Huehuetenango, Guatemala. Para impedir la entrada de los trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz, que persiste en su intención de construir una hidroeléctrica en Barillas a pesar del contundente rechazo de la población, los comunitarios instalaron un plantón pacífico en el camino. El gobierno insiste en perseguir judicialmente a estos defensores del territorio y culparlos de los hechos violentos suscitados desde mayo de 2012.

“No queremos guerra, no queremos más muertos y no queremos que nos persigan. Tomamos una decisión conjunta y el siete de abril nos bajamos aquí”, explica Micaela Gonzáles, una de las participantes en el plantón pacífico en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Guatemala. Este lugar ahora lleva el nombre Nuevo Amanecer.

El plantón pacífico para impedir que la empresa Hidro Santa Cruz S.A. instale una hidroeléctrica en el área está ubicado sobre el camino comunitario, es decir, una vía cuyo dueño es la comunidad. Por este mismo camino, el comunitario Andrés Pedro Miguel fue asesinado en 2012. Según testigos, los responsables del atentado son personas que trabajaron para la seguridad privada de la empresa.

“Aquí siempre pasan policía y militares para cuidar a la empresa, y es el camino más directo para llegar a donde quieren instalar la hidroeléctrica. Por eso las compañeras que pasan por este camino tenían miedo”, informa Gonzáles.

Inspirados por la Puya

La decisión de hacer un plantón se tomó dentro de la comunidad y se forjó a base de varios intentos de recuperar el paso del camino. “Nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer como sociedad civil para que los trabajadores de la empresa ya no pasen en nuestro camino?  Primero intentamos hacer en el camino un zanjón, pero unos días después la empresa lo arregló y empezaron a pasar otra vez”, relata Gonzáles.

Después de intentar la construcción de otro zanjón, los comunitarios se dieron cuenta de que era necesaria una solución más permanente. Ahora están organizados en equipos que realizan turnos por comunidad para que siempre haya alguien que esté vigilando y cuidando el camino.

“Escuchamos que hay compañeros en La Puya, en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, una comunidad lejana, que están en una manifestación pacífica. Esta idea nos inspiró; decidimos hacer un plantón y construimos esta casita en este lugar donde estamos en resistencia pacífica” explica la comunitaria.

Rechazo y represión

La población resiste los planes de Hidro Santa Cruz para construir una hidroeléctrica desde hace años. En 2007 se realizó una consulta comunitaria de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que la población fue consultada acerca de su actitud hacía minería y otros proyectos de gran escala. Un total de 46 mil 479 personas rechazaron este tipo de proyectos en sus tierras, mientras que nueve personas dieron su consentimiento.

A pesar del rotundo rechazo, la empresa empezó su instalación a partir del 2009. El primero de mayo de 2012, Andrés Pedro Miguel fue asesinado y dos personas fueron heridas.  En este mismo contexto hubo una serie de hechos violentos protagonizados por un grupo de personas desconocidas. Después del ataque, el presidente Otto Pérez Molina ordenó un Estado de sitio que ha sido fuertemente criticado. Se culpó al movimiento social comunitario de estos hechos, pero la mayoría de estas personas afirman que su lucha es pacífica y que en todo momento han acudido a las autoridades para que se resuelva el problema.

Persecución jurídica

A principios de mayo 2012, 11 personas fueron detenidas en relación con los hechos violentos de mayo de 2012. La Organización de las Naciones Unidas comprobó que estas detenciones fueron ejecutadas por particulares, lo cual significa que fueron ilegales y arbitrarias. Después de ocho meses de prisión preventiva, los defensores del territorio salieron libres en una audiencia que se celebró en Santa Eulalia en enero de 2013. En la audiencia, se dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para concluir la investigación. Sin embargo, la audiencia pendiente ya fue anulada dos veces y, por lo tanto, el caso permanece sin conclusión.

Además de las personas detenidas, hay otras que son perseguidas y tienen órdenes de captura;  todavía hay más de diez órdenes vigentes. En el caso de Rubén Herrera, la primera orden de captura salió en 2010 y él fue detenido afuera de su casa el 15 de mayo de 2013. En la audiencia, que se celebró el 30 de mayo, el juez Miguel Ángel Gálvez concluyó que las evidencias en contra de Herrera eran insuficientes y, por lo tanto, aceptó la solicitud del Ministerio Público para la clausura provisional del caso. La empresa, como querellante del caso, apeló la decisión de la Corte, pero esta apelación fue rechazada el 22 de julio.

Publicado el 29 de julio de 2013