Cataluña. En uno de los escenarios políticos más interesantes de Europa -abierta la posibilidad de una consulta soberanista en medio de una crisis de legitimidad-, el autor, politólogo y profesor universitario, señala que el catalanismo independentista debe alejarse de los cantos de sirena electorales y empezar a tomarse muy en serio las limitaciones de su propia ideología, de las soluciones institucionales que ha adoptado y de los compañeros de viaje que se busca.
Raimundo Viejo Viñas alerta sobre la posibilidad de que los partidos políticos que juegan en el escenario independentista pretendan atraer a los actores antagonistas hacia un marco institucional para preservar su papel en la política parlamentaria.
Análisis de la coyuntura
Tras tres décadas de democracia liberal, el régimen político instaurado con la Constitución de 1978 pasó de mostrar algunos síntomas de agotamiento a entrar en crisis directamente. Reflejo de esto mismo es la apertura de una serie de estructuras de oportunidad en los diferentes niveles en que se estructura la gobernanza neoliberal y, con ello, la emergencia de una ola de movilizaciones integrada por diferentes ciclos de luchas sociales. Parte integrante de estas, con sus especificidades, importaciones y aportaciones, es la serie de ciclos concatenados que se despliega en el vector catalanista del movimiento: PDD, consultas, 10J, Diada de 2012. De resultas de ello, la crisis del régimen se aceleró y, por ello mismo, se hace preciso saber más exactamente de qué crisis hablamos y en qué contexto crítico nos encontramos concretamente.
En este sentido, ya avanzamos en otro lugar una hipótesis que se puede sintetizar de la manera siguiente: la actual crisis son en realidad tres; una primera crisis de legitimidad (de impugnación del régimen), que ya alcanzó su madurez y prosigue su curso; una segunda crisis institucional, que se evidencia, para lo que ahora nos ocupa, en los comportamientos disfuncionales del régimen (pocos ejemplos mejores que la sentencia del Estatut), pero que todavía no alcanza los niveles propios de una quiebra del régimen (lo que los estudios de cambio de régimen denominan: regime breakdown); y una tercera crisis de institucionalidad, que dista, desafortunadamente, de haber avanzado lo suficiente para ofrecer a las otras tres crisis, el punto de inflexión que decante la balanza definitiva hacia la emergencia de un poder constituyente (sin el cual, acaso sea necesario decirlo, no hay independencia que pueda ser pensada).
En este contexto de triple crisis, los actores políticos (no confundir con las organizaciones políticas y/o sus alianzas) se definen de manera decisiva por sus posicionamientos estratégicos respecto a la tercera de las crisis: la crisis de institucionalidad. No puede ser de otro modo, pues si en un contexto como el actual un poder se dice constituyente es porque constituye, y constituye algo nuevo; de otro modo sería un poder constituido, lo que ya está en vigor. Sin su resolución las otras dos crisis pueden ser cerradas en falso, no sin antes haber sido aprovechadas para reconfigurar por completo el régimen político.
La primera divisoria que nos encontramos hoy es la que opera sobre el derecho a decidir. En torno a este posicionamiento se articula, guste o no, el debate público catalán desde la Diada de 2012. El éxito del vector catalanista de la política de movimiento en cambiar el marco general de interpretación y situar la cuestión nacional por encima de la cuestión social (que operaba desde el 15M) no puede ser comprendido sin tener en consideración el cierre previo de la estructura de oportunidad política tras el 20N a nivel estatal y su reforzamiento a nivel catalán. No podía ser de otro modo, dada la configuración multinivel del mando bajo el que vivimos.
La divisoria sobre el derecho a decidir define sus límites, atravesando a un PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña) en crisis y articula una amplia mayoría social en el país que, sin embargo, se hace más ajustada cuando es objeto a su vez de una subdivisoria como es la que marca la escisión independentista. En este caso, no cabe duda que la reciente incorporación de la mayoría de CiU (Convergencia y Unión) al independentismo hizo bascular los equilibrios internos que el catalanismo mantuvo en las tres últimas décadas. Con todo, esta reorganización del campo catalanista desveló el carácter ideológico de lo que se suele entender bajo el significante independencia, demostrando, a pesar de los océanos de tinta vertidos, que el debate público sigue operando con más de medio siglo de retraso respecto a la realidad del mando (de lo cual se derivan, por demás, no pocas debilidades políticas del independentismo).
