México. La tensión aumenta en torno al movimiento en defensa del agua, encabezado por las autoridades de la tribu yaqui y el Movimiento Ciudadano por el Agua, quienes desde Vícam, Sonora, continúan con el bloqueo de 10 semanas de la carretera México-Nogales.

Los manifestantes contra la extracción del agua del Río Yaqui señalan que es un robo ejecutado por el gobierno de Guillermo Padrés Elías, apoyado por las omisiones para ejecutar las resoluciones jurídicas por parte de instituciones federales, tales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

A pesar de las estrategias gubernamentales de elevados costos, los funcionarios de la alcaldía de Hermosillo y el gobierno de Sonora no han sido capaces de impactar en la población para pelear el agua ni motivarlos a un enfrentamiento con la población del sur de Sonora, entre la cual se encuentra el pueblo indígena yaqui-yoreme.

Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Vícam, afirmó que “no se ve en el ánimo del hermosillense levantarse contra el pueblo yaqui y los ocho municipios del sur del estado. El pueblo es inteligente, y en Sonora somos francos y hablamos directo cuando tenemos la certeza de que hay una situación de riesgo”. El yaqui considera que impera la inteligencia y la cordura de los sonorenses, “y creo que así seguirá”.

Un representación del pueblo yaqui acudió a la Ciudad de México el 25 de julio, para exponer el riesgo que representa para la vida democrática de México el incumplimiento del poder ejecutivo, en cuanto a la sentencia definitiva otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la tribu yaqui. La sentencia cancela el manifiesto de impacto ambiental que autorizó SEMARNAT para la construcción del Acueducto Independencia.

Luna recordó que desde 2010 hay una situación que pone en grave riesgo la existencia misma de la tribu yaqui en el desierto de Sonora: la construcción del Acueducto Independencia. El secretario señaló que la historia de su pueblo ha sido de defensa del territorio, “en la cual nos hemos visto seriamente agredidos con acciones genocidas. Hoy creemos que es el último golpe que nos quieren propinar con el desvío de aguas en una zona desértica, y el que dejen desamparado política, social y jurídicamente a un pueblo que se niega a morir”.  Luna considera que esta situación debe llamar la atención tanto al sistema judicial como a la sociedad.

Las autoridades ambientales retardan la cancelación del manifiesto, cuyo resultado inmediato sería apagar las bombas que extraen agua de la presa El Novillo y detener la fase de operaciones del Acueducto Independencia, hasta que se lleve a cabo la consulta al pueblo yaqui. Éste debe ser informado y tomado en cuenta para la existencia misma del megaproyecto.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, evalúa que la decisión de la Suprema Corte es “inédita para la protección de los pueblos indígenas, pues el agravio contra la tribu yaqui se repite contra los numerosos pueblos indígenas de nuestro país pero por fin, de manera oficial, se establece el reconocimiento a los derechos indígenas”. Precisa que ha sido un avance desde los Acuerdos de San Andrés, cuya presión constitucional fue el artículo segundo.

“Es un avance el que se revierta el Manifiesto de Impacto Ambiental al no ser consultada la Tribu, es un avance para México y resultaría lamentable que no se cumpliera con esa resolución”, concluyó Rosario Marroquín.

A pesar de que se llevó a cabo una reunión entre una comisión de yaquis con representantes de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y asesores jurídicos de Semarnat, Conagua, Profepa, CDI y Gobernación, cuyo consenso fue que la resolución sólo podía interpretarse según lo indicaron los magistrados el 8 de mayo, la notificación al gobierno de Sonora para detener la obra no se dio en las fechas acordadas, prolongando dicha acción hasta los últimos días de la prórroga otorgada, cuya vigencia para aplicar la sentencia termina la siguiente semana.

En todo este proceso hay algo claro para los voceros de la tribu yaqui y es el hecho de que sus derechos se han violentado: “hasta el momento se han hecho acciones omisas donde definitivamente se busca no cumplir la ley; el que se esté violentando una sentencia y se trate de incumplir un derecho constitucional otorgado por jueces federales así como nuestros derechos históricos, y el que no se le esté dando cumplimiento, implica un peligro para la vida institucional de México y del mundo, para nosotros esto es una denuncia formal, el que un Ejecutivo de la nación no tenga la intención de acatar los ordenamientos judiciales y estar por encima del poder deja serias dudas de la vida nacional y la división de poderes”, denuncia Mario Luna.

