y el hostigamiento sí son democráticos: campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, colonos, anarquistas, etcétera. Todo aquél que levanta la voz contra proyectos mineros y extractivos, reformas estructurales (principalmente la educativa y la energética) o por una vida con dignidad sufre el embate del Estado.
La represión se concreta de diferentes maneras: detenciones arbitrarias plagadas de ilegalidades, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzoso interno, lo que incluye a todas aquellas personas militantes que debieron dejar sus lugares de radicación debido a amenazas, hostigamientos y el consecuente riesgo de perder la vida.
Ante esta situación, el sábado 30 de noviembre del año 2013, 27 organizaciones y movimientos sociales llamaron a conformar un frente común para poder entablar un dialogo con el gobierno estatal ¿La respuesta? El 1 de diciembre, en la ciudad de Chilpancingo, fue detenido Arturo Campos Herrera, Coordinador Regional de la Casa de Justicia de la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla, de la CRAC PC. La detención se realizó horas después de que Arturo Campos salió de un evento por la liberación de 12 integrantes de su organización que se encuentran presos de manera arbitraria, y en el marco del segundo aniversario de la ejecución extrajudicial en la autopista del Sol de Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echeverría De Jesús, estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Roberto Ramírez Bravo, en el diario La Jornada Guerrero, plantea una pregunta sugerente para reflexionar respecto a esta situación de alta violencia que contra los movimientos sociales: ¿Hacia dónde va Aguirre? El artículo nos lleva al pasado para darnos claves que pueden dar luz y lograr entender un poco lo que hoy sucede en la entidad. Durante su periodo como gobernador interino (1996-1999), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) a la que perteneció Rocío Mesino, ejecutada extrajudicialmente en octubre pasado- fue casi desmantelada; tras la matanza de Aguas Blancas, Benigno Guzmán, Hilario Mesino y Bertoldo Martínez Cruz fueron encarcelados; y el dirigente del Movimiento 500 Años de Resistencia Indígena, Gregorio Alfonso Alvarado López, fue desaparecido en Chilpancingo.
Roberto Ramírez explica que a pesar de estos antecedentes, la ciudadanía guerrerense realizó, para el periodo actual, lo que es considerada la elección con mayor participación por parte de los votantes, a quienes les era más que necesario un cambio después de una caótica gestión de Zeferino Torreblanca. Al parecer, de inicio, esas voces fueron escuchadas hasta que los maestros de Acapulco (de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, Ceteg, e institucionales) bloquearon la Costera y la policía los apaleó sin misericordia, incluyendo a algunos reporteros.
Las organizaciones mencionadas y las que trabajan actualmente tienen en común el trabajo cotidiano en comunidades, ya sea por la defensa de sus territorios como bosques, minas y ríos -que desde siempre fueron de interés privado nacional e internacional-, como en la petición de derechos que históricamente les son negados: educación, vivienda, seguridad y justicia. No encuentran respuesta en los gobiernos ya sean priistas o perredistas- a pesar de sus contantes movilizaciones, marchas o mesas de diálogo. Ante este evidente olvido del gobierno estatal y federal, fortalecer los lazos comunitarios es la alternativa, muchas veces incluso llevándolos al delicado camino de brindar seguridad y protección a sus comunidades.
A la situación delicada de los movimientos sociales se sumó la publicación del segundo comunicado de un supuesto nuevo grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias- Liberación del Pueblo (FAR-LP) el 2 de diciembre del año 2013, durante el 39 aniversario de la muerte en combate de Lucio Cabañas. Este día fue escogido por distintas organizaciones sociales para realizar una marcha a favor de la libertad de los presos políticos y para repudiar los asesinatos políticos sucedidos en lo que va del año.
Al segundo comunicado de las FAR-LP se le dio una mayor difusión que al primero, conocido en el mes de octubre luego de la muerte de Rocío Mesino Mesino. En el documento se lee que esta nueva organización brinda apoyo a ciertos movimientos amenazados por la judicialización y criminalización de sus actividades, por ejemplo, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).
Más allá de los análisis de cómo este nuevo grupo afectará a los estados del sur, lo seguro es que la militarización tomará un fuerte empuje. Los aparatos de inteligencia y seguridad -militares y policiacos- incrementarán sus actividades contra los militantes y activistas, lo cual se suma a otras estrategias que el Estado mexicano utiliza: criminalizar a quienes toman esta vía para defender a sus comunidades; fortalecer a organizaciones con rasgos de paramilitarismo; y mantener en la impunidad los delitos del crimen organizado.
No se prevé un cambio en las políticas del gobierno del estado ni del gobierno federal, muy a pesar de que más allá de las fronteras de Guerrero, en una evaluación global -el Examen Periódico Universal que realizó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en octubre- México recibió 188 recomendaciones, y de que organismos como Human Rights Watch o Amnistía internacional señalan que Enrique Peña Nieto sigue los pasos de Calderón en materia de derechos humanos.