Así las cosas, lo que se observa desde la Diada de 2012 es que el catalanismo más y mejor integrado en el régimen, con Mas y CiU a la cabeza, se decantó por un peligroso juego: tensar la cuerda de la representación en el marco del Estado de las autonomías, hasta entrar en el terreno de la paradoja permanente y ofrecer al partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) una integración mayor en su parcela del régimen a cambio de una derechización visible en indicadores como los presupuestos, el caso del asesinato de Juan Andrés Benítez a manos de los mossos desquadra (policía autonómica) y otros elementos de connivencia con el propio régimen.
La motivación para ello responde, por una parte, a las opciones del cálculo racional en un sistema de gobierno multinivel (en la actualidad, tras el cierre de la estructura de oportunidad a nivel estatal, el 20N, existen tres coaliciones eventuales que encajan en lo que se conoce como coalición mínima vencedora, a saber: CiU+PP (Partido Popular), CiU+PSOE (Partido Socialista Obrero Español), o CiU+ERC); por la otra, a la necesidad de contener en los márgenes de la representación del independentismo (que no del independentismo real) el proceso de subjetivación antagonista que se ha desarrollado en la serie de ciclos de movilización catalanistas habidos en los últimos años (PDD, consultas, etcétera).
Sin tener en cuenta todo esto, como tampoco las perspectivas de cálculo táctico que se abren ad futurum, difícilmente podemos acabar de comprender el precario equilibrio con el que CiU intenta conservar su centralidad en el sistema político catalán, al mismo tiempo que el neoliberalismo consigue, empero, articular una mayoría al nivel de mando de la troika -por medio de esa suerte de competición característica de la gobernanza multinivel, que Albert Nogueras califica acertadamente de darwinismo normativo, y que no viene a ser sino el complejo dispositivo con el que en la postmodernidad se opera la efectuación de la transferencia de las soberanías nacionales a un mando capitalista globalmente integrado o Imperio.
En la arena política catalana, por consiguiente, nos encontramos con una iniciativa política compleja y combinada (un liderazgo compartido entre elites), propia de un sistema de partidos tendencialmente consociativo como es el que configura el Parlament, pero que se encuentra sometido a su vez a la observancia del régimen y las prefiguraciones institucionales del Estado de las autonomías. Y aunque en la práctica esto comporta una extraordinaria complicación a la hora de poder resolver el mando sobre la sociedad en un contexto de implementación de recortes, el hecho es que el propio régimen demuestra con ello una flexibilidad, maleabilidad y habilidad incuestionable para generar un espectáculo independentista capaz de capturar dicha subjetividad antagonista en los márgenes de las componendas institucionales del parlamentarismo autonómico.
Más aún: derivado de esto mismo, la sociedad civil, conocida y reconocida por el catalanismo como un contrapoder público indudable, es igualmente incorporada en una posición subalterna de los juegos de élites, que miran hacia el Govern mucho antes que hacia la potencia política de su autonomía como movimiento. La razón para esto reside en la tercera de las crisis que apuntábamos, toda vez que en el actual escenario político sólo las CUP (Candidaturas de Unidad Popular) pueden ser identificadas como indicador políticamente significativo en el terreno parlamentario de esa institucionalidad otra, que requiere una salida constituyente de la crisis.
Ciertamente, cabe objetar que las CUP apenas avanzaron gran cosa tras su entrada en el Parlament, pero tampoco es menos válido decir que, cuando menos, se plantean la cuestión democrática más en serio que el resto de partidos. Sólo si se empieza por aquí se puede declinar la crisis de manera favorable.
Claves para definir una hoja de ruta
El escenario que se perfila tras ser indicada la fecha de la consulta y definida la pregunta, permite pensar una hoja de ruta marcada por un único hecho: el independentismo se enfrenta a la hora de la verdad de su propia potencia. Como es sabido una cosa es predicar y otra dar trigo, o lo que es lo mismo: una cosa es reivindicar e incluso proclamar la independencia y otra conseguir hacer efectivo tal objetivo. El catalanismo independentista vivió, hasta ahora, en una posición políticamente muy cómoda, consistente en pedir algo que no se podía dar y presentarlo como panacea de los problemas nacionales. Ante el escenario futuro que se perfila tiene dos opciones: persistir en la lógica del predicar sin dar trigo y entrar en un escenario de reparto de culpabilizaciones, o empezar a pensar en serio lo que vendrá después de la independencia.
