Chihuahua, Chihuahua. La sierra rarámuri permanece amenazada. No es por el intenso frío invernal ni por la tan publicitada escasez de alimentos (que suscitan campañas de cobijas y comida tan cacareadas en los medios de comunicación electrónicos), sino por el despojo del territorio a sus pobladores ancestrales. El famoso proyecto turístico Barrancas de Cobre extiende sus alas por la cadena montañosa y se apodera de todo. Mientras el narcotráfico y sus sicarios siembran el miedo y acaban con quien no colabore. A los rarámuris, renombrados como tarahumaras, la violencia los está expulsando de sus rancherías. Los que se quedan, luchan por el reconocimiento de sus tierras, por impedir que la deforestación acabe con la totalidad de sus bosques y por recobrar la unidad entre su pueblo.

Con demandas en tribunales agrarios y administrativos, audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); acompañadas de movilizaciones a la capital del estado, donde una y otra vez se plantan ante las autoridades para exigir sus derechos, los rarámuris se defienden del despojo no sólo de su territorio, sino de su cultura milenaria. Ahora hasta sus danzas y la famosa carrera de bolas salen de sus pueblos para ser mostradas como folckor a los turistas que recorren las barrancas tomándoles fotos y regateando una artesanía. Ahí, en las tierras que les pertenecen y que ahora se ofrecen a los turistas en un recorrido en teleférico.

Gobernadores y autoridades tradicionales rarámuris de Bacajípare, Huetosachi, Mogótavo, Repechike, Wawachérare, Choreachi y Coloradas de la Virgen, y del pueblo odami Mala Noche, expusieron la problemática de sus comunidades en el Cuarto Foro «Pueblos originarios de la sierra Tarahumara en defensa de nuestros territorios», que este año tuvo como invitadas las resistencias de la tribu yaqui y guarijíos de Sonora. La primera en sus lucha contra el Acueducto Independencia, obra mediante la cual pretenden despojarlos de su agua para llevársela a Hermosillo; y la segunda contra la construcción de la presa Los Pilares, que los desplazará de su territorio.

Hasta aquí llegó la solicitud de apoyo a Choréachi, del municipio de Guadalupe y Calvo, cuyas autoridades no pudieron asistir por amenazas de muerte en su contra. La violencia que impera en la sierra cobra vida en esta comunidad, donde recientemente fueron asesinados dos de los defensores del bosque.

El relato de los pobladores de Choréachi ejemplifica la alarmante situación que impera con el narco y los sicarios persiguiéndolos: “Le temen las gentes, se salen de su pueblo o se van las Barrancas, dejan sus costumbres tradicionales, dejan sus escuelas y los maestros tampoco van a trabajar a gusto. Los maestros se fueron de aquí el día 6 de septiembre por que el día 5 de ese mes mataron a un muchacho que se llamaba Jaime Zubia Ceballos y los maestros no han vuelto desde entonces;  y el día 5 de noviembre mataron a otro, Socorro Ayala Ramos, y en ese caso las gentes van a dejar sus casas, sus ranchos, dejan danzas, sus costumbres antiguas, dejan sus juegos de carrera de bola, dejan donde ellos se reúnen, dejan sus bosques libres y se pueden robar los pinos…”.

Las actuales amenazas se inscriben en el marco de la denuncia y recaudación de firmas que iniciaron las autoridades para denunciar los asesinatos, motivo por el que el Foro exigió que “se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las autoridades indígenas y de las familias de las víctimas”; y se adopten “las medidas tendientes a garantizar el libre acceso y aprovechamiento de sus recursos naturales”.

En el resolutivo, los pueblos rarámuri y odami indicaron que los principales problemas que enfrentan son: despojo de territorio, recursos naturales, escénicos y culturales; falta de reconocimiento sobre el territorio ancestral; falta de cumplimiento al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado; amenazas de muerte a miembros de sus comunidades y la violencia generada por el narcotráfico; así como la falta de respuesta de las autoridades federales y estatales a las demandas presentadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este contexto, acordaron continuar con la defensa legal de sus territorios; acompañar esta defensa con mayor presión e información pública nacional e internacional; promover mayor unidad entre pueblos indígenas; exigir el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en el caso del Fideicomiso Barrancas del Cobre; y respuesta inmediata a las demandas planteadas en la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado mes de marzo.

