Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco. Los olores penetrantes del dulce cristalizado de la feria, la música a todo volumen de la plaza y el ir y venir de los pobladores se mezclan con el movimiento del plantón y las mantas que inquieren “¿Quieres seguir viviendo sobre el engaño de los corruptos? Atrévete a un cambio verdadero”, en la entrada de la coordinación territorial, instancia del gobierno local para enlazar con pueblos y colonias, que en Santa Cruz está tomada por un grupo de pobladores hartos de la corrupción desde el 27 de febrero de 2013. “Queremos un consejo del pueblo formado por las personas mayores”, define Martha. “Ellos sí tienen la sabiduría para gobernar”.

Gloria, una de las iniciadoras del movimiento, limpia pollos dentro de las instalaciones. Los pobladores entran y salen a preguntar por trámites y a solicitar los sanitarios. Hay una aparente tranquilidad, pero los integrantes del movimiento advierten que están bajo constantes amenazas de muerte y hostigamiento continuo a cinco meses de que no permiten operar a la candidata que se dio por ganadora, Trinidad Jardines. Los integrantes de la asamblea aseguran que no levantarán el plantón hasta que haya una solución satisfactoria “para el futuro de Santa Cruz”, lanza Ignacio Velázquez, integrante de la asamblea opositora.

La rebelión de las mujeres

En Xochimilco, el control de las corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) inició con el periodo de Rosario Robles como jefa de gobierno, señalan los pobladores. “Por aquí han pasado todos los partidos, ya probamos todos y los perredistas salieron peores que los demás”, acusa Ignacio Vázquez.

Como resultado de las gestiones de los distintos gobiernos, señalan desde la asamblea, se aceleraron los asentamientos ilegales en las zonas cerriles, la delegación y líderes corruptos de comerciantes ambulantes se apoderaron de los espacios públicos –“que son del pueblo, no del gobierno”, y no se atienden necesidades básicas como agua y luz. Además, señalan, proliferan las grandes bodegas comerciales que debilitan a los pequeños comerciantes y el aumento de casas habitación trae un tráfico que hace difícil la vida cotidiana.

Carlos Martínez, de la asamblea popular de Santa Cruz, señala que la candidata Trinidad Jardines, afín al gobierno delegacional, fomentó el establecimiento de bases de taxis piratas y la expansión descontrolada de comerciantes ambulantes; además, usa grupos de choque contra sus opositores, por lo que no es bien vista por los pobladores.

Las coordinaciones territoriales son altamente codiciadas por los grupos partidistas pues son intermediarios con el gobierno delegacional, “y quieren mantener sus cotos de poder para autorizar las invasiones y utilizar en su beneficio las partidas presupuestales”, acusa Carlos Martínez –a quien más tarde, denunciaron los plantonistas, intentó atropellar un funcionario delegacional.

Llegaron las elecciones de 2013 pero el proceso no fue terso, pues la gente desconoció los resultados en San Gregorio Atlapulco y Santa Cruz Acalpixca. En Santa Cruz se dio por ganadora a Trinidad Jardines Castillo –quien ya opera como coordinadora territorial pero fuera de las instalaciones-, identificada como aliada del diputado y exdelegado Faustino Soto y perteneciente a la corriente perredista de Los Chuchos (Jesús Ortega y Jesús Zambrano), aunque anteriormente estuvo del lado de René Bejarano. Entre la gente de los pueblos, a este grupo se le llama El Cartel de Xochimilco.

En Santa Cruz, “la gente vio que era tan descarado el acarreo de gente de otros pueblos y la compra de votos -regalaron materiales, despensas, tinacos y hasta casas prefabricadas-, que no le quisieron entrar”, relata Martínez.

Las iniciadoras del movimiento contra la elección fueron cinco mujeres, a las que se unieron pobladores de distintos signos ideológicos, incluyendo al contendiente Martín Canales. “Es que a mí sí me interesa el futuro de mis pueblo, y no podía dejar las cosas así nada más”, relata Gloria, levantando los brazos, para explicar por qué se lanzó a tomar instalaciones del gobierno.

