Brasil. El jueves 11 de julio mostró que Brasil nunca estuvo dormido. Centrales sindicales, movimientos sociales campesinos y urbanos, indígenas, quilombolas y partidos de izquierda llamaron a un día nacional de lucha que busca sintetizar las reivindicaciones que las protestas de julio trajeron a la mirada pública.

Reforma política y tributaria, derechos de los trabajadores, reforma agraria y la dignidad en salud, educación y transporte público son algunas de las demandas que trae João Pedro Stedile, líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) al análisis de la postura de los movimientos sociales brasileños en el llamado “día nacional de lucha”.

Desde la campaña de “Elecciones Directas Ya”, en la década de los ochentas, no tuvimos movilizaciones callejeras tan llenas de energía. Las protestas que explotaron con la indignación de la juventud fueron solamente la punta del iceberg de los graves problemas sociales y económicos que persisten en nuestra sociedad.

Por un lado, las grandes ciudades se volvieron un infierno – los trabajadores pagan muy caro por un transporte público de mala calidad y enfrentan de dos a tres horas diarias de tráfico, un tiempo perdido en sus vidas.

Los que se ilusionaron con las facilidades de la compra de un coche – financiado por el capital financiero internacional – ahora se dan cuenta que pagan muy caro para no poder transitar. Las ensambladoras de autos y los bancos asociados, por su parte, nunca enviaron tanto dinero a los países extranjeros como ahora.

Por otro lado, la vida política del país es una vergüenza. Los diputados y senadores representan solamente a quienes financiaron sus campañas. El Poder Judicial es un poder oligárquico – el único que todavía no es republicano.

Todos los días salen noticias de peripecias políticas impunes. Hasta el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, usó recursos públicos para ver a un partido de la selección brasileña de fútbol. La emisora Globo de televisión no lo denunció y, coincidentemente, acaba de contratar al hijo del magistrado.

La misma Globo recibió una multa por el impago de impuestos en la compra de los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol de 2002: la empresa debe, según la Receita Federal, 650 millones de reales al poder público.

La red de televisión también recibió del gobierno estatal y de la alcaldía de Río de Janeiro 20 millones de reales para promover, con dinero público, un espectáculo de tan sólo dos horas para el sorteo de los grupos de la Copa Confederaciones, organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La Red Globo cree que es portavoz del pueblo, pero se engaña. Mal puede engañar a los telespectadores de las telenovelas. Uno de los gritos de la juventud más repetidos en las calles fue: “Red Globo, ¡fuera!” Surgieron muchos actos de jóvenes contra el monopolio de la empresa y por la democratización de las comunicaciones en todo el país.

Ante las protestas, el gobierno de Dilma tuvo que bajar de su pedestal para dialogar en las calles. Propuso una reforma política, una asamblea constituyente y un plebiscito popular. La presidenta, finalmente, se reunió con los sectores organizados, algo que no hizo a lo largo de dos años y medio de gobierno.

Las élites intentaron controlar las calles e imponer reivindicaciones de la derecha. Sin embargo, no lo pudieron hacer. A ellos les quedó el papel de provocar a una policía poco preparada e infiltrar a grupos fascistas y servicios de inteligencia de las policías para provocar la violencia y cambiar la cara del movimiento. Tampoco lo lograron. Cuanto más reprimen, más se rebela el pueblo.

Movimiento sindical y popular en las calles

Ahora es el momento de que el pueblo organizado en movimientos sociales, sindicales y en las pastorales se movilice. Por primera vez desde la derrota del pleito de 1989 se ve una unidad popular tan amplia.

Distintas asambleas unieron a partidos de izquierda, centrales sindicales y movimientos sociales organizados alrededor de una plataforma política común, que parte de la lucha por el transporte público gratuito y de calidad y avanza hacia reformas estructurales de que la clase trabajadora necesita y por la cual lucha hace mucho tiempo.

El primer día de lucha del conjunto de organizaciones quedó marcado para el 11 de julio, con paros, huelgas y marchas por todo el país para enfrentar a los sectores conservadores y jalar al gobierno hacia la izquierda.

Uno de los puntos de la plataforma común es la reforma política. Es necesario pasar en limpio las reglas de la política brasileña para democratizar y crear mecanismos de efectiva participación popular.

Entre los puntos que necesitan cambios está el financiamiento público exclusivo de campañas electorales, el derecho popular de convocatoria de plebiscitos a partir de peticiones y la revocación de los mandatos de los que no respeten sus compromisos de campaña.

Sólo hay una manera de realizar estos cambios: convocar una asamblea constituyente exclusiva. La mayor parte de los políticos del Congreso Nacional – elegidos en campañas millonarias pagadas por grandes empresas – no acepta cambiar el sistema político. De este modo, la única manera de hacer viable una constituyente es realizar, de inmediato, un plebiscito popular.

Con la motivación de las voces de las calles, la presidenta Dilma promovió este debate. Sin embargo, su base política y parlamentaria la boicoteó y puso todos los obstáculos que pudo. Por esto la disputa tiene que ser solucionada en las calles. La reacción al plebiscito y a la asamblea constituyente demuestra la resistencia a hacer cambios y refuerza la necesidad de llevar a cabo estas propuestas.