Un punto aparte fue la solidaridad con la tribu yaqui por la defensa del agua y el desmantelamiento del Acueducto Independencia; y con el pueblo guarijío, en ladefensa de su territorio frente a la construcción de la Presa Pilares.

Minería, el despojo que viene

Durante la cuarta emisión del foro “Pueblos originarios de la Sierra Tarahumara en defensa de nuestros territorios”, Francisco López Bárcenas, abogado mixteco especialista en derechos indígenas, alertó sobre la presencia de concesiones mineras en esa sierra, ante los escasos testimonios de la actividad extractiva. “El problema vendrá cuando se activen”, advirtió el invitado especial.

“El 32 por ciento del país está concesionado a las mineras”, informó el autor de El mineral o la vida, “pues los recursos naturales son de la nación, no de nosotros, y el gobierno puede otorgar concesiones”, y lo ha hecho con empresas extranjeras. Ante los asistentes, varios de los cuales informaron que sólo han visto minas de principios del siglo XX, López Bárcenas afirmó que el problema de la ley minera es que “los empresarios mineros redactaron la ley”.

Los rarámuri y odami presentes –incluyendo a jóvenes gobernadoras tradicionales y hombres que viajaron más de ocho horas para llegar a la capital chihuahuense- escucharon los seis aspectos que el experto considera peligrosos: que la minería es una actividad preferente, por sobre la siembra o los asentamientos humanos; que estar denominada como “de utilidad pública” permite que se expropien tierras a comunidades o ejidos que se opongan; que los concesionarios se llevan toda la riqueza por un pago de apenas entre cinco y 111 pesos por hectárea, “menos de los que cuestan las galletas que nos vamos a comer hoy”, y dejan la contaminación; que los cien años que puede durar el permiso constituyen la vida útil de tres generaciones; que aunque los pueblos indígenas legalmente tienen preferencia en el acceso a recursos, “no hay una sóla concesión donde se les haya preguntado si ellos querían realizarla”, y que el derecho a la consulta tampoco se respeta: “y tienen que consultarnos porque la minería afecta a los territorios”, agregó.

El intelectual indígena advirtió a las autoridades rarámuris que la minería se apropia de los territorios “como barredora”, pues “se lleva los cerros, contamina aguas” e impide que los dueños de las tierras pasen de un lado a otro, hagan ceremonias o pastoreen a sus chivos. Los indígenas serranos, que escucharon con atención las intervenciones en español y sus traducciones al rarámuri y odami, hicieron gestos de afirmación ante la descripción de los daños de las minas a tajo abierto, también exhibidas en un video.

El abogado López Bárcenas, quien ha escrito sobre los cambios que necesita la ley minera, expuso también algunas etapas de la actividad en las que deben poner atención los pueblos indígenas que se oponen a la minería, “pues ellos tienen concesionado el mineral, pero la tierra es nuestra: cuando la empresa llega a pedir autorización para entrar e intenta comprar a las autoridades ofreciendo servicios; cuando se presenta el manifiesto de impacto ambiental; cuando se pide que los presidentes municipales hagan cambio de uso de suelo y cuando se pide permiso a Defensa Nacional para utilizar explosivos. Eso, más alegar el acceso preferente y el derecho a la consulta”, agregó.

Los asistentes, incluyendo a los guarijíos, yaquis y chabochis (no indígenas), con el acompañamiento de miembros de las organizaciones Alianza Sierra Madre, Consultoría Técnica Comunitaria, Tierra Nativa y The Christian Fund, reflexionaron en mesas de trabajo sobre las amenazas turística, minera y forestal, y las formas de resistencia.

Desobediencia civil para ser escuchados

Los invitados de la tribu yaqui, pueblo de Sonora que cumple cinco meses organizando cierres intermitentes en la Carretera Internacional en Vícam, en rechazo a la construcción del Acueducto Independencia que desviará su agua hacia Hermosillo, expusieron las distintas etapas por las que ha pasado una lucha que ha tenido como “arma fundamental el apego a su identidad, y contar con un territorio”.

Los indígenas chihuahuenses siguieron con atención la exposición de los sonorenses, quienes explicaron detalladamente cómo han sobrevivido a las incursiones de colonizadores, religiosos y empresarios.

