Se “autodeportaron” y fueron encerrados en el Centro de Detención de Inmigración en Eloy, Arizona, al entrar por la puerta principal del país en el que quieren seguir viviendo. Son nueve jóvenes dreamers que, con su acción arriesgada, legal y a plena luz del día, buscan que cada uno de sus días deje de ser un riesgo de detención y deportación de los Estados Unidos.

El objetivo de la acción –que mantiene a los nueves jóvenes detenidos, dos en celda de castigo- fue pedir la reunificación de las familias y “jugar con el lenguaje antiinmigrante, que siempre dice que hacemos todo en las sombras. Entonces lo hicimos de la manera más legal que existe: se entregaron en un cruce oficial, por la puerta principal. Hasta estuvimos en la cola”, describe en entrevista con Desinformémonos Benito Miller, de la National Immigration Youth Alliance (NIYA), asociación de la que son organizadores tres de los detenidos.

Estos jóvenes, que entraron a los Estados Unidos vestidos con toga y birrete, manifiestan así “que decidieron vivir en los Estados Unidos, donde crearon su hogar y echaron raíces”.

Otra motivación de la entrega voluntaria es la inconformidad con la inacción “bastante exagerada” de los dos principales partidos políticos, el Republicano y el Demócrata, respecto a la reforma migratoria y a proyectos de ley para reunificar a familias de deportados o para crear un mecanismo por los que alguien criado en Estados Unidos pueda estar con su familia, informa Benito Miller.

Lulú Martínez, Lizbeth Mateo y Marco Saavedra son organizadores de la NIYA, asociación liderada por inmigrantes sin documentos, y se “autodeportaron” para unirse a la acción pues “no podemos pedirle a la gente que tome riesgos que nosotros mismos no tomaríamos”, destaca Miller. Algunos de los jóvenes regresaron a México apenas unos días antes de la acción y aprovecharon para reencontrarse con su familia, mientras otros –como Claudia, con hijo estadunidense- llevaban ya hasta siete años del otro lado de la frontera. María Peniche, por ejemplo, regresó a México tres días antes de que se anunciara la Acción Diferida, ley que permite a los dreamers un periodo de amnistía de hasta dos años.

El equipo legal de la NIYA solicitó la visa humanitaria para los detenidos, que les permite estar en libertad. No les fue concedida, pero tampoco negada oficialmente. Los abogados solicitaron al gobierno la comunicación oficial de la respuesta para pasar a la siguiente etapa, que es la solicitud de asilo. Miller señala que aunque el proceso es largo (de hasta dos años), gracias a la presión de familiares y organizaciones los nueve soñadores ya tuvieron sus primeras entrevistas para que el gobierno evalúe si les concede el estatus de refugiados. Si se los niega, comenzará el temido proceso de deportación.

La NIYA y los familiares de los soñadores encarcelados piden que sean puestos en libertad lo antes posible para que se reúnan con sus seres queridos y continúen sus estudios, resume Miller. Lizbeth Mateo tiene una beca para estudiar leyes y el curso arranca el 14 de agosto, por ejemplo, y la madre e hijo de Claudia Amaro la esperan en Tucson para regresar a Kansas. Ya en libertad, pueden preparar su caso de asilo. “Es posible que les den un permiso de trabajo y licencia de conducir para que afronten menos riesgos, y que cada encuentro con la policía no signifique una entrega a Migración, como sucede en muchos estados del país”, evalúa el organizador de la NIYA.

La detención programada de los jóvenes, que se entregaron el 22 de julio a las autoridades migratorias después de cruzar a México, no detuvo su ímpetu, aunque las condiciones son difíciles en Eloy. Después de hablar telefónicamente con Claudia Amaro y con Luis Gustavo León, dos de los participantes, Miller explica a Desinformémonos que Lulú Martínez y María Peniche están en una celda de castigo pues el domingo 28 de julio, seis días después de su detención, informaron al resto de detenidas sobre su identidad y comenzaron a organizarlas, además de gritar las consignas clásicas de los dreamers: “Sin papeles, sin miedo; Undocumented and unafraid”. Los soñadores protagonizaron también una huelga de hambre en exigencia de que se les permitiera comunicarse con sus familiares.

