Con actos de violencia e intimidación, grupos de la delincuencia organizada se han unido con servidores públicos para tomar el control del agua en la comunidad de San Pablo Atlazalpan, municipio de Chalco, estado de México, y ceder el recurso a Bonafont, Coca Cola y empresas inmobiliarias, denunció Guadalupe Martínez Cruz, activista de la localidad afectada.

Señaló que el conflicto se inició el pasado 23 de abril, cuando personas –encabezadas por la delegada municipal priísta Blanca Ivonne Galicia– se presentaron en las instalaciones del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la comunidad para advertir a los administradores voluntarios del sistema –electos cada tres años en asamblea, por el sistema de usos y costumbres– que debían entregarles el control si no querían que se los llevara la chingada.

Atemorizados, los ocho integrantes de la junta renunciaron, pero una semana más tarde el pueblo eligió a sus remplazos y los acompañó a la sede del organismo para que ocuparan el cargo. Al llegar al inmueble se dieron cuenta que éste había sido saqueado por los hombres que lo invadieron, quienes se llevaron el sistema de cómputo y la papelería de cobro.

Aunque los pobladores denunciaron el robo ante varias instancias locales –incluido el Ministerio Público de Chalco, la procuraduría mexiquense y la oficina del gobernador Eruviel Ávila–, la queja nunca fue atendida, lo que los demandantes calificaron de burocratismo intencional.

Detrás del grupo de personas que tomó y saqueó la oficina del sistema local de aguas, aseveró la activista, se encuentra la banda del crimen organizado conocida como Los Melesios, dirigida por los hermanos Melesio y José Luis Martínez Alisota, conocidos en la zona como autores de robos, extorsiones y amenazas.

“Los Melesios operaron para imponer a la delegada Blanca Ivonne, y hay rumor de que quieren apropiarse del agua para lucrar, poniendo un negocio privado de purificadoras o dársela a Bonafont, Coca-Cola o las inmobiliarias que hacen unidades habitacionales; también para abastecer al Distrito Federal, donde ya se está agotando el agua”, señaló Guadalupe Martínez en entrevista.

Vamos a agotar todos los recursos legales para castigarlos. No podemos permitir que se lleven nuestra agua, enfatizó la activista; señaló que estos intentos de despojo de sus recursos naturales se han repetido casi al mismo tiempo en otras comunidades del estado de México, con quienes realizarán una asamblea conjunta el 28 de julio para articular sus luchas.

Beatriz Cruz, integrante del colectivo ambientalista Hoja Verde, coincidió en que los intentos de municipalizar el agua en San Pablo Atlazalpan obedecen a un plan en diversos puntos de la entidad para alimentar megaproyectos económicos, lo cual puede constituirse caldo de cultivo para la violencia.

Como ya se ha informado (La Jornada, 22 de mayo y 7 de julio de 2013), en la comunidad de Coyotepec se ha denunciado el homicidio de dos personas por oponerse al control municipal del agua, mientras en San Francisco Xochicuautla los manantiales del pueblo –que aportan 30 por ciento del caudal del Sistema Cutzamala– serían afectados por el proyecto de autopista Naucalpan-Toluca