México, DF. Al tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) debe cancelar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del Acueducto Independencia, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por las investigaciones contra los voceros yaquis Mario Luna y Tomás Rojo, señalando que “integrantes de comunidades indígenas y campesinas que defienden sus derechos han sido víctimas frecuentes del uso ilegítimo del sistema de justicia para reprimir a quienes buscan defender sus derechos”.

El 7 de agosto, Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, secretario de la autoridad tradicional de Vícam y soldado de tropa, respectivamente, se presentaron en la SCJN a la espera de la aclaración de sentencia en el amparo en revisión 631/2012. La aclaración fue solicitada por el delegado de Sonora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ambas dependencias interpusieron este recurso para cuestionar los alcances de la resolución de este órgano que ordenó cancelar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del Acueducto Independencia por no consultar a los yaquis. La argumentación de las dependencias federales fue que no entendieron la resolución de la máxima corte del país.

Previo a que los ministros de la Primera Sala hicieran pública su resolución, los representantes yaquis señalaron que la solicitud de las dependencias federales es inaudita, pues la SCJN no está para aclarar sus fallos. Sin embargo, reconocieron que es una oportunidad para que dicho tribunal otorgue por fin voz y palabra a los pueblos indígenas.  “Esperamos que ratifiquen la sentencia definitiva que se emitió a nuestro favor y la cumplan cabalmente, y que el equilibrio de poderes se haga efectivo. El poder ejecutivo, a través de la SEMARNAT, no puede jugar con el poder judicial que ya emitió una sentencia definitiva”, señaló Mario Luna.

La numerosa presencia de medios de comunicación es síntoma de que la defensa del agua hecha por la tribu yaqui contra el Acueducto Independencia adquirió dimensiones nacionales, en un conflicto donde, además, está de por medio el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sustentados en la Constitución, así como el respeto a la legalidad ante el robo descarado de las aguas.

La impunidad por el robo de agua prevalece durante toda la administración de Guillermo Padrés Elías, pese al cambio de poderes a nivel federal. Las acciones gubernamentales de desprecio y marginación orillaron a la manifestación en Vícam, a decir de los yaquis. “Si ellos respetaran la ley y no permitieran que se robara el agua, esas manifestaciones no se llevarían a cabo”, señaló Luna.

Los yaquis reflexionan sobre el cumplimiento de la ley en México en un mensaje a todos aquellos que se consideran afectados por el bloqueo en la carretera México-Nogales: “Si no entendemos que la ley se debe cumplir, estamos amolados todos”, declaró Fernando Jiménez, quien llamó a solidarizarse “con un pueblo con dignidad que lucha para que la ley se aplique. Ellos han visto cómo nos han despojado y pisoteado históricamente. Si permanecen callados ante esto, nosotros no lo hacemos”. El miembro de la tropa yaqui aseguró que el trato que se da a la gente varada en la carretera es digno. “Privilegiamos su seguridad”, finalizó Jiménez.

La sesión pública de la Corte concluyó con cuatro votos a favor y uno en contra, por lo que se aprobó el resolutivo de la Primera Sala. Mediante el comunicado 153/2013, dio a conocer las especificaciones en torno a los alcances del ordenamiento del 8 de mayo. Se señala que la SEMARNAT debe dejar insubsistente la resolución en materia de impacto ambiental aprobada por las dependencia el 23 de febrero de 2011, y tiene que elaborar una nueva a partir de la consulta a la tribu. En esta nueva MIA debe existir un estudio “para determinar la existencia de alguna posible afectación a los derechos de la comunidad indígena, pudiendo llegar, en caso necesario, a determinar la suspensión de la operación del mismo”, señaló el órgano de justicia en referencia al Acueducto Independencia.

La Suprema Corte hace énfasis en su comunicado en la importancia de consultar a la tribu sobre la existencia de afectaciones a los derechos sobre las aguas del Río Yaqui. De la misma forma, señala: “Aunque el efecto del juicio de amparo no es que de inmediato se suspenda la operación del Acueducto Independencia, la autoridad responsable deberá hacerlo en cualquier momento, aun cuando no esté concluido el procedimiento de consulta, en caso de que advierta que dicha operación llegue a causar un daño irreparable a la comunidad yaqui”. Los yaquis ya denunciaron públicamente las afectaciones que les acarrea la obra.

Con el rostro de quien tiene la razón, los representantes yaquis envían, a través de Desinformémonos, un mensaje a la sociedad mexicana e internacional: “En todas partes donde le den seguimiento a la tribu yaqui, estén con el ánimo de continuar firmes y darle para adelante a esta lucha. Esto no se termina aquí, sigue adelante, estamos preparados para todo esto. Necesitamos que todos ustedes sigan firmes como lo expresa la palabra Namakasia”.

Persecución contra pueblos indígenas

Amnistía Internacional (AI) declaró públicamente en dos comunicados, a través de su portal en internet, su preocupación por la seguridad y libertad de los voceros de la tribu, Mario Luna y Tomás Rojo, quienes se ven acosados por el estado de Sonora con demandas en su contra por ataques a las vías de comunicación, en el orden federal, y de secuestro, en el orden estatal.

