Galicia. El gravísimo accidente de la capital gallega el 24 de julio, donde murieron 79 personas, pone en riesgo el negocio de un consorcio empresarial español auspiciado por el gobierno del Partido Popular (PP) y formado por Ineco, Indra y Adif, empresas de ingeniería civil especializadas en la construcción de trenes de alta velocidad.

Son 2 mil 800 millones de euros en juego en la licitación de las obras del tren de alta velocidad que unirá las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, a la cual aspira un consorcio español y que se decidirá en septiembre. Entre los criterios de selección figura la exclusión de cualquier compañía responsable de un accidente fatal en los últimos cinco años.

La ministra española del fomento, Ana Pastor, acompañó a representantes del consorcio en mayo de 2013 en su viaje a Brasil para presentar el proyecto, al que concurren unidas diferentes empresas para tratar de ganar un contrato garantizado por dinero público, en alianza con las principales empresas privadas del sector.

A poco más de un mes de que las autoridades brasileñas tomen la decisión, el accidente de Compostela tiene importantes implicaciones, ya que uno de los requisitos fundamentales de la licitación es no haber tenido accidentes causados por fallas técnicas durante la década anterior a la firma del contrato.

Esta puede ser una de las claves para que el maquinista del tren Alvia s730 se conviertiera en el blanco de los grandes medios de comunicación burgueses, de la policía, del gobierno y de las empresas Renfe y Adif (una de las integrantes del referido consorcio). Es probable que se esté construyendo un chivo expiatorio que permita al consorcio -patrocinado por el gobierno de Mariano Rajoy- mantener opciones de negocio en Brasil.

La acusación mediática contra el trabajador (evidente en los grandes medios españoles) se construye alrededor de la supuesta caída por la velocidad a la que el maquinista guió el tren, e incluye una foto y un comentario fuera de contexto publicado en una red social – que hace mención a la velocidad del Alvia. También el gobierno español, a través de su ministra de fomento, Ana Pastor, señaló rápida y directamente un error humano, a pesar de que no hay evidencias de esto: “Los que manejan un tren deben atenerse a los protocolos”, declaró en referencia al trabajador que condujo el vehículo accidentado. Adif y Renfe no tardaron en adherirse a la campaña, a pesar de que no sostuvieron argumentos de peso que justifiquen la acusación.

Más allá de otras consideraciones, la posición de los analistas pagados por las principales corporaciones mediáticas españolas muestra cuál es su papel, perfectamente encuadrado en el servicio de las necesidades del gran capital, propietario de las empresas “de información” que dominan el panorama mediático en Galicia y en el Estado español.

“Trabajador sensato”, dicen sus colegas

Los ataques carentes de cualquier base técnica por parte de analistas profesionales de radios y televisoras contrastan con la opinión de los compañeros de profesión de Francisco José Garzón, que lo definen como “sensato” en el ejercicio de su labor profesional. Sus compañeros afirman que Garzón cuenta con bastantes años de experiencia y un buen conocimiento del trazado de la curva de la Grandeira.

También contrastan con la campaña mediática las opiniones, estas sí, fundamentadas, de ingenieros civiles que afirmaron sin lugar a dudas que es una sucesión de fallas técnicas lo que explica el accidente. Destacaron la ausencia del control permanente y automático de velocidad que debe existir especialmente en el lugar del siniestro, por ser una curva cerrada. Este sistema europeo (llamado RTMS) sí existe en el tramo completo de líneas españolas como la Madrid-Sevilla o Madrid-Barcelona – lo que hace imposible para estas líneas un accidente como el que sucedió en la capital gallega.

La ausencia del RTMS, sumada a una posible falla en el sistema de control puntual (ASFA), podría explicar el siniestro. Esto cuestiona seriamente la seguridad del transporte ferroviario de alta velocidad que las empresas e instituciones españolas aplican en determinados territorios, en este caso, en Galicia.

Lavado de imagen

Los responsables políticos de la seguridad ferroviaria en Galicia no dudaron en acompañar a diferentes miembros de la familia real española, que visitaron el hospital en el que se encuentran las víctimas y se pusieron delante de los equipos de rescate para la “foto de familia”.

La operación de imagen amenaza con seguir durante los siguientes días, sin que se produzca la esperada reacción del pueblo. Los responsables institucionales y políticos por el transporte en el Estado español (del que Galicia todavía es parte) no dieron explicación alguna de los hechos, ni anunciaron la investigación, independientemente del Ministerio de Fomento, que debe determinar con precisión las fallas y, a partir de esto, reclamar responsabilidades penales y políticas concretas por lo ocurrido en Compostela.

Ingeniero civil detecta fallas

Cuando parece confirmado que el Alvia s730 que se accidentó en Compostela viajaba por arriba de la velocidad permitida en la curva en la cual descarriló, un técnico apunta hacia otras causas del siniestro y reclama una investigación independiente.

Ricard Riol, ingeniero civil especializado en obras públicas y presidente de la Asociación para la Promoción del Transporte Público, analizó en el canal televisivo Euronews las circunstancias del accidente. Concluyó que los principales factores fueron la falta de control permanente de velocidad y la deficiente señalización de la curva.

El tren accidentado es un tren rápido, pero no de alta velocidad, lo que permite que circule tanto en líneas de alta velocidad como en las convencionales, con velocidades de hasta 250 kilómetros por hora.

