Guerrero, México. En este estado sureño, la “Guerra contra el narcotráfico” ya dejó alrededor 5 mil personas[1] desplazadas de sus comunidades por la violencia; después de las lluvias del mes de septiembre, la cifra aumenta: las viviendas y cultivos de al menos 13 mil indígenas de la región de La Montaña quedaron sepultados por el lodo, y es imposible su reconstrucción.

Desde el 14 de septiembre, el estado de Guerrero es una vez más es ejemplo claro de las consecuencias que pueden llegar ante la falta de políticas públicas y estrategias adecuadas para la prevención y emergencia frente a fenómenos naturales. Los daños dejados por las tormentas tropicales Manuel e Ingrid además, mostraron a México lo que es una realidad cotidiana para el grueso de los habitantes de la entidad: el olvido en el que se encuentran las comunidades indígenas y campesinas de la Montaña, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente; así como el desorden y aprovechamiento con fines políticos que se hace de los recursos (como lo denunciado en colonias de Acapulco y Chilpancingo).

Los problemas van más allá: la inexistencia de políticas públicas eficaces con las cuales se pueda garantizar una vida digna, con seguridad y protección a la población que históricamente ha vivido en la desigualdad, es una constante. Una prueba de ello es la situación en la que se encuentran 21 familias de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, quienes se vieron obligadas a dejar su tierra de origen, a consecuencia de la violencia sistemática de la que fueron víctimas en los últimos ocho años por parte de grupos de talamontes y del crimen organizado, que les impiden regresar a sus hogares.

Defender el bosque

Por su riqueza en maderas, fertilidad de sus suelos y abundancia de agua y minerales, la Sierra de Coyuca de Catalán siempre está amenazada por intereses gubernamentales, de particulares y de empresas privadas que ven en su explotación una gran oportunidad para su enriquecimiento. Si esto no sucede todavía es porque en La Laguna, al igual que otras comunidades ubicadas en esta región, defienden sus bosques, sus árboles y su tierra de talamontes o grupos del crimen organizado que intentan, desde 2005, tomar el control de la región. La defensa del territorio tiene su precio: esta pequeña localidad de menos de 200 habitantes, desde hace ocho años enfrenta amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que costaron ya la vida de al menos 30 de sus familiares.

En 2007, cuando los pobladores del filo mayor de la Sierra Madre del Sur comenzaron a organizarse para hacer frente a los incendios forestales provocados por los talamontes -con el objetivo de utilizar los suelos para la siembra de enervantes-, la violencia aumentó. Alcanzó su punto más alto entre febrero y abril de 2011, cuando fueron asesinados el líder comunitario Rubén Santana Alonso, su hijo Sergio Santana Villa, Gilberto Islas Salto, Martín Arroyo Casarín y Jorge Delgado. El miedo se hizo presente. Hasta ese momento no se había vivido un periodo de tanta sangre dentro de la comunidad, y el mensaje era claro: quedarse en La Laguna significa la muerte. La noche del 21 de abril de 2011, aproximadamente 107 personas (entre ellas, 77 menores de 18 años, de los cuales 34 no cumplía aún los cinco) se vieron obligados a desplazarse a las alturas de la Sierra, en la comunidad de Puerto las Ollas, del mismo municipio de Coyuca de Catalán.

A pesar de que no contaron con viviendas, alimentos, servicios ni trabajo para su manutención, el desplazamiento se prolongó por siete meses. El 1 de octubre de 2011, en un oficio dirigido al licenciado Ramón Almonte Borja, en ese entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, explicaron el por qué decidieron regresar a La Laguna a pesar del riesgo que implica para sus vidas: “La dificultad que representa mantenernos desde hace cinco meses en Puerto Las Ollas, donde no pudimos sembrar, donde no hay empleo, ni maestro para nuestros hijos, ni mucho menos personal médico y medicinas para atendernos, nos empuja a tomar esta decisión que pone en riesgo nuestras vidas. Sólo recibimos un poco de despensas en el mes de mayo, que nos duraron tres semanas. Ahora no tenemos comida ni dinero para comprarla.”

Entre noviembre de 2011 y septiembre de 2012 se registraron incursiones por parte de grupos armados, a pesar de la constante presencia de militares y policías en la región. El 3 de septiembre de 2012, en entrevista con el diario La Jornada, Juventina Villa Mojica (viuda de Rubén Santana) declaró, después de que entre 40 y 50 personas armadas dispararan por dos horas contra las casas, que “la primera (incursión) fue el 25 de junio y la segunda el 19 de julio. Lo peor es que el gobierno de (Ángel) Aguirre no hace nada y el gobierno federal tampoco; ya les avisamos varias veces. Pareciera que el gobernador quiere que nos acaben, porque no quiere intervenir. Los motivos de la agresión siguen siendo los mismos: están molestos porque no les permitimos talar los bosques”[2]

Después de esta agresión, los habitantes de La Laguna exigieron al gobierno del estado apoyo logístico para desplazarse forzadamente por segunda ocasión a Puerto de las Ollas, esta vez, con el objetivo de que a largo plazo fueran reubicados en alguna comunidad en la que pudieran contar con terrenos para construir viviendas y así, empezar una nueva vida lejos de la Sierra. Dentro de los acuerdos que se tomaron con la secretaría de Gobierno de Guerrero, se estableció como fecha de inicio del “éxodo” el 29 de noviembre de 2012, y que para ello, contarían con la protección de la Policía Estatal Preventiva; ese día, a pesar de ser resguardada por una escolta personal integrada por agentes de la policial estatal, doña Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa, de 17 años, compartieron la suerte de su esposo y cinco de sus hijos: fueron asesinados en las inmediaciones de La Laguna.

Lejos de la Sierra

La Agencia para Refugiados de la Naciones Unidas (ACNUR) define como desplazados internos a “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

En el estado de Guerrero, la “Guerra contra el narcotráfico” ha dejado alrededor 5 mil personas[3] desplazadas de sus comunidades por la violencia; después de las lluvias del mes de septiembre, la cifra aumenta: las viviendas y cultivos de al menos 13 mil indígenas de la región de La Montaña quedaron sepultados por el lodo, y es imposible su reconstrucción.

Algunos de los habitantes de La Laguna aún se encuentran desplazados en Puerto de las Ollas, pero la mayoría de las familias -junto con los pobladores de Hacienda de Dolores-, fueron enviadas a las comunidades de Tepango y La Unión, en el municipio de Ayutla de los Libres, región de la Costa Chica. Los terrenos en que se encuentran asentados, al contrario a los compromisos adquiridos por el gobierno del estado, no han sido debidamente otorgados. Si bien ya fueron comprados por las autoridades correspondientes, los desplazados no tienen los documentos que les den seguridad jurídica sobre ellos.

Las reuniones de trabajo con el gobierno estatal se han realizado gracias a la presión de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los desplazados de La Laguna, pero dichas reuniones han sido irregulares en tiempo, y los compromisos que asume el gobierno el estado no han sido cumplidos de forma eficaz y oportuna.

A dos años y medio del primer desplazamiento forzado de La Laguna, los agresores gozan de completa impunidad, y los desplazados continúan marginados y viviendo diariamente las consecuencias a las violaciones a sus derechos humanos a la vida, al acceso a la justicia, al trabajo, a la vivienda digna y un largo etcétera.

Publicado el 21 de octubre de 2013