La llegada de los dreamers a este centro de detención –gestionado por una empresa privada- cambió los hábitos del lugar. Martínez y Peniche solamente pueden salir de sus celdas una hora al día y esposadas, cuando el resto de las internas no puede verlas, pero los otros jóvenes platican con los detenidos para examinar las posibilidades de ayudarlos con sus casos, señala Miller. Los horarios de recreo fueron cambiados y se presentó dificultad en las comunicaciones hacia el exterior. Lo que más los preocupa, en este momento, es que María Peniche, que padece una enfermedad del corazón, tuvo un ataque de pánico y no tienen mayor información sobre su estado de salud.

Una reforma pobre y riesgosa

Después de trabajar una década para la aprobación de la Dream Act (rechazada en 2010), un grupo de jóvenes se unió a la NIYA pues vieron que a través de las gestiones tradicionales (cartas, encuentros con legisladores, campañas y vigilias) su objetivo no se veía más cerca, Comenzaron a tomar acciones más “riesgosas”, detalla Miller. Lizbeth Mateo fue parte de la primera acción de desobediencia civil de esta organización, en 2010. Miller recuerda que muchas organizaciones pro inmigrantes grandes les dijeron que era una locura entregarse, pero los participantes en la acción “están libres, trabajando y empujando más y más nuestras acciones”.

En opinión de la NIYA, la Dream Act es un documento muy restringido “que culpa a nuestros padres de la decisión de traernos sin papeles. Eso no es justo por el sacrificio que ellos hicieron al cruzar por necesidad y por el que hacen todos los día al enfrentarse a leyes antiinmigrantes, a la policía, a mensajes que los satanizan, a vivir explotados y bajo el temor de ser separados, y a políticos de doble discurso que juegan con nuestra vida”, denuncia Miller. Barack Obama es el perfecto ejemplo, pues “dice que es nuestro amigo pero ha hecho número record de deportaciones”.

Miller denuncia que falta un verdadero debate migratorio, ya que de la reforma se habla muy poco. A cambio de beneficios para un tercio o máximo la mitad de los 11 millones de indocumentados candidatos a regularización, “habrá más agentes de migración, lucro de las compañías privadas que venderán cámaras y aviones no tripulados para vigilancia –que harán más peligroso el cruce pero no lo detendrán-, mayores muertes en el desierto, los coyotes o polleros cobrarán más y se creará una nueva categoría criminal para quien cruce ilegalmente, lo que hasta ahora es una infracción civil”, desmenuza el joven organizador.

El proceso de acogerse a la reforma también será largo y costoso. Miller señala que es difícil que la gente que no vive en la frontera se dé cuenta de esta realidad, pero “en mi opinión, esta reforma son migajas que nos avientan. Hay que demandar, proponer y empujar un diálogo que expanda las posibilidades de que más gente se beneficie”.

“No es necesaria la ciudadanía para tener una vida digna, sueldo justo, y que los hijos tengan las mismas posibilidades que el resto de los residentes”, expone Benito Miller. Para abonar a este diálogo, deben estar como protagonistas los indocumentados, apunta el integrante de la NIYA. “Los más afectados deben ser los líderes de su batalla por vida digna”.

Hacia adelante

Para presionar por la libertad de los jóvenes, familiares y aliados realizan huelgas de hambre de un día. Los familiares y la NIYA están ocupados en la entrega simultánea de paquetes de petición de asilo a funcionarios, en los estados donde residen los jóvenes, y dando entrevistas, mientras un legislador de California recaba firmas entre sus colegas para pedir la libertad de los nueve dreamers.

Se pide que quienes se solidaricen con los dreamers detenidos firmen peticiones y hagan llamadas a políticos, como el presidente Barack Obama y legisladores locales. Se trata, afirma Miller, de que los estadunidenses no se olviden de estos soñadores que se arriesgaron a una detención de meses y a la real posibilidad de ser deportados y castigados con un periodo sin poder entrar a los Estados Unidos.

Por lo pronto, los soñadores trabajan con el resto de los inmigrantes detenidos en Eloy para ver qué casos pueden apoyar para que lleven su proceso en libertad, informa Miller, “y no estén detenidos, separados de sus familias, con niños traumatizados y con poca atención médica”.

Publicado el 5 de agosto de 2013