Pakistán. Los residentes de barrios pobres de la capital, Islamabad, se organizan para detener el último intento del gobierno para desalojarlos de sus hogares. Detrás de las operaciones, que los acusan de “terroristas”, está la especulación inmobiliaria y la corrupción de los funcionarios, señalan.

Al menos 150 mil personas habitan 34 barrios populares (localmente llamados katchiabadis), repartidos por toda la capital y atravesando parte de las zonas inmobiliarias más caras en el país. Muchos, que viven en casas de adobe desde hace décadas, se cambian de un asentamiento a otro por presión de los desarrolladores de vivienda de la ciudad.

La más reciente amenaza de desalojo se produjo en agosto de 2013, cuando el ministro del Interior, Chaudhry Nisar Ali Khan, señaló en el Parlamento que cien mil «ilegales extranjeros» viven en los barrios pobres, convertidos en “refugios para terroristas y delincuentes”. Los residentes descalifican las acusaciones y afirman que son pakistaníes; denuncian que se volvieron el chivo expiatorio ante la incapacidad del gobierno para frenar los casi diarios ataques “terroristas”.

En la guerra entre la insurgencia, que llevan a cabo los extremistas religiosos y los talibanes, y las fuerzas gubernamentales ya cobró la vida de más de 50 mil paquistaníes desde 2001. En los combates participan más de 150 mil soldados, desplegados en las regiones cercas a la frontera afgana, donde han sido desplazados millones de habitantes.

El 30 de septiembre, cientos de soldados, paramilitares y policías llegaron a Afgan Basti (literalmente, «vivienda afgana») y detuvieron 116 personas, incluyendo algunos menores de edad. La policía afirmó que se recuperaron metralletas AK-47 y pistolas.

Los residentes organizaron varias manifestaciones y marchas para denunciar las amenazas de desalojo en los últimos dos meses. La Alianza Todo Pakistani Katchi Abadi, una coalición de habitantes de barrios marginales de todo el país, ayuda a organizar a las personas de las comunidades y a presionar a los funcionarios del gobierno. El Partido de los Trabajadores de Awami, una pequeña coalición de partidos de izquierda, también colabora en las protestas y ofrece asistencia legal.

«Hemos estado aquí desde la década de los ochentas, tenemos tarjetas NIC [identificación]; somos paquistaníes», afirmó un residente de Sabzi Mandi, el barrio marginal más grande de la ciudad, donde viven más de mil familias.

Una encuesta realizada en diciembre de 2012 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Refugiados, encontró que sólo un tercio de los residentes de Sabzi Mandi son refugiados afganos, un término que Pakistán utiliza para describir a todas las familias afganas desplazadas desde la invasión soviética en la década de los ochentas, incluso los nacidos en Pakistán.

En un patrón que es válido para el resto de habitantes de barrios marginados  en Islamabad, la encuesta encontró que muchos vienen de las regiones pakistaníes fronterizas con Afganistán, desplazados por las operaciones militares, o trabajadores que migran a la zona en busca de trabajo. Otros barrios son el hogar de pakistaníes desplazados por desastres naturales – por ejemplo, un terremoto que mató a decenas de miles de personas en 2005, y una inundación que sumergió  enormes extensiones del país en 2010. Son las personas que el gobierno es incapaz de atender.

Otros barrios marginados se levantaron en la década de los sesentas, instalados por la Autoridad del Desarrollo Capital (CDA) – la agencia que construyó la planificada ciudad capital– para dar vivienda a trabajadores de construcción.

Una encuesta de 2008 encontró que un tercio de los habitantes de barrios marginados en Islamabad son cristianos que trabajaban como barrenderos. Su ingreso medio era de menos de dos dólares al día.

El CDA, que proporciona terrenos a los desarrolladores, ha tratado de desalojar a los barrios pobres por décadas. En los años setentas, echó a miles de personas de los barrios pobres cerca de Sabzi Mandi, y sólo se detuvo tras la presión pública.

En diversas ocasiones, el gobierno obligó a los habitantes de barrios marginados a salir de las áreas a donde él mismo los envió a habitar. Miles de trabajadores se establecieron en la capital durante su construcción, en la década de los sesentas, y recibieron del gobierno espacio para vivir. En 1976, fueron reasentados en un parque público cerca del centro de la ciudad para dar paso a un gran complejo médico. Varias personas murieron cuando los residentes se resistieron a los desalojos. En 1991, fueron obligados a salir de la ciudad hacia Ali Pur Farash, un área no desarrollada fuera de la capital.

Las autoridades de la ciudad a menudo ignoran las leyes federales destinadas a proteger a los barrios marginados. Una ley de 1997 reconoce a los barrios establecidos antes de 1985, y obliga a que las autoridades proporcionen servicios públicos a sus residentes. Otro ordenamiento, en 2001, reafirmó lo mismo.

En diciembre de 2012, la policía se preparó para llevar a cabo una operación de “limpieza” -llamada Seguridad, bienestar y desarrollo – pero se echó atrás frente a las protestas públicas de los residentes.

Muchos de los barrios pobres carecen de «certificados de no objeción»,  documentos que el gobierno debe proporcionar para configurar los suministros de agua, alcantarillado, pavimentación y suministro eléctrico. Los que tienen estos servicios se basan en el clientelismo de los políticos, que esperan votos a cambio de los servicios públicos.

«Cuando es el momento de las elecciones, somos pakistaníes, y cuando hay problemas de seguridad, somos afganos o terroristas», denunció un activista local, Sheikh Fazal Shah, frente a una multitud en una marcha en septiembre.

«¡CDA, mantente lejos!», gritaron los manifestantes que se dirigieron hacia el parlamento para instalar un plantón, bloqueando una carretera principal por varias horas.

En ocasiones, los tribunales paquistaníes intervienen para proteger a los barrios pobres. En 2011, el parlamento – que ejerce un control directo sobre la capital – ordenó la demolición de varios barrios. Sin embargo, un juez local dictó una suspensión horas antes de la entrada de las excavadoras.

Muchos residentes creen que la verdadera razón detrás de la presión de los desalojos está ligada a un boom inmobiliario en Islamabad. El CDA está implicado en una serie de casos de corrupción en los últimos años, y su ex presidente está acusado de vender la preciada tierra a bajos precios a sus
amigos políticos, lo que representa una pérdida de cientos de millones de dólares de ingresos para Pakistán.

Publicado el 21 de octubre de 2013