Tomás Rojo, representante de la tribu, destacó que desde la llegada de los invasores españoles y hasta la firma del tratado de paz con el presidente Lázaro Cárdenas, la resistencia de su pueblo fue armada. Con el tratado, explicó, se les reconoció sólo una parte de su territorio, incluyendo el agua que hoy pelean, “y fue por la cuota de sangre que pusimos para construir a este país y sus instituciones”.

Los yoreme, a partir del acuerdo con Cárdenas, entraron a una etapa “de subordinación institucional y concertación política” que, afirmó el vocero, no les sirvió, pues todos los programas gubernamentales que recibieron fueron destinados a “mexicanizarlos”. Rojo relató que a partir del reconocimiento de algunos derechos de los pueblos indígenas en la Constitución mexicana y los tratados internacionales, decidieron luchar por la vía legal combinada con resistencia y desobediencia civil, “si no, menos caso nos hubieran hecho las autoridades”.

Las traducciones a las lenguas originarias arrancaron un punto más de atención en esta exposición a los rarámuris y odami, quienes tienen diversos tipos de demandas –agrarias, civiles, locales e internacionales- interpuestas ante órganos de justicia a través de las organizaciones civiles, muchas de ellas por el reconocimiento del territorio que habitan desde hace miles de años y que empresarios, especuladores, mestizos y miembros del crimen organizado les arrebatan, con papeles o sin ellos.

La batalla en defensa del río, recordaron los yaquis, comenzó en 2010. La decisión de un juez ordenó que no se licitara la construcción del Acueducto Independencia; la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó como inválido el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en 2013, y ordenó la realización de una consulta a los yaquis para que sea válido.

La obra de 135 kilómetros –que no se llevará 75 millones de metros cúbicos de agua al año, sino 250 millones, informan los yaquis- funciona en un 90 por ciento a pesar de los ordenamientos legales en su contra y ya trasvasa agua de la presa El Novillo, que pertenece en 50 por ciento a la tribu. Por eso, los yoreme decidieron bloquear la Carretera Internacional a la altura de Vícam desde finales de mayo de 2013. Y así seguirá hasta que el bombeo de agua se detenga, afirman. Las risas surgen discretamente cuando Rojo afirma que de la carretera, solamente el asfalto le pertenece al gobierno, pues la tierra es de ellos.

La consulta a los yaquis que ordenó la Suprema Corte está en marcha. “El gobierno tiene la obligación de hacerlo, y nosotros queremos dar nuestro punto de vista”, señala Molina. De las tres etapas del proceso (acuerdos sobre su planteamiento, información y consulta), están en el segundo paso.

Las autoridades rarámuris y odam decidieron firmar un acuerdo para apoyar las demandas de sus pares yaquis, “pues nuestra lucha es la misma”, manifestó una autoridad rarámuri de Coloradas de la Virgen. “Desde estas tierras de la Sierra Tarahumara, exigimos al gobierno mexicano el respeto al estado de derecho y en ese mismo derecho exigimos el desmantelamiento del llamado acueducto Independencia”, señala el documento.

Por su parte, el gobernador guarijío del Ejido Burapaco, Fidencio Leyva, explicó a los asistentes el caso de la presa Los Pilares, en el estado de Sonora, que los desplazará de su territorio a pesar de que ellos no dieron el consentimiento para realizarla. Leyva explicó con voz pausada el caso de su pueblo, del que muchos mexicanos ignoraban su existencia hasta que saltó la noticia de la construcción de la presa.

Los guarijíos y sus asesores establecieron mesas de diálogo con el gobierno estatal, con el objetivo de realizar un proceso de consulta a los pueblos; sin embargo, empleados gubernamentales les arrancaron las firmas de consentimiento a los gobernadores tradicionales y sustituyeron al que se negó. La batalla que dan ahora –con las obras de la presa arrancando- es por revocar las autorizaciones que califican de ilegítimas. El público es silencioso, pero eleva aplausos para celebrar la intervención.

Una de las intervenciones finales durante los dos días de foro se refirió a uno de los temas más sonados con respecto a los derechos indígenas, y que cruza tanto a los afectados por el Fideicomiso Barrancas del Cobre como a yaquis y guarijíos: el derecho a la consulta.

En este apartado, López Bárcenas expuso los retos organizativos que implica para los pueblos exigir este derecho, y las ocasiones en que conviene o no, de acuerdo con cada caso. Llamaron a valorar el uso de este derecho junto con otras herramientas de lucha.

Publicado el 18 de noviembre de 2013