Por su parte, Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala para el caso yaqui “es paradigmático, ya que por las violaciones reiteradas de mandatos judiciales hay violaciones de suspensiones provisionales y definitivas y actualmente hay una violación a la sentencia definitiva del máximo tribunal de nuestro país”.

En su argumento deja claro que la situación actual representa una seria amenaza al Estado de derecho y a la democracia mexicana, al no ser garantizada la obligación del poder Ejecutivo de someterse al derecho, lo cual deriva “en poderes sin control, en poderes salvajes, poderes arbitrarios, en poderes absolutos; es la contracara del Estado de Derecho”, de ahí la gravedad del asunto pues, argumenta, “el incumplimiento de una sentencia pone en riesgo la división de los poderes del país, la independencia de poder judicial, el principio de legalidad, el principio de supremacía constitucional y se viola el derecho a la tutela judicial efectiva. El ejecutivo al incurrir en estos actos está minando las estructuras básicas de nuestro estado constitucional”, agrega.

La presencia de medios nacionales revela que el conflicto ya no es un tema exclusivo de Sonora y que el bloqueo en Vícam dejó de ser un problema local reducido únicamente al cierre o apertura de la carretera. Por el contrario, la atención es cada vez mayor y en virtud de ello y por la situación de conflicto en muchas partes del país, se les cuestiona a los representantes yaquis sobre las acciones fuera del marco legal.

“Viendo y previendo que no hay interés por aplicar las leyes en México, nosotros estamos tratando de buscar las formas de elevar estas denuncias a rango internacional, buscamos evitar que volvamos a enfrentar nuestro derecho a la vida por la vía del enfrentamiento directo con los cuerpos de represión que existen, esto no lo queremos, no lo quiere nadie, no lo quiere México, y por eso tenemos que acudir al derecho internacional. No estamos poniendo en tela de juicio nuestras leyes constitucionales, sino el actuar de la forma de gobierno”, señala Luna Romero.

Sin embargo, eso no implica ceder en el bloqueo en su territorio, ese mismo día en Vícam, los horarios de cierre aumentaron a cuatro horas por dos de desfogue. Sigue siendo parte de la estrategia anunciada “se vienen acciones de protesta muy fuertes motivadas por la incertidumbre que crea el que no haya en estos momentos la seguridad ni la garantía de que se esté aplicando la ley”.

“El mensaje que se está enviando a la población que confía y acude a las instituciones es que las instituciones estatales son un fraude, no son una garantía y se encuentran los ciudadanos y pueblos, no frente a autoridades legitimas, sino a poderes desnudos sin control, arbitrarios, absueltos a la ley y la salida que tienen a sus problemas no es una salida institucional”, refiere el investigador universitario.

Fernando Jímenez, cuyo grado de soldado de la tropa yoeme del pueblo de Vícam le otorga la facultad de defender el territorio y el agua ante las amenazas, reflexiona que “la vida institucional del país se está viendo afectado por intereses económicos frenando la acción de nuestras instituciones, pero no nos importan los intereses económicos sino que se aplique la ley”, y hace un señalamiento encaminado a un futuro no deseado, pero necesario, en caso de agotar todas las instancias del gobierno mexicano: “la sangre que fue derramada por nuestros ancestros nos está obligando a esta generación a que seamos los que tengamos que luchar por lo que lucharon nuestros antepasados. Nosotros no vamos a dejar de defender lo que nos pertenece”, concluye.

Mario Luna y Fernando Jiménez se reunieron con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes enterados de la situación señalan que se trata de “una clara violación del convenio 169 de la OIT. Ellos han construido el Acueducto Independencia sin consultar al pueblo yaqui”. Apuntan que “hay un claro conflicto de intereses en la figura del gobernador porque él no puede tomar parte tan claramente contra la tribu, no puede movilizar a la gente de Sonora para generar conflicto dentro de su Estado”.

Entre los acuerdos tomados entre los yaquis y los representantes de la OIT, está el compromiso de los segundos de dar asesoría y mantenerse informados de los asuntos pendientes para la ejecución de la sentencia y, en caso de continuar las violaciones a las leyes del país, movilizarse en torno a la problemática de la tribu yaqui: “Nosotros no podemos decir que el pueblo yaqui está en su derecho y están siendo violentados, pero no hace falta porque ya lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero si nosotros como observadores decimos que aquí siguen sacando agua y siguen violando derechos, aunque haya una sentencia de la Corte, por supuesto que eso recae en nuestro mandato para decirle al Estado mexicano que cumpla con el Estado de Derecho”.

Publicado el 29 de julio de 2013