En el primer caso, la izquierda independentista lleva todas las de perder. En el mejor de los casos puede ser depositaria, debido al descontento con los recortes, de cierto trasvase electoral procedente de Esquerra; si bien en la eventualidad del acceso de ésta al poder, un trasvase así sería más bien magro. CUP encontraría aquí su propio techo como la escisión de la escisión catalanista (algo que ya se ha visto no dio muy buenos resultados a SI, Reagrupament y otros). Esta opción, en definitiva, es una opción que no ve el independentismo más allá de su propia configuración identitaria y que lo limita, en definitiva, a los alineamientos heredados del pasado, con la consiguiente (auto) limitación.
El segundo caso es políticamente más complejo, pero también más interesante de cara a dar articulación a un poder constituyente. En esta opción la cuestión es pensar, más allá de la propia independencia, realineamientos que permitan alterar los equilibrios inducidos por el régimen hacia un escenario otro que el que de momento se verifica(rá). En el paso a la formulación del problema real que plantea la mutación de la soberanía en el mundo actual (eso que se suele intentar nombrar como derecho a decidir), el catalanismo independentista ha de hacerse post/independentista, so pena de quedarse abocado a ser un mero remanente histórico.
La independencia entendida como fundación de un Estado-nación a la manera en que se instituyeron los Estados de los mundos postcolonial y postsoviético, carece de sentido en el interior de un sistema político que se basa en una gobernanza multinivel. Baste un ejemplo que muestra una evidencia empírica tan incontrovertible como a menudo ideológicamente negada: todas las secesiones conocidas en Europa han tenido lugar para que un territorio accediese de manera ventajosa a la Unión europea (UE), no para que saliese de ella.
No hay falacias políticas más infundadas en términos politológicos que las que nacen del razonamiento axiomático que ve posible la instauración de un Estado-nación en el seno de la UE. Esto, va de suyo, no quiere decir que el catalanismo deba renunciar a sus aspiraciones de liberación nacional. Significa, empero, que la emancipación de la nación catalana no tendrá lugar en el marco institucional del moderno Estado-nación.
Así las cosas, cualquier hoja de ruta pasa por instalar primero el horizonte político más allá del independentismo, en el análisis de la gobernanza multinivel: por diagnosticar la mutación de la soberanía (no solo una mera transferencia vertical de poder hacia arriba y hacia abajo, sino hacia afuera, hacia los mercados, las agencias privadas de seguridad, etcétera); por abordar la crisis de la democracia liberal y generar un instrumento político capaz de formular soluciones en el marco de esa institucionalidad otra que la del régimen en vigor. Por más difícil que parezca es bastante más realista que la instauración de un Estado-nación.
A tal fin es preciso que el catalanismo independentista se piense en el marco de las transformaciones habidas, en el contexto que le llevó al Parlament y que, acaso sea preciso decirlo, no es el de ser la escisión de la escisión, sino el de haber sido identificadas las CUP con una institucionalidad otra capaz de alguna manera de iniciar el proceso de definición de esa democracia real. En el año transcurrido desde su entrada en el Parlament, CUP perdió mucho tiempo sin ofrecer respuesta a esto. El horizonte estratégico de la mal llamada unitat popular no ha servido más que para cerrarse a donde, por el contrario, debería haberse abierto. Después de todo, operar en la auto-referencialidad no es más que elevar los costes de participación en la acción colectiva para quien no comparte tu propio marco de referencia identitario.
Así las cosas, el catalanismo independentista debería alejarse de los cantos de sirena electorales y empezar a tomarse muy en serio las limitaciones de su propia ideología, de las soluciones institucionales que ha adoptado y de los compañeros de viaje que se busca. En una mutación de la soberanía en la que la reticularidad no es una opción, sino una transformación de la constitución material de la sociedad, persistir en la reductio ad unum (en la unitat popular) es cerrarse a la efectuación del poder constituyente. Ahí están ya, para evidenciarlo, vectores otros, escindidos de la esquerra independentista aunque interseccionales a esta, como es el caso de Procés Constituent o, más interesante aún, el del multi-referendum. Quien se crea que el 15M fue flor de un día y no la concreción contingente de una transformación de fondo en los repertorios de acción colectiva, se arriesga a descubrirse fuera del campo de lo político antes que después.