“El uso del sistema de justicia en México para silenciar a quienes se dedican a defender derechos humanos ha sido un abuso recurrente. Integrantes de comunidades indígenas y campesinas que defienden sus derechos han sido víctimas frecuentes del uso ilegítimo del sistema de justicia para reprimir a quienes buscan defender sus derechos”, contextualizó la organización defensora de los derechos humanos.

La organización internacional señaló que el sistema de justicia en México es ineficaz y es utilizado para silenciar a indígenas que reclaman sus derechos, tal y como demuestran los procesos contra los voceros indígenas de la tribu yaqui, que pretenden reprimir su labor en la defensa de sus derechos como pueblos.

En el Día internacional de los pueblos indígenas, y por los acontecimientos en Sonora y otras partes del país, Amnistía Internacional enfatizó: “Frente a un legado de atroces violaciones de derechos humanos, los pueblos indígenas de la región se movilizan para hacer oír su voz. Su exigencia de que se respete su derecho a no sufrir discriminación, así como a la tierra y a su identidad cultural, en definitiva, su derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, está cada vez más presente en el centro del debate sobre derechos humanos en la región y lo revitaliza”.

Namakasia, se oye en la Ciudad de México

La presencia de representantes de la tribu yaqui en la Ciudad de México, como observadores de la audiencia pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), motivó una seria de actividades destinadas a demostrar solidaridad con este pueblo indígena en defensa de su territorio y agua.

Mientras la Corte resolvía el asunto, un grupo de manifestantes se concentró en las oficinas centrales de SEMARNAT. Su muestra de solidaridad con el pueblo yaqui consistió en denunciar a los responsables del robo de agua. “El Estado mexicano, de manera incompetente, no respeta su propia ley. Namakasia, dice el pueblo yaqui, firmes y sin doblegarnos, hoy estamos aquí para exigir respeto y reconocimiento tomando en nuestras manos el destino de nuestra nación. Gobierno, cómo quieres que este país mejore si estás de acuerdo con los explotadores. Basta de robarse el agua”, leyeron los manifestantes.

Bajo la consigna “Aunque estuviera uno solo, apoyaremos a la tribu yaqui hasta el final”, los jóvenes que encabezaron la concentración marcharon, cerrando la circulación en las avenidas Periférico e Insurgentes dirección norte. Luego cerraron Eje 10 sur y finalizaron la manifestación en el metro Copilco, donde difundieron información en torno al despojo de territorio y agua que padece la tribu.

“Nosotros conocemos la historia de resistencia indígena, y porque conocemos la vida no tenemos miedo a la muerte. Hombro con hombro, codo con codo, los yaquis somos todos. Ojo por ojo, diente por diente, puño de acero si tocas a mi gente. Ni con tanques ni metrallas, a los yaquis no los callas”, corearon los manifestantes.

Por otra parte, la Red Nacional contra la Represión y por la Solidaridad, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, señaló en Ciudad Universitaria su preocupación por la situación actual que enfrenta la tribu. Mediante un compromiso político y ético con el pueblo yaqui, señalaron, reconocen la importancia de su lucha:. “Rescatamos la memoria y la historia de la tribu yaqui. Ellos han resistido por siglos una brutal embestida hacia su territorio y cultura, y pensamos que el bloqueo es esa continuidad de lucha y resistencia”.

Para la Red, nacida en 2006, atacar al pueblo yaqui es atacar una alternativa de vida distinta a la que el capital impone. Su apoyo se dio a conocer a través de la campaña nacional e internacional  “Namakasia, por la vida de la tribu yaqui”. Dejaron claro que “buscamos ser una caja de resonancia para distintos lugares y rincones de este país, porque ante lo que estamos viviendo, el desprecio de SEMARNAT, el tortuguismo jurídico, el cinismo del poder ejecutivo estatal y federal y la voracidad del capitalismo, decimos: hay que hacer otra forma de política y se puede hacer”.

Otra muestra de apoyo al pueblo yaqui en la ciudad de México, en el marco de dicha campaña, fue el foro “La Lucha por la defensa del agua por la tribu yaqui”, donde se recogieron firmas de apoyo y se repudiaron las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Sonora y el ejecutivo federal. Se resaltó la trascendencia de la situación jurídica por la que atraviesa el pueblo yaqui como antecedente para la lucha de otros pueblos por autonomía y libre determinación.

Al foro de solidaridad asistieron representantes mazahuas, triquis, purépechas, tzeltales, tojolabales y nahuas, quienes marcharon por el centro histórico de la capital del país hasta la SCJN como protesta y movilización por el Día internacional de los pueblos indígenas. Ahí demandaron el respeto a sus derechos y al Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), saludaron al pueblo yaqui y declararon: “No vamos a descansar hasta que no logren ese reconocimiento, desde aquí les decimos a los compañeros que no están solos”.

AI recordó que existe la recomendación 37/2012, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH) en 2012, dirigida a la SEMARNAT y al gobierno del estado de Sonora, reconociendo la violación a los derechos humanos de la tribu yaqui en la licitación y construcción del Acueducto Independencia. Finalmente, Amnistía Internacional hizo una solicitud directa al Estado mexicano para que se den a conocer los fundamentos y avances en las investigaciones contra Mario Luna y Tomás Rojo, y al no tener ningún sustento, se desista de procesarles de manera inmediata.

Publicado el 12 de agosto de 2013