Cambios necesarios

Además de una reforma política, hay un conjunto de demandas históricas de los movimientos sindical y popular que están atrapadas en los corazones del pueblo y en los cajones de los palacios. Invito a conocer seis puntos de la plataforma de las organizaciones de la clase trabajadora. El primero es la aprobación del proyecto de reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales sin reducción de sueldo. En Europa, el capitalismo en crisis ya practica las 36 horas semanales. El segundo punto es que se abandone la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que implementa la tercerización de las relaciones de trabajo y, en consecuencia, acaba con la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), la garantía de los derechos laborales. Otra exigencia es una reforma tributaria progresiva, para que los impuestos pesen más sobre los ricos – con impuesto sobre grandes fortunas -, y sean menos onerosos para los trabajadores pobres.

Otras reivindicaciones del movimiento unificado son: darle prioridad a la aplicación de los recursos públicos en salud, educación y transporte público de calidad, en vez del pago de la deuda pública y del superávit primario; suspender las subastas del petróleo y de las concesiones para la explotación de los minerales, que sólo benefician a las empresas transnacionales; e implementar la Tarifa Cero en los transportes públicos para toda la población. Esta propuesta es técnicamente viable por medio de la inversión de recursos públicos existentes, sin la necesidad de subir impuestos, si se compara el subsidio de la alcaldía de Sao Paulo para los transportes (cerca de 1 billón de reales – 6 billones de pesos mexicanos) con los recursos destinados a construir un túnel en el Morumbi (con costo estimado de 2 mil 400 millones de reales – 14 mil 400 millones de pesos mexicanos) para atender a las necesidades de la elite paulistana. Felizmente, la licitación encaminada por el gobierno municipal anterior fue suspendida después de los gritos en las calles.

Movilización creciente

En varias ciudades de Brasil, trabajadores y sectores sociales realizaron movilizaciones masivas. Petroleros, bancarios, metalúrgicos y profesores intensificaron la movilización. En Sao Paulo, el sindicato de los policías civiles y servidores de los penales se movilizó. Siguieron también revueltas populares en varias ciudades contra los precios abusivos de los peajes, además de protestas de traileros.

Los trabajadores rurales de todo el país, organizados en decenas de movimientos sociales- como la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura (Contag), la Federación de los Trabajadores de la Agricultura Familiar (Fetraf), el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), movimientos de pescadores, quilombolas, pueblos indígenas, mujeres campesinas, pastorales rurales, y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), se sumaron a las movilizaciones.

Los movimientos campesinos prepararon una plataforma común, que entregarán a la presidenta Dilma en una audiencia. Ellos reivindican los siguientes puntos: recuperar la soberanía nacional sobre las tierras brasileñas (proponemos que el gobierno anule las áreas ya compradas y desapropie todas las tierras controladas por empresas extranjeras); acelerar la reforma agraria y que sean inmediatamente asentadas las miles de familias que hoy están campadas a las orillas de las carreteras; políticas públicas de apoyo, incentivo y crédito para la producción de alimentos baratos, sanos y sin veneno, con el fortalecimiento del campesinado, así como la adopción de programas estructurales para la juventud y las mujeres campesinas; garantizar los derechos de los pueblos campesinos, con el reconocimiento y demarcación inmediata de tierras indígenas, quilombolas y de los derechos de los pueblos afectados por presas, territorios pesqueros y otros; prohibir inmediatamente los agrotóxicos ya vetados en otros países del mundo; prohibir pulverizaciones aéreas y políticas de reducción del uso de agrotóxicos en el campo; profunda revisión en la política de liberación de los transgénicos y control social.

La plataforma campesina también exige que el gobierno implemente una política de control de la deforestación en todo el país y apoye la recuperación de áreas degradadas por la agricultura familiar y campesina; la cancelación de la privatización de los recursos naturales como el agua, energía, minerales, bosques, ríos y mares (proponemos que se retire del régimen de urgencia, en el congreso nacional, el proyecto del Código de Minería, y que el gobierno/congreso promueva amplio debate nacional con los trabajadores brasileños, para producir un nuevo código de acuerdo con los intereses del pueblo brasileño).

Los campesinos también plantearán a Dilma la implementación inmediata de programas para erradicar el analfabetismo y garantizar escuelas en todas las comunidades rurales; suspensión de todas las subastas de privatización de áreas de perímetros irrigados en el noreste del país y destinación inmediata para que el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) realice asentamientos para agricultura familiar y campesina; adopción de políticas estructurales para la democratización del agua y para auxiliar a las familias a enfrentar las sequías; y finalmente, que se acabe con la ley Kandir, que exime de impuestos a las grandes empresas exportadoras de materias primas agrícolas, energéticas y minerales.

El 11 de julio es, por lo tanto, un grande día de movilización nacional, con millones de trabajadores en las calles de todo el país, que exigen cambios verdaderos, profundos y estructurales, como la reforma política que depende de la realización del plebiscito popular.

Publicado el 15 de julio de 2013