De cara al futuro, por lo tanto, urgen modificaciones discursivas importantes, una apuesta en serio por esa institucionalidad otra -que de momento no se ha concretado- y una política de reconocimiento hacia el exterior de la izquierda independentista que haga posible la producción de un interfaz del movimiento en el gobierno representativo, no necesariamente bajo la marca CUP, aunque no sin CUP. Las próximas elecciones municipales ofrecen en este sentido, más allá del previsible crecimiento, un terreno de juego especialmente interesante en la ciudad de Barcelona. A fin de cuentas es aquí donde se ha abierto la ventana de oportunidad para formular la interacción con el electorado que hizo posible la entrada de CUP en el Parlament. Y aquí será donde CUP se transforme en instrumento de una modalidad de agencia democratizadora o se limite a escisión de la escisión catalanista.
No son pocos quienes en el independentismo piensan que sólo estamos ante una coyuntura más de la serie de ciclos que conduce inexorablemente a la instauración de un Estado nación. Como si se tratase de proceso político guiado por un telos y no del resultado siempre contingente de las luchas sociales en curso, prefieren ver en el momento actual una movilización unívoca y no el complejo, voluble y siempre abierto despliegue del antagonismo entre sociedad y mando. Por más gratificante que pueda resultar esta perspectiva, la voz prudente de la virtù maquiaveliana parece aconsejar la elaboración de hipótesis alternativas a la vieja linealidad de los nacionalismos modernos.
Hipótesis de intervención
Así, en el decurso de los acontecimientos hasta el 9N o, más rigurosamente, hasta la prohibición de la consulta, pueden empezar a verificarse ya algunas hipótesis. La primera es que el Estado no está interesado en la acomodación de un catalanismo independentista, pero sí interesado en que el catalanismo se desplace hasta esa tensión a fin de articular una hegemonía en torno a la Constitución; la segunda, un desafío que no sea tal (un órdago que no sea capaz de asumir las consecuencias de un enfrentamiento real), bien puede ser útil a la producción de una subjetividad reaccionaria necesaria (aunque todavía insuficiente) para la recentralización del poder estatal (a tal fin ya se han creado notables emisores de discurso como Ciutadans en Catalunya o UPyD en España).
La tercera hipótesis es que ni CiU ni Esquerra están dispuestos a dejar en manos de la movilización social el control de un proceso, que antes sabotearán que ver fuera de sus consensos y los de sus estructuras de movilización en la sociedad civil; la cuarta es que CUP debería plantearse seriamente si lo que obtendrá de todo este proceso es la consolidación de un pequeño advocacy party (un partido que se define por ser inquebrantable defensor de una causa) o si aspira a romper la hegemonía neoliberal por medio de un proceso de movilización más amplio del que sea parte -y no una parte dirigente, sino una parte federada a otras que, eventualmente, puedan nacer de experiencias como el 15M, PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), etcétera, y, en cierto modo, también de Procés Constituent (aunque en este caso, claro está, este proceso debería modificar algunas de sus premisas).
En la última década, la política catalana generó uno de los laboratorios políticos más interesantes de Europa. Sin lugar a dudas el proceso de subjetivación antagonista canalizado por el vector catalanista de la política de movimiento demostró una potencialidad constituyente muy importante, pero de la que desconocemos si será suficiente para alterar el presente estado de cosas. Hasta ahora los pronósticos en todos los sondeos muestran una inequívoca crisis del régimen.
Nadie puede dudar que los distintos vectores de la política de movimiento en acción en los últimos años (catalanismo, 15M, vivienda, etcétera) consiguieron impugnar la legitimidad del régimen. Tampoco cabe duda de que la crisis institucional es hoy un hecho difícilmente cuestionable tras la sentencia del Estatut y la emergencia de un sistema de partidos fundado en el avance del derecho a decidir. Queda por pasar, en fin, a prueba decisiva para decantar las cosas. A saber: resolver la crisis de institucionalidad por medio de la producción de innovaciones en la agencia política. Notables como David Fernàndez, organizaciones de partido como CUP y los distintos movimientos deben articular otras relaciones que aquellas con las que siguen operando. Los notables deben estar subsumidos en la política de partido y está, en la de movimiento. Si esto no cambia, otras serán las estructuras de oportunidades, otros los contextos, pero ciertamente también otros sus protagonistas. Es hora de saber aprovechar el momento de manera oportuna, es hora de lo que los teóricos de la primera democracia llamaron kairós.
Raimundo Viejo Viñas es editor en Artefakte y profesor de la Universidad de Girona