Normalmente, no es posible que el tren se acerque a una curva cerrada – que tiene velocidad limitada a 80 kilómetros por hora – a los 180 o 190 kilómetros por hora atribuidos al Alvia descarrilado. Riol dio como ejemplo las líneas Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla, para explicar que el accidente no habría existido en estos tramos, ya que cuentan con vigilancia permanente de velocidad en forma de sistema de control.

Sin embargo, en los trenes rápidos que circulan por Galicia no se usa este sistema de seguridad máxima para el control permanente de velocidad en todos los tramos. En lugar de esto, alternan con un sistema de medición y control puntual, que funciona con un sistema automático que controla el tren cuando pasa sobre un detector en la vía – y no durante todo el tramo, como sucede en los trenes de alta velocidad AVE/TGV.

Así, no se puede garantizar que la velocidad máxima siempre sea inferior a la autorizada – hay un amplio margen para el incumplimiento de la velocidad, lo que es el origen del accidente en la capital gallega. Con el sistema europeo RTMS de supervisión permanente, los trenes que exceden la velocidad son inmediatamente detenidos. Esto es lo que pasa en todas las líneas de alta velocidad, incluso en el tramo Ourense-Compostela, hasta tres kilómetros antes de la estación, donde es sustituido por el sistema de medición puntual.

Ricard Riol cree que la ausencia de este sistema de seguridad explica el accidente de Compostela más que el trazado de la curva, ya que hay otras líneas con curvas de este tipo. “Lo grave – afirma Riol – es que esta curva no está protegida con un sistema de señalización continua que controle el tren permanentemente, y no solamente a través de detecciones puntuales en la vía”.

El sistema de seguridad debe ser flexible y adaptarse a las condiciones del trazado, lo cual no ocurre en el punto en lo cual se produjo el terrible accidente de Santiago de Compostela.

En cuanto al estudio de fondo de las causas del siniestro, el ingeniero catalán reclama una “investigación plural e independiente” que vaya más allá de lo que pueda hacer el ministerio español de Fomento. El ejemplo es la investigación realizada en el caso del accidente del convoy Limoges-París en este mismo mes de julio. Sólo de este modo se garantizará aprender de los errores para evitar otros en el futuro. Además, aclaró, hay que tener en cuenta que normalmente son varios los errores consecutivos los que producen un accidente.

Riol reclamó, además, la mejora de los sistemas de protección en los trenes rápidos y de alta velocidad, lo que incluye una revisión inmediata de los protocolos de seguridad y control de velocidad – y la suspensión de la construcción de nuevas líneas hasta que la seguridad esté garantizada.

Campaña mediática contra el maquinista

En contraste con la versión de los especialistas, los grandes medios burgueses y oficiales apuntan contra el trabajador que condujo el convoy como responsable único del accidente – incluso a través de la divulgación de supuestas “pruebas” de su gusto por la velocidad en el pasado.

Tertulianos de distintos medios coinciden en atacar tanto al conductor  como al sindicato de maquinistas; buscan orientar a la opinión pública hacia afuera de cualquier reclamo de responsabilidades políticas para quien permitió que el convoy circulara sin las debidas garantías técnicas.

Ningún de estos medios fijó su papel informativo con responsabilidad social. Evitaron ir al fondo del asunto y se dedicaron a divulgar imágenes “de impacto” sobre el accidente, sin respeto por las víctimas y por sus familias.

Manifestaciones independentistas y soberanistas canceladas

El Bloco Nacionalista Galego (BNG), Nós-Unidade Popular (Nós-UP) y Causa Galiza informaron la suspensión, por primera vez en la historia de Galicia, de las manifestaciones patrióticas y actos previstos para el día 25 de julio, Día de la Patria Gallega. También Anova suspendió su acto político, así como la totalidad de las fuerzas nacionalistas del país. El BNG anunció su intención de celebrar la manifestación en otro momento.

En la noche del día 24, tanto los conciertos de Briga como el festival de Galiza Nova fueron suspendidos por las organizaciones convocantes. También la organización local Candidatura do Povo decidió anular la programación. Todos los actos institucionales previstos para la semana también fueron cancelados.

El hecho de que el maquinista sobrevivió y admitió el exceso de velocidad ante los medios de comunicación frustró las hipótesis iniciales de la ultraderecha española, ansiosa por atribuir lo sucedido al independentismo gallego.

A través de Twitter, el Ministerio del Interior español afirmó que el desastre fue un accidente. Sin embargo, algunos medios como La Voz de Galicia, en su habitual línea de distorsión, acusaron que los vecinos del lugar “difieren entre una explosión previa y la alta velocidad del convoy”. Esta es la ética del medio coruñés en estos duros momentos para el pueblo gallego.

El periódico ABC expuso inicialmente que “dos jóvenes del lugar del atentado fueron los primeros en auxiliar a las víctimas” (una cabeza que el diario madrileño quitó posteriormente, pero cuyo rastro se puede seguir en las redes sociales). Intereconomía consignó, en los momentos iniciales, que fue un atentado del grupo Resistencia Gallega en colaboración con la organización armada vasca ETA.

Otros medios españoles entraron en absoluto delirio. Por ejemplo, el Mediterráneo Digital citó un supuesto documento confidencial de la Guardia Civil en el que se advertía de posibles atentados en esta fecha. Alerta Digital tuvo como principal cabeza la mañana del 25 de julio la frase: “¿Accidente o atentado?”. No son necesarios más comentarios.

Publicado el 5 de agosto de 2013