La candidata oficialista “trató de desprestigiar al movimiento diciendo que estábamos infiltrados por otros grupos políticos, pero eso no es cierto, fue el hartazgo”, señala Ignacio Velázquez Flores, taxista, adherente a La Sexta Declaración del EZLN y participante en la asamblea. “Yo vi el plantón de las señoras y pues ya traigo sangre guerrera, así que me uní. Yo quiero que cambie todo porque está muy corrompido todo el sistema”, describe Martha.

Los ocupantes de la coordinación comenzaron a realizar asambleas todos los días a las seis de la tarde, relata Velázquez, para presionar al delegado a hacer una negociación. La propuesta oficial fue darles mil 500 pesos “para sus pasajes” a siete opositores y un espacio físico en la coordinación a cambio de permitir que la señora Trinidad ocupe el puesto. La asamblea no aceptó, pero algunos de sus miembros se fueron porque no vieron condiciones para continuar o les interesaba más la negociación, como el ex candidato Canales, refiere Carlos Martínez. El resto de la asamblea se quedó en las instalaciones, hasta donde les han llegado las amenazas de muerte.

El objetivo, un consejo popular

Los integrantes de la asamblea se manifiestan hartos de los distintos gobiernos. Quienes los amenazan están dentro del gobierno delegacional, acusa Martínez. Identifican al director de Jurídico y Gobierno, Sergio Fontes Granados, como autor no sólo del hostigamiento en su contra utilizando a gente del pueblo, sino como extorsionador de negocios.

El movimiento hizo un pliego petitorio con diez puntos, entre los que se destaca: la recuperación de los espacios públicos, el alto a los asentamientos humanos en la zona cerril, que se ordene al comercio ambulante controlado por líderes corruptos; que haya agua para todos, que se bajen las tarifas de luz y que se rescate el centro ceremonial “Cuahilama” y el predio Ahualapa que, denuncian, es público y se apropió la delegación.

A cinco meses, los integrantes de la asamblea se sienten en la indefensión y bajo violencia, pero siguen firmes en sus objetivos, que trascienden ya a su pliego petitorio: la constitución de un gobierno bajo usos y costumbres y no partidista, “bajo el artículo 2 de la Constitución que reconoce las formas de organización de los pueblos originarios y bajo el artículo 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo”, precisa Martínez, quien reconoce que requerirán mucho trabajo para poder lograrlo. Agrega que se dieron cuenta de que lo partidista no funciona, “ya probamos de todos los colores y no funcionan”, y ahora trabajan para que los habitantes piensen en las otras opciones de organización.

“Vendrá el voto de castigo al PRD y hay que dar información para que la gente recuerde y retome las formas de organización de nuestros mayores”, declara Martínez. Martha, ex limpiadora de hospitales, está de acuerdo con este planteamiento que se discute en la asamblea, pues los mayores “son quienes saben lo mejor para nosotros, y acá en los pueblos todavía hay mucha gente sabia”, apunta.

La dificultad, reconoce Manuela Martínez, es que como el régimen de la tierra ya pasó en su mayoría a propiedad privada, se han perdido algunas costumbres organizativas como las asambleas, “que es lo que tenemos que fortalecer ahora”, considera. Pero los habitantes de Santa Cruz también están curtidos: en 1998 ganaron la lucha contra la construcción de condominios en su tierra. “No logramos continuar con la organización pero sí paramos a las inmobiliarias”, señala Martínez.

“Acá hay gente que se fija mucho en lo que hacen los de arriba y hace barbaridades como vender sus tierras que son de abasto de agua. Si los dejamos que sigan haciendo de las suyas, seguirán tapando nuestros mantos acuíferos y perjudicando al agua que sirve para mantenernos a todos”, acusa Martha. “No hay solución ahora, pero aquí seguiremos hasta que sea de buena manera y por el bien de todos”, remata Gloria, a manera de despedida.

Publicado el 22 de julio de 2013.